“Hoy quisiera anunciar públicamente que todas las compañías que tienen estos tratamientos ante una fiscalización son tratadas como defraudadores de impuestos”, dijo Díaz en referencia a empresas que han evitado auditorías usando mecanismos legales como los amparos.

Díaz ofreció datos acerca del estado de empresas deshabilitadas y otras que han sido rehabilitadas por medidas judiciales o por resolver su situación con la SAT. Estos son los datos hasta el 8 de octubre:

• 30 contribuyentes fueron deshabilitados del régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de estos, 11 han sido rehabilitados: nueve gracias a amparos provisionales y dos tras solventar su situación tributaria.
• 19 contribuyentes permanecen deshabilitados debido a irregularidades no corregidas. 
• 32 contribuyentes fueron inhabilitados para vender al Estado, pero seis han sido reactivados: cuatro por amparos provisionales y dos tras solventar su situación.

En total, 21 amparos fueron presentados hasta el 8 de octubre, de los cuales 10 fueron otorgados provisionalmente a favor de los contribuyentes.

Una acción fue suspendida por la Corte de Apelaciones del Ramo Penal y otra fue denegada. Por ahora, nueve están pendientes de resolución.

El superintendente también informó que la SAT con órdenes judiciales embargó Q106.4 millones y $440 mil dólares de las cuentas de las empresas involucradas. A pesar de estas medidas, Díaz expresó su frustración por la falta de capturas en el caso. 

Resaltó que la SAT ha hecho todo lo posible para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales. “Hemos procedido a pedir la captura de los representantes legales y de los contadores de las compañías”, comentó, pero hasta el momento no se han ejecutado estas.

Vinculación con el caso CIV

Por otro lado, el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), vinculó a varias empresas del caso B410 con pagos irregulares realizados en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y así armar un proceso contra el presidente Bernardo Arévalo revelado el 21 de agosto. 

Entre las compañías señaladas, la FECI destacó la empresa Sermat, que recibió Q6 millones a través de mecanismos de pago cuestionados dentro del CIV.  Además, otras empresas vinculadas con el grupo B410 han seguido recibiendo contratos del Estado, a pesar de estar involucradas en investigaciones por corrupción.

La atención del MP ha estado centrada en la investigación contra el presidente Arévalo, solicitando el retiro de su inmunidad por dichos pagos.

Aunque el pasado 14 de septiembre el MP realizó 11 allanamientos de la Fiscalía de Delitos Económicos en inmuebles vinculados al caso B410, hasta el momento no se han dado a conocer avances en las investigaciones contra los empresarios o exfuncionarios vinculados con la estructura de defraudación.

El superintendente Díaz reiteró la urgencia de que las autoridades judiciales actúen con mayor rapidez para detener a los responsables y evitar que el Estado siga perdiendo recursos esenciales.