Según los abogados, es “inaceptable” que se mantenga en confidencialidad el Pacto Colectivo firmado el pasado 8 de enero de 2024, pues se emplearán recursos del Estado y la ciudadanía debe tener acceso a la información.
«Guatemala no puede seguir presa de un sindicalismo decadente, trasnochado y transaccional. Es momento de que los ciudadanos alcemos la voz. Estamos defendiendo el derecho de todos los guatemaltecos frente al chantaje de ese sindicalismo», dijo el abogado Edgar Ortiz.
¿Qué pasa con el pacto?
El 29 de abril de 2024, la ministra de Educación, Anabella María Giracca Méndez, envió un oficio a Joviel Acevedo Ayala, secretario general del STEG, mencionando que no ha obtenido respuesta a las solicitudes para obtener el borrador del proyecto de Pacto, esto a consecuencia de la confidencialidad.
Esta situación ha generado quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por ejemplo, la denuncia del Movimiento Cívico Nacional (MCN) en contra del Ministerio de Educación (Mineduc) y la Oficina de Acceso a la Información de esa entidad.
La ministra pidió nuevamente al secretario general que retire la reserva del proyecto, situación que generó descontento en el líder sindical y convocó a una manifestación
Por estos hechos, los abogados consideran que la reserva del proyecto del Pacto Colectivo constituye una violación al derecho de acceso a la información.
«Es de interés público para la nación conocer este pacto, porque se manejan recursos del Estado y regula la prestación de un servicio público como es la educación. ¿Cómo es posible que la población no va a tener derecho de conocer algo tan importante como eso?», dijo el abogado Urizar.
