Las mafias corruptas en Guatemala lograron controlar los poderes del Estado y las municipalidades. Eso lo sabían bien las agencias de inteligencia de EE. UU. y su vasta red de espionaje mundial desde hace dos décadas. En las porosas fronteras de Mesoamérica prosperaba el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas con el apoyo de los políticos de turno, que impedían el normal desarrollo de sus países, lo que aceleraba la emigración a Estados Unidos de personas que huían por falta de oportunidades. Ante ese drama para la seguridad nacional de dicho país, Washington avaló la creación de la CICIG y dio sus frutos a favor de la justicia al llevar a prisión y procesar a variedad de altos funcionarios, magistrados, diputados bajo la dirección de su comisionado Carlos Castresana que marcó la pauta en su lucha para acabar con la impunidad. Pero el sistema corrupto lo desplazó a base de mentiras ya que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina objetó con firmeza el trabajo de la CICIG por interferir en asuntos internos en el proceso incoado contra el general E. Ríos Montt por violación a los Derechos Humanos. Así, el presidente O. Pérez Molina y sus cancilleres Fernando Carrera y Carlos Raúl Morales planearon ponerle fin de la CICIG en 2015 porque su nuevo comisionado Iván Velázquez tenían sospechas que Pérez Molina estaba involucrado en un masivo fraude aduanero, por lo que iba pedir su antejuicio para poder procesarlo. Velázquez sin embargo lo llevó a juicio junto con su vicepresidente Roxana Baldetti.

No fue la primera vez que la diplomacia guatemalteca atacaba a la CICIG pues en 2013 el primer canciller de Pérez Molina, Harold Caballeros, defendió el statu quo y difamó Castresana junto con la mayoría de articulistas de diarios ligados a la UFM al frente de Mario David García, porque tenía evidencias que que parte de la clase política estaba ligada al crimen organizado y cooptaba los poderes del Estado. Desde 2014 el Ministerio de Gobernación y la Cancillería orquestaron al unísono una acción en contra de la CICIG, en represalia porque desnudaba el sistema oscuro. Pérez Molina pidió a través de su nuevo canciller Carlos Raúl Morales que pidiera a la ONU la suspensión de la CICIG porque lo investigaba. Pérez ordenó a su inteligencia militar entorpecer las tareas de la CICIG, mientras Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron a Velázquez, al tiempo que se negaron a venderle armas a Guatemala, porque se descubrió que varios generales vendían armas a los narcos para enriquecer sus bolsillos.  

Ese año y el siguiente se generó en EE. UU. una crisis humanitaria por el aumento de niños centroamericanos que cruzaron solos la frontera debido a la falta de gobernanza de sus países, en especial en Guatemala. Los pequeños se alojaban en guarniciones militares en terribles condiciones. Miles de menores pretendían unirse a sus padres al huir de la violencia de su país natal producida por el crimen organizado y la falta de oportunidades de empleo en sus lugares de origen. Según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cualquiera puede pedir asilo al sentirse perseguido, mientras las autoridades de inmigración de EE. UU. recibían muy mal a los mesoamericanos.

El vicepresidente estadounidense Joe Biden quedó en 2015 a cargo del Plan de Prosperidad para Centroamérica para ayudar al Triángulo Norte. En su visita a Guatemala con su esposa dijo que: “Las economías de Guatemala, El Salvador y Honduras continúan rezagadas respecto de las Américas que van adelante. Aquí la corrupción está institucionalizada, la delincuencia de las maras hace estragos, la educación es limitada como las inversiones y se camina hacia atrás. Seis millones de jóvenes centroamericanos entrarán al mercado del trabajo en la siguiente década. Si no tienen oportunidades, entonces el hemisferio entero sentirá sus consecuencias”. Entretanto, en América Latina, Guatemala ocupó el sótano en el desarrollo democrático. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) dio a conocer los resultados de una evaluación, que determinó que la inseguridad alimentaria afectó en 2015 a 874 mil personas en Guatemala, 682 mil en Honduras y 85 mil en El Salvador. La acción internacional y local debía armonizarse para resolver ese grave problema.

El embajador de EE. UU. en Guatemala reiteró a principios de 2015 lo dicho por el secretario John Kerry, sobre la generalizada corrupción del gobierno de Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti. Además, criticó al sistema de justicia local, que enojó al presidente Pérez cuando Ríos Montt fue procesado por genocidio junto a otros oficiales que participaron, como Pérez, en las masacres de pueblos originarios. Ese se quejó por la injerencia en su gobierno del Cuerpo Diplomático. Ante la presión gubernamental, la Corte de Constitucionalidad detuvo el proceso contra Ríos Montt.

En abril de 2015 la CICIG tuvo evidencias que comprometían a la vicepresidente Roxana Baldetti. Vino la explosión social en manifestaciones masivas para que renunciara y fuera enviada a prisión. Pérez Molina y su círculo de amigos militares fueron arrinconados junto a otros que dirigían el seguro social, el IGSS, que fueron enviados a la cárcel. El turno le vino a Baldetti al renunciar. “La embajada” y el CACIF dieron un compás de espera a Pérez Molina, mientras la CICIG y el Ministerio Público continuaron investigando a Baldetti. Y a Pérez. Entretanto la Cancillería, a cargo de Carlos Raúl Morales con su staff, promovió en todas las embajadas y misiones de Guatemala la defensa del binomio presidencial, como lo hacía el Ministerio de Gobernación. Así, sus embajadores en el exterior, en especial ante la ONU y Washington, orquestaron falsedades para criticar la labor de la CICIG. El “Pacto de Corruptos”, que controlaba al Estado, se les unió para tildar de comunista al comisionado de la CICIG Velásquez, añadiendo que su trabajo entorpece la economía del país.