La reciente elección de magistrados ha evidenciado la influencia de las élites económicas y políticas sobre el poder judicial. A pesar de las promesas de cambio de varias figuras políticas, la justicia sigue cooptada, demostrando así la dificultad de romper con prácticas arraigadas.

Varios medios nacionales han investigado y expuesto el involucramiento de varios magistrados recién electos, vinculados a casos como; Comisiones Paralelas y B410, a pesar de estos antecedentes han sido electos o algunos de ellos reelegidos. Las nuevas cortes, lejos de renovarse, perpetúan una práctica arraigada de corrupción y abuso del poder judicial, en detrimento de la justicia y el Estado de Derecho. Una de las primeras declaraciones del diputado Samuel Pérez, fue resaltando que la elección de magistrados resulto ser un; “proceso exitoso”, es necesario mencionar que los consensos alcanzados claramente no benefician a la mayoría de la población, incluso el partido oficialista sale perdiendo y no se quieren dar cuenta.

Recientes actuaciones judiciales demuestran una clara parcialidad hacia intereses particulares. El intento de liberar a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti es solo un ejemplo de cómo la justicia en Guatemala se encuentra al servicio de unos pocos, como este podemos encontrar varios ejemplos que traducen la cruda realidad que vivimos.   

El término “Cartel de la Toga”, acuñado por el preso de conciencia Bernardo Caal en una de sus reciente publicaciones en la red social X, describe con precisión a una red de magistrados que han corrompido el sistema judicial. Al actuar como meros instrumentos de intereses particulares, estos individuos han traicionado la confianza de la ciudadanía y socavado los principios fundamentales de la justicia. La falta de imparcialidad, independencia y la demora en la administración de justicia son síntomas claros de esta grave crisis institucional.

La toga, otrora símbolo de justicia, se ha convertido en una herramienta de corrupción al servicio de los poderosos que he denunciado en varias ocasiones, magistrados corruptos venden sentencias, dejando al pueblo guatemalteco desprotegido. Esta situación ha generado un clima de impunidad que persiste y exige reformas urgentes del sistema judicial, mientras eso no suceda nos quedan varios años de impunidad.

Resultan contradictorias las celebraciones de los diputados del Movimiento Semilla ante una elección que fortalece a quienes han socavado la justicia, es necesario que este partido al igual que el ejecutivo, realice una profunda reflexión sobre su papel en este proceso y asuma su responsabilidad en las consecuencias que esta decisión tendrá para el país. Es momento de dejar a un lado las típicas frases como; “La historia los juzgará”, ahora es el momento de tomar decisiones contundentes y devolverle la esperanza al país. La corrupción en el Organismo Judicial es evidente, incluso el presidente interino, con sus presuntos vínculos con personajes pérfidos, es la prueba. La elección de estos magistrados ha sido una burla para pueblo, si bien esta situación no tiene una solución pronta debemos seguir exigiendo este derecho fundamental, la tan anhelada “justicia”.

Antes de culminar debo mencionar que al escribir esta columna está siendo noticia el arresto domiciliar otorgado a José Rubén Zamora, preso de consciencia que ha resistido durante 812 días la tortura carcelaria, no cabe duda que es una buena noticia, sin embargo, no se puede gritar “libertad” ya que se le siguen oprimiendo derechos. También debemos recordar que siguen habiendo otros casos que han sido fabricados a personajes honorables o incluso a los exiliados que no han corrido con la misma suerte, no debemos perder la fe, Guatemala es una gran nación que pronto florecerá.