En su escrito, Hernández Gómez explica que la resolución de la Sala, emitida el 23 de septiembre de 2024, rechazó la apelación presentada en contra de una resolución previa del juez “A” Fredy Raúl Orellana Letona, del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, que había dictado prisión preventiva contra ella.

Hernández Gómez asegura que la resolución afecta directamente su libertad y considera que se han vulnerado sus derechos constitucionales, por lo que solicita que se restablezca el imperio de la ley y se revisen las decisiones judiciales previas.

Durante la presentación del recurso, la exjueza Gámez indicó que ahora con la renovación de cortes resurge la esperanza de una actuación completamente diferente de las nuevas autoridades judiciales. Además, explicó que la actual legislación del Código Procesal Penal señala que el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad debe ser comprobado en un juicio de ponderación. “Se le impone al juzgador privilegiar la libertad de la persona que está siendo sindicada”, señaló.

Para este proceso, la directora del Instituto de la Víctima cuenta con el asesoramiento legal de los abogados Patricia Gámez Barrera y Juan José Zaghi Mulato.

Hernández Gómez guarda prisión desde el 13 de agosto, señalada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso Corrupción Semilla por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.