Según la CC, en los últimos meses se ha dado “un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados de la CC”. El documento fue firmado por el magistrado presidente, Néster Vásquez.
Afirmaron que esas situaciones han derivado en denuncias penales y solicitudes de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y también la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La resolución clasifica como reservada la información sobre el personal que presta seguridad a los magistrados, así como la descripción del tipo de armamento que porta este personal de seguridad y las asignaciones de vehículos a los magistrados.
Medidas cautelares
La CC basó sus argumentos en las medidas cautelares que la CIDH otorgó a magistrados debido a una situación de “gravedad y riesgo” en la que se encontraban.
En enero de este año, la CIDH, otorgó medidas cautelares a la magistrada de la CC, Leyla Lemus, y a Irma Palencia, quien actualmente está suspendida como magistrada Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Además, citaron como argumento el artículo 23 numeral cuatro de la Ley de Acceso a la Información Pública, que hace referencia a la información cuando “pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia”.
En diciembre del año pasado, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que Lemus sufrió un atentado en las afueras de su hogar en la zona 1, cuando un automóvil explotó.
Según Almagro, el ataque habría sido perpetrado por grupos que atentaban contra el proceso electoral en Guatemala. Hasta la fecha, este es el único ataque contra algún magistrado o magistrada de la CC que ha sido documentado.
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