Está quedando en evidencia que, a pesar de los insistentes llamados de diversas organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, el derrotero de las comisiones de postulación está marcado por la imposición de las reglas de los que ni siquiera llegan a la categoría de mediocres. Estamos ante un proceso que tiene todas las condiciones para ser fallido.

La justicia en Guatemala, como pilar esencial de la democracia, perdió su rumbo desde hace tiempo. Las posibilidades de su rescate están quedando en el olvido. Lamentablemente se imponen, una vez más, las reglas de la impunidad.

Estas semanas son claves para afinar los listados fines que se enviarán al Congreso. Sin embargo, los votos mayoritarios se han impuesto para que, sin entrevistas, sin instrumentos de calificación que evalúen las capacidades profesionales y éticas de los candidatos, y haciendo de la vista gorda las tachas presentadas, se facilite la permanencia de muchos candidatos cuyas calidades distan un mundo de las mínimas esperadas.

Estamos perdiendo una oportunidad esencial, por lo que los aliados de la impunidad se acercan al momento culminante: agenciarse mayor control de la justicia, y con ello exponenciar las capacidades de control político-judicial, cuyas muestras evidentes han sido notorias en el último año, al menos.

Si la materia prima producto de las postuladoras es de mala calidad, las fuerzas hostiles representadas en el Congreso apostarán por salirse con la suya. Es probable que señalen a los responsables del filtro previo, sin advertir que las comisiones se han desnaturalizado por completo; siendo en la práctica, espacios donde se formalizan los pactos que han sido gestados en los cuartos de al lado, y donde se privilegia el cumplimiento de los requisitos formales, más no la responsabilidad de evaluar a fondo a los candidatos.

Con los espacios agujereados desde un inicio, poco podemos esperar de los resultados. Es impensable aspirar a que las comisiones, por más que los dos rectores que las encabezan están en el lado correcto y hayan enfrentado obstáculos desde un inicio, cambien el curso de las cosas, cuando la Ley de Comisiones de Postulación es inefectiva casi desde su arranque. Nos hemos quedado en el escenario de las aspiraciones, de los buenos deseos, pero al mismo tiempo, conscientes de la impotencia que representa jugar contra las reglas de un régimen que, con uñas y dientes, busca imponerse.

La elección de las cortes 2024 no apunta a los necesarios (imperativos) que permitan iniciar el cambio en la impartición de justicia, las evidencias apuntan en sentido contrario. El pulso final en el Congreso será de ligas mayores. Los escenarios son variados. Por ejemplo, pensar en una conformación de CSJ, en donde haya una correlación mayoritaria, similar a las últimas tres cortes, y al menos una minoría de mejor perfil, suena cuesta arriba pero no del todo irreal. Otros conciben que el propósito de la continuidad de la justicia tomada pasa por controlar la totalidad de los cargos.

Rescatar el sistema de justicia va más allá de seguir pidiendo a las postuladoras que hagan lo que en realidad está fuera de sus intenciones. Implica un gran pacto ciudadano, donde se privilegie no continuar con parches ni iniciativas que solo sirven para lavar cara a los forajidos disfrazados de jueces y magistrados. Son necesarias acciones como las encabezadas por el consorcio integrado por ASIES, USAC y URL en 2011 (Iniciativa 4387), quienes en forma conjunta impulsaron una propuesta de reformas constitucionales en justicia.