Foto: Carlos Alonzo

Ambos grupos calificaron esas acciones como actos que buscan mantener la cooptación del Estado. Además, sostienen que la Fiscal General, María Consuelo Porras, abrió investigaciones contra algunos decanos de las facultades de derecho que integran las Comisiones de Postulación, con el fin de intimidarlos. 

“Rechazamos los actos para retrasar el inicio de las sesiones de la Comisiones, retrasos que consideramos se están dando por la injerencia del Pacto de corruptos, para que finalmente la Corte de Constitucionalidad (CC) ordene la prolongación de funciones de los actuales magistrados”, afirmaron. 

Además, cuestionaron el hecho de que el comisionado electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), José Urrutia, descalifique la reunión solicitada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con algunos decanos. 

“Estas actitudes son similares a las de Alejandro Giammattei, María Consuelo Porras y Rafael Curruchiche y forma parte de esa línea de defensa de la corrupción, la impunidad y las mafias para mantener la cooptación del sistema de justicia”, dijeron. 

Respaldan a comisionados 

Las Autoridades Indígenas expresaron su apoyo a los comisionados y aseguraron que varios de ellos están realizando un trabajo con responsabilidad y profesionalismo, con respeto a su profesión y a los sectores que representan. 

No obstante, recordaron que la función que están realizando es de carácter público y que “no tienen que esconderle nada al pueblo de Guatemala”. 

“Los pueblos indígenas y el pueblo de Guatemala tienen derecho a saber qué ocurre en el proceso de elecciones, porque es público y estamos alertas a su actuación”, dijeron. 

Además, rechazaron que la Sala de Vistas de la CSJ sea la sede para las sesiones de las Comisiones de Postulación, esto con el fin de que garantice la transparencia y publicidad del proceso. También pidieron a la comunidad internacional dar acompañamiento al proceso.

Pidieron a la CC defender el orden constitucional y al Ministerio Público (MP) abstenerse de usar el derecho penal con el propósito de intimidar a los comisionados. 

Dina Juc, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá, no descartó que como pueblos indígenas se vuelvan a tomar puntos estratégicos, tal y como ocurrió en 2023. 

“Cuando culminamos esa resistencia para defender el voto popular y la decisión del pueblo de Guatemala, dijimos que había una segunda fase y creo que esa fase la estamos cumpliendo dando pasos a ser vigilantes, al pronunciarse y exigir que se respeten los procesos establecidos por la ley”, dijo Juc. 

Afirmó que de ser necesario tomarán acciones para que las leyes no se utilicen para fabricar casos en contra de las personas que están tratando de “salvar lo poco que queda del Estado de Derecho”.