En la entrega de la semana pasada se analizó cómo las nuevas instituciones, aunque diseñadas con autonomía y reglas modernas, pueden terminar funcionando bajo las mismas dinámicas que pretendían erradicar. Este fenómeno, conocido como mimetismo isomórfico por capilaridad, ocurre cuando el sistema absorbe la reforma en lugar de ser transformado por ella. Siendo este un patrón recurrente, cabe preguntarse qué condiciones permitirían que una institución opere realmente de forma distinta y no termine capturada por los mismos vicios de la burocracia de siempre. Generalmente, se cree que la solución para que una nueva institución funcione bien es dotarla de autonomía: desligarla del gobierno de turno, darle financiamiento propio y estructurarla bajo criterios técnicos. Sin embargo, en países como Guatemala, donde el Estado está infiltrado por redes de poder informal, la autonomía no es garantía de independencia ni de eficiencia. De hecho, puede convertirse en un escudo que legitime la captura en lugar de impedirla. Ejemplos de esto abundan en la historia reciente de Guatemala, sería necio hacer una larga lista de las instituciones que han sucumbido ante este dinámica.

La autonomía sin controles es un espejismo. Es común asumir que una entidad será independiente solo porque no depende de decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, cuando una institución autónoma no está sujeta a contrapesos efectivos, su independencia solo facilita la captura. El control podrá no ejercerlo el gobierno de turno, pero nada impide que su funcionamiento siga estando en manos de redes clientelares que operan con menos restricciones y más discrecionalidad. Lo mismo sucede con la creencia que garantizándole recursos propios se fortalece su independencia del poder inmediato. En teoría, esto la protegería de presiones políticas, pero cuando el financiamiento no está sujeto a mecanismos de rendición de cuentas claros, se convierte en una caja negra donde la opacidad y la corrupción prosperan. En lugar de volverse más eficiente, la institución puede terminar funcionando como un aparato burocrático paralelo que opera sin vigilancia efectiva. El problema no es solo quién asigna los fondos, sino quién controla su uso y qué incentivos existen para evitar su manipulación para fines privados.

Muchas instituciones autónomas concentran poder en su directorio o administración sin mecanismos reales de fiscalización. Si los responsables de las decisiones tienen control absoluto sobre contrataciones y asignación de recursos, pero no enfrentan supervisión externa efectiva, el riesgo de captura es incluso mayor que en una institución tradicional dentro del aparato estatal. La corrupción no necesita injerencia política para prosperar; solo necesita autonomía sin vigilancia. Cuando una institución no rinde cuentas a nadie, se convierte en un territorio sin reglas donde los funcionarios pueden operar sin restricciones reales. En estos casos, la autonomía no impide la corrupción, sino que la hace más difícil de detectar.

Ninguna institución opera en el vacío. Aunque su diseño sea impecable en papel, si el ecosistema que la rodea sigue operando con las mismas redes clientelares, en función de favores políticos y con amplios grados de discrecionalidad, es muy probable que sea absorbida por la estructura preexistente. No importa cuántas cláusulas de autonomía tenga una institución. Si el sistema que la rodea sigue intacto, las redes de poder encontrarán la forma de capturarla desde adentro. Las prácticas de antes volverán a infiltrarse a través de su personal, sus proveedores, sus contrataciones y sus procesos. Cuando eso sucede, la bien pensada reforma en el papel se convierte en más de lo mismo.

Resistir la absorción requiere más que autonomía. La autonomía no es una garantía de independencia real, y en un contexto donde las mafias han aprendido a operar dentro del aparato estatal, puede convertirse en una herramienta que les facilite la captura institucional. Para que una nueva institución no termine replicando las mismas prácticas que pretendía erradicar, necesita algo más que autonomía en papel. Se requieren contrapesos efectivos y mecanismos de control que limiten la discrecionalidad en la toma de decisiones; aseguren la supervisión externa real e independiente;  garanticen que el financiamiento se use con transparencia; y se evite que los operadores internos sean los mismos que perpetúan el clientelismo. El mayor peligro de cualquier reforma no es que fracase, sino que termine legitimando el sistema que buscaba transformar, solo que con una fachada más moderna. La verdadera prueba de una institución no es su autonomía, sino su capacidad de impedir que los mismos actores que han capturado el Estado en el pasado sigan controlándola en el presente.