^{Foto: Diario de Centroamérica}

-Eduardo Masaya- 

“Solicito que se me dicte la falta de mérito de este asunto por los argumentos expuestos. Únicamente quiero finalizar diciendo que la forma en la que se realizó mi aprehensión, señor juez, deja mucho que desear para el sistema de justicia. Yo estaba participando para la contienda del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y ayer se realizaba un evento donde se presentó la planilla, y al terminar el evento, señor juez, fui aprehendido en ese momento, a mi parecer como una forma de intimidación a mi participación política; yo he militado políticamente desde los 24 años.

-Juez Fredy Orellana-

“Únicamente y lo vuelvo a recordar, que su declaración es sobre lo que el Ministerio Público le está intimando. Ese es el marco teórico, el marco de referencia, sobre política… No nos interesa la política; eso dejémoslo para los políticos. Acá estamos hablando de un aspecto jurídico de una intimación que hace el Ministerio Público.

Esta fue la manera en la que el abogado y notario Eduardo Masaya, candidato a prosecretario de la Planilla 10 de la agrupación Unidad por la Justicia, cerró su declaración ante el juez Freddy Orellana. 

Masaya fue capturado la noche del 28 de enero, justo al finalizar un evento en un restaurante de la zona 9, donde su planilla se presentó oficialmente para la contienda del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero para elegir a la nueva Junta Directiva y al Tribunal de Honor.

Según la fiscal de la FECI, Leonor Morales, el abogado incurrió en el delito de falsedad ideológica al legalizar firmas en hojas de adhesión colectiva para la conformación del partido político Movimiento Semilla. 

La fiscal señaló que entre el 12 de enero y el 23 de mayo de 2018, Masaya, en su calidad de notario, certificó la autenticidad de firmas en hojas de adhesión colectiva, pese a que estas no contaban con la firma de las personas que supuestamente habían suscrito el documento. 

“El notario tiene la capacidad de legalizar firmas en su presencia; sin embargo, en este caso, en varias de las hojas presentadas no se encuentran las firmas de las personas mencionadas, lo que demuestra que la declaración insertada por el notario es falsa”, afirmó Morales.

La fiscal presentó una serie de documentos en los que supuestamente se evidencian estas inconsistencias. Según Morales, Masaya certificó que la firma de Cynthia Alejandra Rojas Donis, asistente directa de la Gerencia de Adhesiones, fue puesta en su presencia el 8 de mayo de 2018, sin embargo, en los documentos que él legalizó no aparece. 

“En la hoja número 7160 del Comité de Transformación del partido político Movimiento Semilla, en el anverso podemos ver el número de la hoja, y en el reverso la declaración jurada del notario, pero no la firma de la persona que se supone firmó”, explicó Morales, señalando que esta misma anomalía se repite en otras hojas numeradas 5893, 2673, 7169, 7177, 7215, 7693 y 0894.

El MP sostiene que estas hojas de adhesión fueron utilizadas para la inscripción de Movimiento Semilla como partido político, a pesar de que no cumplían con los requisitos legales. Según la fiscal, esta situación no representó un obstáculo dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues la agrupación contaba con empleados dentro de la institución que facilitaron el proceso a través del tráfico de influencias. 

“A lo interno del Tribunal Supremo Electoral, contaban con personas que revisaban dichas hojas y permitieron la inscripción del partido, pese a las inconsistencias y falsedades insertadas por el notario”, afirmó Morales.

El MP presentó, además, otros medios de investigación para respaldar su acusación, entre ellos la denuncia de una persona que afirmó haber sido inscrita en el partido sin su consentimiento y sin firmar la hoja de adhesión. 

Morales indicó que la evidencia demuestra supuestamente que Masaya insertó declaraciones falsas en las hojas de adhesión, lo que configura el delito de falsedad ideológica regulado en el artículo 322 del Código Penal.

Finalmente, la fiscalía pidió autorización para proyectar evidencia documental y mostrar los documentos originales remitidos por el TSE, con los que aseguran demostrar las irregularidades cometidas por el acusado.

Masaya asegura que la acusación del MP no tiene sustento

En su declaración ante el juez Freddy Orellana, el abogado y notario Masaya cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el MP en su contra. Señaló que, tras revisar el expediente, no encontró en ningún documento el registro de afiliaciones de las personas cuyas firmas aparecen en las hojas de adhesión presentadas por la fiscalía.

“Revisé el expediente completo y no encuentro en ninguna parte evidencia de que las personas en esas hojas de adhesión estuvieran debidamente afiliadas al partido político. No existe, señor juez. Se habla de líneas de investigación que vienen desde hace mucho tiempo, pero en el expediente no hay ningún indicio de que el MP pueda corroborar esas afiliaciones”, manifestó Masaya.

El abogado también criticó la acusación del MP sobre la legalización de firmas falsas, argumentando que el proceso de constitución de un partido político sigue un procedimiento riguroso en el TSE, donde las hojas de adhesión pueden ser rechazadas si no cumplen con los requisitos. 

“Un partido necesita aproximadamente 24 mil afiliaciones para constituirse. En este caso, se presentaron más de 48 mil firmas, porque la tasa de rechazo del TSE es altísima. Y ahora se nos señala únicamente por siete hojas donde ni siquiera se ha probado que las firmas sean falsas”, afirmó.

El acusado insistió en que, si alguna hoja tenía errores, estas habrían sido rechazadas por el TSE. “Si el MP dice que la constitución del partido fue ilegal por estas hojas, entonces, ¿dónde está la constancia de afiliación de esas personas? No aparece en el expediente, señor juez,” cuestionó.

