Foto: Carlos Alonzo
El diputado dijo que en la propuesta del presupuesto para el Congreso no incluía ningún rubro para el incremento del salario de los congresistas, pero reconoció que la autoridad superior en el Organismo Legislativo es el pleno.
Sin embargo, Ramos aseguró que otros diputados presentaron una moción para modificar la propuesta que planteó la directiva del presupuesto para el 2025, la cual fue aprobada con 88 votos y así mejorar el salario de los legisladores.
“En mi caso personal, voté en contra porque no es una propuesta que haya sido consensuada, ni analizada con los miembros de junta directiva”, dijo Ramos.
Además, mencionó que fue una “enmienda sorpresiva durante el desarrollo de la sesión” y ahora está requiriendo al equipo jurídico una forma en la que pueda rechazar ese aumento salarial.
Justifica aumento
Javier López, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien votó a favor, lo justificó asegurando que en 20 años los congresistas no han tenido un aumento a su sueldo.
Agregó que el trabajo legislativo genera que “se cierren muchas puertas”, cuando dejan de ser diputados.
“La gente lo ve con malos ojos, pero realmente, estar aquí en una labor legislativa dando la cara siempre no es que a uno se le abran muchas puertas, al contrario, se cierran”, dijo.
Según López, “en un banco no dan créditos” por ser exdiputado y que “cuesta mucho sacar un préstamo”.
La moción
Fue el diputado Erick Martínez, del bloque Vamos, quien presentó la moción para hacer modificaciones al presupuesto del Organismo Legislativo.
La enmienda establece que el salario de los diputados no deberá ser menor a los salarios y retribuciones de los magistrados de la Corte de Apelaciones.
Según documentos del Organismo Judicial, un magistrado de Corte de Apelaciones tiene un salario de Q53 mil 008 mensuales, el cual incluye bonos, mientras que un diputado tiene un salario de Q29 mil 150. Con esto, los diputados se recetaron un aumento del 82 por ciento.
Esta moción también establece que ahora los diputados tendrán derecho a indemnización y prestaciones de ley.
