La sesión inició con un retraso de dos horas y, con 49 votos, se aprobó una moción privilegiada presentada por el diputado Samuel Pérez, que modificó la agenda del día para incluir la discusión y aprobación de las siguientes iniciativas:
- Ley de la Policía Nacional Civil.
- Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.
- Reforma a la Ley de Tránsito (Decreto 132-96).
- Reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006).
- Ley de Competencia.
Además, con 55 votos, se decidió mantener en agenda la propuesta del diputado Cristian Álvarez referente a reformas a la Ley de Tránsito.
Previo a la discusión de las iniciativas, los diputados juramentaron al presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Teódulo Cifuentes, electo por el pleno de magistrados el pasado sábado 16 de noviembre. Posteriormente, con 83 votos, se aprobó la realización de dos sesiones adicionales del Congreso: una el viernes 22 de noviembre y otra el miércoles 27 de noviembre.
Ley de Competencia (Iniciativa 5074)
La Ley de Competencia, aprobada de urgencia nacional y en única lectura, tiene como objetivo promover y defender la libre competencia en los mercados guatemaltecos.
Entre sus principales disposiciones se encuentran la prohibición de prácticas monopólicas absolutas y relativas, buscando eliminar acuerdos entre competidores que restrinjan la competencia, como la fijación de precios o la segmentación de mercados.
También implica la creación de la Superintendencia de Competencia, un organismo autónomo será responsable de la promoción, prevención y defensa de la competencia, así como de la investigación y sanción de prácticas anticompetitivas.
Esta iniciativa fue impulsada por la bancada Semilla y este lunes la Comisión de Economía le dio su dictamen favorable, con la cual pasó al Pleno.
Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario (Iniciativa 6351)
Antes del inicio de la sesión plenaria, se observaron en las curules de los diputados gorras con el emblema «Nosotros apoyamos al agro de Guatemala». Diversos integrantes del sector ganadero asistieron al Congreso para exigir la aprobación de esta ley.
Esta ley fue aprobada con 119 votos a favor y busca establecer regímenes tributarios especiales para productores y comercializadores de sectores como el agrícola, pecuario, hidrobiológico y apícola en Guatemala. Propone que aquellos con ventas anuales inferiores a 3 mil 500 salarios mínimos mensuales (aproximadamente Q12.5 millones) paguen un impuesto del 1.5% sobre sus ventas brutas, mientras que los exportadores contribuirían con el 2%.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha expresado preocupaciones respecto a esta iniciativa. Señala la falta de análisis técnico que cuantifique los beneficios y el impacto fiscal de la propuesta, advirtiendo que su aprobación podría resultar en una pérdida significativa de recaudación tributaria. Además, el Icefi considera que la creación de regímenes especiales con tasas reducidas podría violar los principios de equidad y justicia tributaria, beneficiando a ciertos contribuyentes en detrimento de otros que tributan a tasas más altas.
Empresarios ganaderos de Izabal, quienes asistieron a la sesión, celebraron que la ley fuera aprobada.
Ley de la Policía Nacional Civil (Iniciativa 6015)
Pese a los esfuerzos del presidente del Congreso, exdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC) y principal impulsor de esta ley, la iniciativa no obtuvo el apoyo necesario para su aprobación. Los jefes de bloque discutieron diversas enmiendas; sin embargo, tras una solicitud del diputado Gustavo Cruz, del partido VIVA, se decidió suspender la discusión y devolverla a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional para un análisis más profundo ante dudas sobre el uso de la fuerza y salarios policiales.
El próximo miércoles realizarán una reunión en dicha comisión para discutir nuevamente el proyecto.
La Iniciativa 6015, conocida como la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), es una propuesta legislativa en Guatemala que busca modernizar y fortalecer el marco legal de la PNC.
