El Congreso entrará en un receso parlamentario sin conocer la reforma a la Ley del MP

Mañana, 15 de mayo, iniciará el primer receso parlamentario que tomarán los diputados del Congreso de la República, el cual durará 45 días hasta el 31 de julio. Esta pausa representa la finalización del primer período de sesiones ordinarias, pero pueden convocar de forma extraordinaria para conocer temas pendientes.

Jovanna García     mayo 14, 2024

Última actualización: mayo 14, 2024 4:14 pm

Foto: eP Investiga

La Décima Legislatura va a su primer receso con varios temas pendientes y leyes que aún no se discuten. Según información proporcionada por el Departamento de Prensa del Congreso, hasta ahora se han recibido 86 iniciativas.

El pasado 9 de mayo, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, enfatizó en que el receso parlamentario no se trata de vacaciones. “El llamado es a seguir trabajando en las otras tareas (…) las comisiones deben dictaminar todas aquellas iniciativas que hemos recibido y que han sido enviadas a las diferentes comisiones”, dijo. 

Ese día, el presidente también instó a los diputados a asistir a la última sesión ordinaria del primer período del año, la cual sería hoy, 14 de mayo. Sin embargo, la sesión de jefes de bloque se suspendió por la inasistencia de los diputados de las distintas bancadas del Congreso. 

Sin esta reunión no se pudo definir la agenda para la sesión ordinaria, la cual tampoco se realizó.

Según el artículo 158 de la Constitución Política de Guatemala, durante este período de receso, también conocido como período extraordinario, los congresistas podrán reunirse en sesiones extraordinarias. Estas deben ser convocadas por la Comisión Permanente o por el Ejecutivo cuando hubiera razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. 

El presidente del Congreso afirmó este 13 de mayo que convocarán dos sesiones extraordinarias para los meses de junio y julio.

Las interpelaciones pendientes del pleno

Durante la semana que el Congreso no sesionó, tras la presentación de la iniciativa de ley del presidente para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), surgieron dos solicitudes de interpelación a ministros del gobierno de Arévalo, que aún no han sido resueltas. 

La primera es al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue solicitada el 6 de mayo por Sandra Jovel, diputada del partido Valor, con el propósito de cuestionarlo sobre «el aumento de la percepción de inseguridad».

Por otro lado, se pretende cuestionar al canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado. La petición fue presentada por 12 bancadas y cinco diputados del partido Cabal. 

Esto ocurre después de que Guatemala votó ante las Naciones Unidas el pasado 10 mayo, a favor de una resolución que amplía los derechos de Palestina como miembro observador y exhortara al Consejo de Seguridad a reconsiderar su resolución para aceptarlo como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre las 11 bancadas que solicitaron la interpelación a Martínez entregada ayer 13 de mayo a la presidencia del Congreso, se encuentran: Comunidad Elefante, Cambio, Visión con Valores (VIVA), Bienestar Nacional (BIEN), Victoria, Todos, Valor, Azul, Nosotros, Unionista y Vamos. Además, cinco diputados de la bancada Cabal firmaron la petición. 

Esta fue solicitada pese a la excepción Constitucional establecida en el artículo 166 que indica que los ministros no están obligados a atender interpelaciones por asuntos diplomáticos.

La reforma a la ley del MP quedará pendiente

Ayer, en instancia de jefes de bloque, se pretendía incluir en agenda la lectura de la iniciativa que busca reformar el artículo 14 de la LOMP, la cual planteó el presidente Arévalo. Sin embargo, por falta de quórum, el tema se conocerá al iniciar el segundo período parlamentario. 

A pesar de que el Ejecutivo instó a los congresistas a votar a favor de la iniciativa, la misma no ha tenido recepción favorable de varios congresistas.

La excongresista Nineth Montenegro explica que en este momento la iniciativa del presidente es inexistente en el pleno, pues no ha sido leída ni asignada a las comisiones correspondientes. Por lo tanto, no ha sido estudiada ni dictaminada. 

“Está en un limbo, no se puede decir que puede pasar a una comisión porque se quedó en secretaría, al no haber entrado a la plenaria y no haber sido leída, por ahora no se pueden tomar decisiones. Lo que sí puede pasar es que en el período extraordinario se convoque a una sesión extraordinaria para atender la iniciativa del presidente”, explicó.

Por su parte, el excongresista y constitucionalista Roberto Alejos Cámbara, explica que si las iniciativas se leen según su orden de recepción, como afirmó el presidente Nery Ramos la semana pasada, la iniciativa del presidente tardaría en ser atendida, pues aparte de las 86 recibidas este año, el Congreso “tendrá más de 200 guardadas”.

Según Alejos, esta iniciativa solo puede ser enviada a las comisiones de Reformas al Sector Justicia, la cual es presidida por el diputado Álvaro Arzú de Unionista; o a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Thelma Ramírez de Vamos, por lo que es muy probable que haya un bloqueo a la iniciativa y tenga un dictamen negativo.

Alejos explica que, si la comisión le da un dictamen negativo a la iniciativa presentada por el presidente, no se puede presentar una propuesta igual hasta el próximo período legislativo 2025. 

“Aunque el nombre sea distinto, no se puede presentar otra iniciativa igual o similar”, dice. Califica como arriesgada la iniciativa del Ejecutivo, pero aplaude la búsqueda de votos por convicción y no por negociaciones.

La iniciativa del presidente busca una reforma legal para poder destituir de forma fundamentada a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras. 

Mientras esta pasa desapercibida en el Congreso, el MP accionó con solicitudes de información por el caso Toma Usac de la toma de posesión de integrantes del partido Movimiento Semilla que obtuvieron un cargo de elección popular como diputados y el presidente y vicepresidenta, asimismo del cargo que desempeña en el Ministerio de Educación, la excandidata a diputada, Marcela Blanco.

Otros asuntos pendientes

Durante este período extraordinario, las 38 comisiones de trabajo del Congreso deberán estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley presentadas en el pleno, remitidas por la Secretaría del Congreso de la República.

Al finalizar el período extraordinario e iniciar el segundo de sesiones ordinarias, el Congreso también recibirá la solicitud del Ejecutivo para ampliar el Presupuesto General de la Nación. 

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, se reunió en el palacio legislativo con integrantes de la Junta Directiva del Congreso para “revisar la cuota financiera que se traslada cada mes a ese organismo”, según dijo al salir de la reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada. Este 13 de mayo se informó a la prensa que el monto que el Ejecutivo solicitará será de Q14,500 millones. 

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