Desde su presentación a inicios de junio, la solicitud de ampliación al Presupuesto 2024 por Q14 mil 451 millones 700 mil, fue objeto de críticas por parte de diputados de oposición al Gobierno, sobre todo por los aportes que serían destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que según un reportaje de eP Investiga, fueron negociados con diputados.
Desde las primeras semanas, diputados como Allan Rodríguez de Vamos, Álvaro Arzú del bloque Unionista y Jairo Flores de VOS mostraron negativas a la solicitud por no conocerse los criterios utilizados. Hoy, las argumentaciones para dictaminar desfavorablemente la iniciativa fueron en el mismo sentido.
El diputado oficialista, Román Castellanos del Movimiento Semilla, explica que la no aprobación de dictamen favorable no quiere decir que la iniciativa ya esté totalmente rechazada, pues queda pendiente que se vote por dictaminarla desfavorablemente. “Aún hay vías para que el proyecto de ley sea conocido en el pleno, la puerta no está totalmente cerrada”, dijo a este medio. Por otro lado, explicó que bajo el escenario de que la iniciativa no sea conocida en el pleno ni aprobada, estarían viéndose afectados diversos programas y proyectos de Gobierno a finales de año.
Después de casi dos meses de discusiones que incluyeron las intervenciones y análisis de los titulares de 17 instituciones, entre ellas el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, analistas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) son tres importantes instituciones de Guatemala. Los titulares del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), del Ministerio de Gobernación (MINGOB), del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y del Ministerio de Educación (MINEDUC), entre otras. Pese a la amplia discusión de la solicitud, esta fue dictaminada como desfavorable.
La desapobación del dictamen implicaría que la solicitud no avance al pleno del Congreso y quede dictaminada como desfavorable o archivada. Esta se convertiría en la tercera negativa que recibiría el Ejecutivo en el Congreso luego de presentar una solicitud de Estado de Calamidad y reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) que hasta ahora no han tenido éxito.
