Hace 23 años, finalizaba mi tesis de licenciatura en derecho. El tema elegido fueron los derechos sexuales y reproductivos. Mi intención inicial era centrarme en la despenalización del aborto en Guatemala; sin embargo, mientras preparaba el planteamiento del problema, entrevisté a una reconocida abogada feminista que me aconsejó: «Si habla de la despenalización del aborto, no le van a aprobar el tema en la facultad. Trabaje sobre los derechos sexuales y reproductivos, y aborde el tema del aborto en uno de los capítulos». Decidí seguir su consejo y me adapté a las limitaciones que el contexto académico imponía.

Guatemala es un país que proyecta una fachada conservadora, donde el «discurso próvido» domina social y políticamente; sin embargo, en lo privado la realidad es muy diferente. Mi tesis logró capturar ese contraste, enfocándose en los estudiantes universitarios de las cinco universidades que, en ese momento, operaban en la ciudad capital. Los resultados de las encuestas fueron reveladores: la mayoría de los hombres participantes afirmaban apoyar el aborto y conocían lugares donde se practicaba de forma clandestina. En cambio, muchas mujeres expresaban su desacuerdo y afirmaban no saber dónde se realizaban abortos en el país. El discurso gubernamental y social se sostenía en la defensa de la vida «en nombre de Dios».

Al escribir el capítulo sobre la despenalización del aborto, fue necesario analizar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roe v. Wade, que en aquel entonces era el paradigma para la protección de los derechos reproductivos. Como era de esperarse, con la legislación guatemalteca vigente, legalizar el aborto sin una reforma constitucional esa una utopía. Veinte años después de escribir mi tesis de licenciatura, la vida me trajo a vivir a Estados Unidos, y cuál fue mi sorpresa y decepción al ser testigo de la reversión de Roe v. Wade por parte de la misma Corte Suprema que alguna vez fue un ejemplo de avance en los derechos reproductivos. Más decepcionante aún es ver cómo la legalización del aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, en lugar de avanzar, se han convertido en un tema cada vez más radicalizado y utilizado como un argumento político para atraer votantes.

Se sigue utilizando «el cuerpo de las mujeres como territorio político«, lo cual se refleja en cómo nuestros cuerpos han sido históricamente considerados espacios de disputa, sobre los cuales se ejerce poder, control y dominación. El cuerpo femenino no se ve solo como un ente biológico, sino también como un campo de batalla ideológico, cultural y político. A lo largo de la historia, nuestros cuerpos han sido regulados mediante leyes y políticas que limitan nuestra autonomía, especialmente en cuestiones de sexualidad, reproducción y derechos básicos de salud. Esto convierte al cuerpo de la mujer en un territorio en disputa, donde se manifiestan luchas de poder provenientes del Estado, la religión, la cultura, la política y las relaciones personales.

Si bien la reversión de Roe v. Wade afecta principalmente a las mujeres en territorio estadounidense, la decisión en sí misma tiene un alcance simbólico que va más allá de una aparente defensa de la vida basada en argumentos religiosos fundamentalistas. Este acto representa un retroceso profundo en los derechos de las mujeres y en nuestro reconocimiento como seres independientes, capaces de decidir sobre nuestro cuerpo y el momento en que queremos reproducirnos. Refleja la persistencia de una estructura social heteropatriarcal que pretende seguir gobernando la voluntad y el cuerpo de las mujeres a su conveniencia.

Así como en el pasado los griegos no nos consideraban sujetos de derechos y como a inicios del siglo XX aún no teníamos derecho al voto, hoy, en pleno siglo XXI, se intenta seguir controlando nuestras decisiones a través de leyes y discursos políticos retrógrados. Estas leyes, lejos de proteger la vida, solo provocan que las mujeres arriesguen su salud y su vida al someterse a abortos clandestinos y sin garantías. Como bien expresó la periodista argentina Marian Carbajal: «No se trata de aborto sí o aborto no. El aborto ya existe. La criminalización lo único que logra es poner en riesgo sus vidas y su salud».

Las políticas restrictivas sobre el derecho al aborto, las normas que dictan cómo debemos vestirnos y los cánones de belleza impuestos por la sociedad son ejemplos claros de cómo se busca regular nuestros cuerpos según los intereses de quienes ostentan el poder. Incluso en contextos de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres son instrumentalizados mediante la violencia sexual, utilizada no solo como agresión directa sino también como un medio para desestabilizar comunidades y ejercer control.

Reconocer que el cuerpo de las mujeres es un territorio político implica aceptar que la lucha por la igualdad de género pasa también por desmantelar las relaciones de poder que se imponen sobre nuestros cuerpos y afectan nuestras vidas y derechos en todos los ámbitos. Veintitrés años después, la lucha continúa. La defensa de los derechos reproductivos sigue siendo una batalla urgente y necesaria. Hoy, más que nunca, debemos exigir nuestro derecho a la autonomía, al reconocimiento de nuestra capacidad de decisión y al respeto de nuestros cuerpos como nuestro territorio inviolable.

Las mujeres no necesitamos que otros decidan por nosotras; necesitamos leyes que protejan nuestra libertad, nuestra integridad y nuestra capacidad de ser quienes decidan cómo y cuándo reproducirnos. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente equitativa y justa.