Ojalá que sí.

El Ejecutivo la busca, pero una moratoria para la minería necesitaría aprobación del Organismo Legislativo. Hasta ahora son ya tres diferentes iniciativas propuestas en el Congreso que contemplan una moratoria entre dos a menos de diez años a la minería de minerales metálicos como el oro, la plata y el níquel. La nueva cartera del MEM ya había anunciado una revisión de las últimas licencias otorgadas, posteriormente revisando los resultados de las inspecciones que se han efectuado con el fin de asegurar el cumplimiento apropiado. Tras indicios de corrupción detectados en el sector energético, el MEM estaría reevaluando costos y beneficios del extractivismo, para establecer qué tan sostenible ha sido en lo ambiental, social y económico, así como los beneficios que ha dejado al país. Al MARN, por su parte, le tocará mostrar una postura clara en el caso de la mina en Cerro Blanco, revisando si la resolución administrativa cumplió con los requisitos legales. También tendrá que abordar con El Salvador las implicaciones en la cuenca fronteriza que puede tener el proyecto minero en sus ríos.

Hay precedentes para ser optimistas con la factibilidad de la moratoria. En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en imponer una prohibición a nivel nacional a toda la minería metálica. La Asamblea Legislativa aprobó la prohibición con 69 de los 84 votos a favor. La preocupación por el menguante suministro de agua potable en un país densamente poblado, además de los riesgos ambientales que plantea la minería de metales, que utiliza grandes cantidades del recurso hídrico y productos químicos tóxicos como el cianuro impulsó la prohibición.

El escenario que creó las condiciones para la prohibición se produjo tras una larga disputa entre el gobierno y la empresa minera que había solicitado un permiso para una gran mina de oro. Después de que el gobierno rechazó el permiso, la empresa presentó una demanda, pero finalmente perdió el caso, lo que generó una mayor presión pública para que se prohibiera la minería, una industria cuya principal y primera víctima es el agua. La presión pública y el apoyo de los movimientos sociales fue fundamental. Hubo un amplio apoyo popular a la prohibición de la minería en El Salvador, particularmente de la influyente Iglesia Católica y de movimientos ambientalistas de base.

Priorizar la protección ambiental sobre los intereses mineros tomó tiempo. Al final, el gobierno decidió proteger el medio ambiente y los recursos hídricos del país por encima de los intereses económicos de la industria minera. Esta decisión fue vista como una victoria histórica para el movimiento ambientalista en la región. Hasta la fecha, Costa Rica, Argentina y Panamá son los otros países latinoamericanos que han establecido restricciones a la minería, aunque sus restricciones son mucho más limitadas que la prohibición de El Salvador. Ojalá que la moratoria sume a Guatemala a la lista.