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La ley, conocida como Propuesta 314 y que fue aprobada con un 63 por ciento de los votos, permite a los departamentos de policía arrestar a migrantes irregulares, así como aplicar leyes federales de migración. 

Además, la ley da inmunidad a la policía ante demandas que puedan presentarse mientras aplican esta legislación y también da potestad a jueces estatales para emitir órdenes de deportación. 

Esta ley contempla sanciones más severas para migrantes que ingresen a Estados Unidos con documentación falsa, lo cual también aplica para las personas que trafican con fentanilo.

“La Propuesta 314 va un paso más adelante otorgando el poder a la policía de arrestar, cuestionar y detener a un sospechoso de cruzar la frontera de forma irregular”, señalaron medios internacionales, en referencia a ley estatal SB1070 de Arizona, implementada en 2010.

La ley estatal SB1070 dio el poder a los departamentos policiales para cuestionar el estatus migratorio de personas detenidas.

La aprobación de esta ley se dio previo al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Medios como Los Angeles Times señalaron que esta ley “invadiría el poder del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración”, pero afirmaron que no entraría en vigor de manera inmediata.

Otros estados como Texas, Iowa y Oklahoma también han aprobado leyes de inmigración, pero los tribunales las han suspendido, señaló dicho medio.

Parte de una estrategia 

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, indicó que esta ley es parte de esa estrategia que han tomado los estados fronterizos por su desacuerdo con el ingreso de migrantes irregulares. 

“Los estados toman este tipo de acciones, que son de criminalización, que genera odio en ciertos segmentos de la población y que también elevan la narrativa contra los migrantes”, dijo Roldán. 

Además, mencionó que la migración es un tema que se discute a nivel federal y que no siempre este tipo de leyes estatales logran quedarse. 

“Son procesos que tristemente se han normalizado en estos estados para detener la migración”, afirmó, señalando que este tipo de leyes provocan racismo y discriminación. 

Roldán explicó que si bien no se garantiza que con una ley así haya un efecto de contención de la migración, sí podría haber un aumento en el costo económico del tráfico de personas.