Frank Bode, jefe de la Contraloría General de Cuentas. Foto: CGC

A través de un breve comunicado, la CGC señaló que “expresan su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”. 

La resolución de la CGC había declarado como reservada la información sobre instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de procesos de fiscalización.

Lo anterior también aplicaba a los oficios, informes jurídicos, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncia, denuncias, demandas o documentos digitales emitidos. 

“En ese contexto y de acuerdo a la alta importancia de fortalecer todos los mecanismos e instrumentos que hagan viable ese derecho, la Contraloría General de Cuentas informa a la sociedad guatemalteca la decisión de dejar sin efecto la Resolución A-068-2024”, señala en el comunicado. 

A raíz de la publicación de la resolución en el Diario de Centro América, se originaron críticas hacia la CGC, a la que se señaló de opacidad. 

El presidente Bernardo Arévalo calificó como “una mala señal” la decisión de la Contraloría en clasificar como reservada esa información e instó a que se derogara esa decisión.

“Reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”, indicó. 

El diputado José Chic, de la bancada Vos, informó que accionó contra la resolución emitida por la CGC, lo cual calificó como un “atentado” contra la democracia y la transparencia.

Supuestamente, la CGC había basado su decisión de clasificar como reservada esa información en artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Sin embargo, el artículo 30 de la Constitucionalidad Política de la República establece que todos todos los actos de la administración son públicos.