El estudio de opinión pública contratado por la entidad civil DESC-Mesoamérica, basada en México, pone de manifiesto tres problemas que se le achacan al gobierno de Arévalo. El primero es la permanencia de Consuelo Porras como jefa del MP, que es rechazada por más de siete de cada diez encuestados. Es un crecimiento notable si se compara con las mediciones de Cid-Gallup en mayo y septiembre, 51 por ciento y 59 por ciento, respectivamente. La oposición mayor a la fiscal general proviene de los departamentos indígenas que se movilizaron durante el segundo semestre de 2023 exigiendo su renuncia: Quiché 97 por ciento, Sololá 90 por ciento, Baja Verapaz y Petén 89 por ciento, y Huehuetenango 83 por ciento.

El segundo es que los problemas económicos del hogar se han acentuado durante el 2024 como los más acuciantes para el 73 por ciento de las personas consultadas. Por un lado, la percepción del alto costo de la vida (52 por ciento) y por el otro el desempleo (21 por ciento). Esto es particularmente notorio para los pequeños productores agrícolas, los trabajadores por cuenta propia y las personas jubiladas en todos los departamentos; también para los empleados públicos y quienes ejercen trabajos domésticos.

El tercer problema se puede englobar como déficit de comunicación pública y los indicadores son principalmente dos. Uno es que el gobierno no tiene un programa “marca” o nave insignia de los programas o proyectos que está llevando a cabo. Cuando se lanza la pregunta abierta para que los encuestados identifiquen o recuerden alguna acción positiva de la actual administración en el terreno, la primera respuesta (25 por ciento) es “ninguna” y luego hay una enorme dispersión de acciones, solo la dotación de “víveres y alimentos” destaca (20 por ciento de las menciones). Enfocada la pregunta desde los departamentos hay casos extremos como el de Guatemala donde el 50 por ciento no puede mencionar un solo programa (Santa Rosa es el 40 por ciento de la población) mientras que en las regiones indígenas hay notables reconocimientos a las entregas de víveres y, curiosamente, carreteras (Quetzaltenango). De esto último se deduce que, aunque el gobierno está haciendo algunas cosas bien, no tiene buen marketing.

El segundo indicador es el de la penetración de las narrativas. Los encuestadores parafrasean cinco críticas que los opositores repiten en las redes sociales y boca a boca, y varias de estas comienzan a ser aceptadas por el público. Valga decir que para el 52 por ciento de la población las redes sociales son su principal y más fiable fuente de información, muy por arriba de cualquier otro canal. Las respuestas generales a las cinco críticas se resumen en la gráfica siguiente. Destaca la alta percepción de corrupción gubernamental, aunque el sector que se declara enemigo, en un año no ha presentado un caso sólido. El resto de las respuestas están casi equitativamente fragmentadas, pero el escenario de un golpe de Estado con respaldo popular está cuesta arriba para los grupos que pueden estar promoviéndolo.

El enfoque departamental muestra que Guatemala y Escuintla son los más críticos o lejanos del gobierno, en algunos aspectos también Sacatepéquez. La defensa dura de la democracia (que sostiene que el gobierno no debe caer) proviene de manera aplastante de los departamentos Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos.

Las buenas noticias para Arévalo

Aparte de la defensa aún firme del sistema democrático, sobre todo los mayoritarios pueblos indígenas, muestran signos positivos en la encuesta sobre la aprobación del presidente Arévalo y el apoyo a todas sus iniciativas de diálogo sectorial (excepto, cuando se ha dado, con la fiscal general), así como la esperanza de que el gobierno haga mejor las cosas en 2025. La aprobación del presidente Arévalo no ha sufrido mayor desgaste en los últimos siete meses. Al contrario, ha mejorado en dos puntos porcentuales en relación con la medición de Cid-Gallup de mayo (54 por ciento). La aprobación principal proviene de los departamentos con mayorías indígenas: Totonicapán 86 por ciento, Baja Verapaz 83 por ciento, Huehuetenango 74 por ciento, Alta Verapaz 67 por ciento, Quiché 66 por ciento y Sololá 65 por ciento. En el corte sociodemográfico destaca que es la población con mayor escolaridad y de medianos ingresos del interior de la República donde Arévalo guarda simpatías firmes.

Otra zona de gestión en general bien calificada es la política de relacionamiento sectorial del gobierno, en particular con los pueblos indígenas, los medios de comunicación y con los Estados Unidos. La reprobación mayor viene en el trato con la fiscal general (70 por ciento), con los diputados (53 por ciento) y los sindicatos. Sin ganar mayoría absoluta, la gente está de acuerdo con el diálogo con los empresarios, el liderazgo social, los alcaldes y los campesinos.

Con respecto a las áreas de gestión, la mayor aprobación es a la política exterior y luego al campo de la educación. En zonas intermedias se encuentran el desarrollo social, salud, seguridad e incluso carreteras. Se evalúa negativamente lo correspondiente al costo de vida y política de empleo y salario (la encuesta se levantó antes de que el presidente decretara el aumento del salario mínimo).

Las esperanzas de que el gobierno lo haga mejor durante este año son significativas, desde un firme “si” del 51 por ciento y un dubitativo “tal vez” del 28 por ciento. Los que no se la creen representan uno de cada cinco encuestados, esta cifra es congruente en diferentes respuestas adversas a la administración de Arévalo que se sitúa en un 23 por ciento en promedio.

Ficha técnica

Entrevistas cara a cara entre el 2 y el 8 de diciembre. Se asignó una cuota de entrevistas en los 22 departamentos de Guatemala de forma proporcional al número de personas empadronadas. Fueron seleccionados los 102 municipios con mayor representatividad, fijando la muestra según población urbana y rural, rangos de edad, sexo, pertenencia étnica y nivel socioeconómico (incluyendo escolaridad). En total se efectuaron 1 mil 325 entrevistas.