Por estos rumbos, el poder opera así: el que paga manda y además escribe la narrativa de la historia. Es una democracia de capitales y armas. Traducido aquello a la administración pública, los grandes contribuyentes, siguiendo -el lenguaje- de Livio Díaz, “son los que pagan las cuentas del Estado” y por lo tanto han ostentado -de hecho- mando y veto en la cosa pública.  Sabido es que aquello no es cierto, es el pueblo con cacaxte y mecapal el que carga el peso de las finanzas públicas. Pero cómo, justamente la narrativa la imponen los “grandes contribuyentes”. Hasta en el imaginario popular la patraña se considera verdad. Entre los “pagadores” están quienes detentan plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar. Ambos sectores enjuiciados con severidad por científicos y movimientos sociales, por su responsabilidad, en la agudización de los impactos de la crisis climática. Su responsabilidad es evidente en la deforestación del planeta, acaparamiento y contaminación de las aguas, concentración de tierra, otrora dedicada al cultivo alimentario.

Guatemala es víctima de aquellos graves problemas. Es conocido en la Costa Sur, la grave afectación de las aguas causada por los cañaverales, tanto por envenenamiento con fertilizantes y agrotóxicos, como por lanzamiento de desechos y desvío del cauce de los ríos hacia la plantación. Opacidad en el manejo de los derechos laborales, ausencia de libertad sindical y enorme concentración de poder político, capaz de movilizar voluntades de alcaldes y gobernadores en favor de las corporaciones azucareras. Los graneros del sur no existen más. Es aquello un paisaje cañero, palmero, bananero y de otros productos “líderes”.  A qué viene aquella letanía, que no por vieja es escuchada. Es que la historia parece repetirse. Ahora en el norte del país. Basta con escuchar las voces y testimonios de pobladores Q´eqchi: la palma aceitera “se nos vino encima y arruinó” nuestras vidas, afirma una autoridad indígena de la zona. Su queja fundamental, es haber perdido el agua, los pozos están secos, la plantación palmera extrae enormes cantidades de agua del subsuelo y seca los pozos comunales, lanza desechos de palma y agrotóxicos al río y lo envenena, mata a los peces. Los centros urbanos ahora no tienen agua, eso empezó a pasar hace entre cinco y diez años. ¿Qué ofrecen las plantaciones palmeras a cambio? empleo de precaria calidad, sin salario mínimo, ni prestaciones laborales. Es otra batalla de los Q´eqchis -por la vida- afirma Alberto Alonzo en sus trabajos para la Coordinación de ONG y Cooperativas CONGCOOP.

            El problema es profundo: la equidad no existe en aquellas zonas y los Q`eqchi llevan el peso del aumento del PIB en el lugar. Obviamente no gozan de aquella subida. Los capitales no vuelven al lugar. Han sido relegados de las decisiones de poder y de las bondades de la naturaleza. En el sistema de legalidad el pueblo Q´eqchi, siempre pierde el juicio. Se realizan extrañas compraventas de tierras que los Q`eqchis ocupan pacíficamente desde hace muchísimos años, se cercan sitios, se privatizan tomas de agua, se cierran caminos, se corren linderos. Ahora mismo una empresa de palma aceitera “Chiquibul” hace carreteras en el medio de parcelas campesinas, “con permiso de COCODES y alcalde”, acompañada de guardias privados y si el asunto se complica, siempre resulta un juez que dicta órdenes de captura contra de la autoridad indígena. ¿Quiénes son los facinerosos? Me queda claro que no son los Q`eqchi.