_{Foto: Vicepresidencia}

El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión del gabinete específico creado mediante un acuerdo gubernativo para coordinar y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. 

Este tiene como objetivo diseñar y gestionar políticas públicas interministeriales que serán presentadas al presidente Bernardo Arévalo. El acuerdo establece una vigencia de tres años, coincidiendo con el fin del actual periodo gubernamental.

El gabinete está presidido por la vicepresidenta Karin Herrera e integrado por los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Finanzas y Desarrollo Social, además del secretario general de la Presidencia, de Planificación y Programación (Segeplan) y el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). Asimismo, el acuerdo establece que la fiscal general del Ministerio Público (MP). Consuelo Porras puede participar en las reuniones por invitación del presidente.

A pesar de que al anunciar la creación de este gabinete especial Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que estaban por definir la fecha para citar a Porras a estas reuniones, hasta ahora no se ha concretado. 

La Copadeh, responsable de la dirección técnica de este gabinete, informó que aún no hay una fecha estimada para la segunda reunión y que se espera que el presidente revise lo tratado en la primera antes de emitir su opinión. 

Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia si el presidente ya recibió el informe derivado de esta primera reunión, pero al cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.

Oscar Morales, abogado especializado en derecho constitucional y penal, presidente de la Asociacion Lex Ius, señaló que este gabinete tiene el potencial de crear un espacio donde se coordinen esfuerzos para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos suscritas por Guatemala. Sin embargo, destacó que el papel del MP en esta instancia es complejo. 

Según el acuerdo gubernativo, la fiscal general puede participar por invitación del mandatario, pero Morales advierte que esto podría generar interrogantes sobre su autonomía y posibles conflictos con las funciones establecidas en la Ley del Ministerio Público y la Constitución.

El abogado explicó que la participación del MP en este gabinete podría tener dos implicaciones: por un lado, facilitar la rendición de cuentas de la institución sobre su papel en la protección de derechos humanos. Otro aspecto es que puede abrir la posibilidad de que se fiscalicen acciones del ente investigador, incluyendo el cumplimiento de sus funciones en casos de violaciones de derechos humanos. 

“Este espacio podría derivar en señalamientos hacia cualquier entidad que no cumpla con sus obligaciones, incluyendo al propio MP”, afirmó.

El experto subrayó que el gabinete tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas claras en áreas críticas como la nutrición, donde se han identificado violaciones sistemáticas de derechos humanos. “El gobierno debe diseñar políticas que garanticen el acceso a alimentos y medicinas, acciones concretas que respondan a estas necesidades fundamentales”, señaló. También advirtió que la falta de avances tangibles podría dificultar el cumplimiento de las metas propuestas.

Morales expresó que este gabinete no debería percibirse como una estrategia de confrontación entre instituciones, sino como una oportunidad para coordinar esfuerzos y fortalecer el respeto a los derechos humanos en el país. Sin embargo, enfatizó que el éxito de esta iniciativa dependerá de la “buena fe” y voluntad de las entidades participantes.

Personal de la vicepresidencia señaló que la continuidad del trabajo del gabinete depende de la propuesta técnica que presente la Copadeh y estimó que la próxima reunión podría realizarse hasta enero de 2025.