En medio de su intervención, el juez Freddy Orellana le interrumpió para advertirle que se mantuviera en los límites de su defensa y evitara expresarse con vehemencia. “Aquí no se permite golpear la mesa. No estamos en una cantina, estamos en un juzgado. Conduzca su defensa con respeto”, le dijo Orellana.

La audiencia se vio interrumpida por supuestos problemas técnicos y fue cambiada de sala. El abogado defensor Alejandro Xiloj argumentó que el MP no logró probar que Masaya haya cometido falsedad ideológica, ya que los documentos presentados por la fiscalía carecen de un requisito esencial: la firma de la persona que supuestamente debía firmar las hojas de adhesión.

“Si no existe la firma de la persona que supuestamente fue legalizada, ese documento no nació a la vida jurídica y carece de validez. En estas circunstancias, no es posible que mi patrocinado haya cometido el delito que se le imputa”, señaló Xiloj.

El defensor cuestionó la falta de pruebas de la fiscalía sobre la supuesta afiliación ilegal de personas al partido político. “El MP no presentó ninguna constancia que demuestre que las personas fueron afiliadas contra su voluntad. No existe dentro del expediente ninguna prueba que acredite que esas personas realmente fueron inscritas sin su consentimiento”, afirmó.

Además, refutó la figura de delito en forma continuada que el MP atribuye a Masaya, indicando que no se estableció una fecha exacta de la supuesta comisión del delito. “Para que exista delito continuado, debe haber una determinación precisa del tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Aquí no se han determinado esos aspectos, por lo que no puede calificarse de esa manera”, argumentó.

Juez resuelve en favor del MP

Luego, el MP solicitó que Masaya fuera ligado a proceso por falsedad ideológica y se le impusiera prisión preventiva, argumentando que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización de la justicia.

La fiscal Leonor Morales presentó un video del sindicado durante su aprehensión en el que señalaba que su detención tenía motivaciones políticas y cuestionó el actuar del MP y de los operadores de justicia. 

“El sindicado realizó un video en el que desacredita al Ministerio Público e imputa intenciones políticas a su captura, incluso sin conocer aún los cargos en su contra. Este comportamiento es una prueba del peligro procesal”, afirmó la fiscal.

Además, Morales argumentó que Masaya, por su cargo como asesor en el Congreso de la República del diputado Diego Toledo, tiene acceso a “redes de poder” que podrían facilitar la manipulación de pruebas o la influencia sobre testigos. 

“El imputado labora como asesor de un diputado del Congreso de la República, con un salario de Q22 mil mensuales. Su cercanía con el poder político representa un riesgo real de obstaculización de la justicia, ya que podría influir en instituciones que deben emitir informes o en testigos que aún deben declarar”, sostuvo la fiscal.

Aunque Masaya y su abogado dudaron por varios minutos acerca de si se acogería a la vía de aceptación de cargos o no, luego de que incluso el juez Orellana le explicara lo que implicaba la medida, el señalado se negó.

Su abogado defensor rechazó los señalamientos del MP y pidió al juez que otorgara medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva. “Mi patrocinado es una persona que el Ministerio Público conoce; efectivamente, su lugar laboral, es decir, trabaja como asesor de un diputado del Congreso de la República. Puede presentarse en cualquier momento para ser requerido por disposición del órgano jurisdiccional competente”.

Xiloj también sostuvo que no hay peligro de obstaculización, ya que los documentos en cuestión ya están en poder del MP y del TSE. “No podría modificar, ya que los documentos que supuestamente falsificó o insertó un contenido falso porque en la misma ya existe, ya están en poder del Ministerio Público. Ya el Tribunal Supremo Electoral remitió la información de forma legal”.

Asimismo, la defensa propuso arresto domiciliario como medida alternativa.

Xiloj presentó constancias de arraigo laboral, certificaciones de salario y su contrato como asesor en el Congreso, además de documentos que demostraban que Masaya no tenía antecedentes penales.

Orellana dicta prisión preventiva para Masaya

El juez Orellana lo ligó a proceso penal y ordenó su prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva para Hombres en la zona 1, Matamoros, argumentando riesgo de fuga y obstaculización.

En su resolución, el togado destacó el comportamiento de Masaya en el video de su aprehensión. 

“Vemos ahí que hay cierta afrenta a la fuerza de seguridad, porque en la práctica hemos visto detenciones de narcotraficantes, de mareros, de violadores y hasta de personas que están señaladas de esos hechos tan lamentables. Vemos que cuando la Policía Nacional Civil, en ejercicio del cargo, las aprehende, se dejan colocar los grilletes y se suben a la autopatrulla. Pero en este caso, inclusive, se ve una preparación ahí previa, porque hubo una persona hasta este momento, no sé quién fue, que tomó un video, es decir, tuvo el tiempo de encender un celular, una cámara, tomar el video de una especie de discurso y una afrenta ahí desafiante a las fuerzas de seguridad”, dijo Orellana.

También justificó la obstaculización de la justicia debido a la cercanía de Masaya con figuras políticas. 

Finalmente, el juez estableció un plazo de tres meses para la investigación y fijó la audiencia de etapa intermedia para el 12 de mayo de 2025 a las 10:00 horas.

A la audiencia, acudieron diputados del partido como Mercedes Monzón, Diego Toledo y Luis Ventura; también la candidata a presidenta de la junta directiva del CANG de la planilla que Masaya integraba, Patricia Gámez, quien lamentó la falta de objetividad de la FECI. “Escuchamos a la agente pedir prisión por un delito de falsedad ideológica, (…) el sistema de justicia clama por jueces que ejerzan responsablemente”, dijo.