Hoy, 14 de enero de 2025, marca el primer aniversario de la administración del presidente Bernardo Arévalo, considerándose este, como un período que se encuadra en un contexto de profundos desafíos políticos, económicos y sociales.

Está claro que existen avances, que pueden considerarse buenos y significativos, tales como los que se evidencian en el remozamiento de escuelas, la implementación de un sistema de probidad dentro del Organismo Ejecutivo para la prevención de la corrupción y algunos subsidios sociales.

Sin embargo, diversos obstáculos en la gobernabilidad, una lucha mucho más profunda contra la impunidad y la limitada inversión en infraestructura se perfilan como aspectos clave para fortalecer esta administración en el futuro.

Cualquier esfuerzo que realice este gobierno tendrá frutos positivos si se enfatiza el campo de la lucha contra la corrupción, pues está claro que nada se logrará, mientras siga imperando este sistema que engloba las prácticas más obscuras para operar y hacer de este país la piñata que expulsa privilegios y el dinero del erario público a un grupúsculo de ciudadanos inconscientes y ladrones que se apropian de todo, cual fuera esta su finca privada.

Por ello, este putrefacto sistema que le permite a esta insulsa población de corruptos sangrar a este país, sólo podrá destruirse instaurando otro sistema que desplace a aquél.

Este es y seguirá siendo uno de los más importantes retos de este gobierno y aunque parezca inocuo, deberá seguir adelante en la implementación de principios y normas que generen controles y trazabilidad a través de la digitalización, para permitir la disminución de la discrecionalidad y las prácticas fraudulentas.

En este sentido, ha sido importante implementar toda una red de probidad que ojalá logre sus alcances no sólo dentro del Organismo Ejecutivo, sino también permee dentro de otras entidades autónomas y semiautónomas del Estado, esperando así elevar los controles y términos de las compras e inversión pública, libre de corrupción y con transparencia. 

Hasta finales de 2024, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registró aproximadamente un 70.67% de ejecución presupuestaria, dejando en evidencia una falta de planificación y capacidad para implementar proyectos clave en tiempo y forma. Este rezago no sólo afectó la conectividad y el desarrollo económico, sino que también genera frustración y desconfianza en la ciudadanía, en la capacidad del gobierno para traducir el presupuesto en resultados concretos.

A lo largo del año 2024, la lucha anticorrupción fue el tema toral del presidente Arévalo, considerándose su base para lograr una buena gobernanza.

Pasado un año, aún se evidencian muchas falencias y por ello el camino debe seguirse emprendiendo y con mucha más energía, superando uno de los grandes valladares como lo es la comunicación, misma que en múltiples ocasiones ha sido limitada y de poco alcance.

Saber comunicar a tiempo, con claridad, determinación y razonable periodicidad, impedirá la zozobra que se genera en la población y sólo así se desincrustarán esas nocivas narrativas que obstruyen la verdad, los avances y las cosas positivas que se han logrado.

Esperemos este aspecto sea mejorado y se tomen en cuenta, tanto la crítica constructiva como los apoyos que al respecto se han brindado. Es importante recordar que el comunicar proactivamente, con antelación y no sólo desde la reactividad, puede hacer una enorme diferencia.

A este respecto, debe privar la misma lógica antes mencionada, respecto a desincrustar un sistema implementando otro. En esa misma línea, el éxito de una buena comunicación podría generar conexión y alianza con el pueblo para generar narrativas positivas, claras y correctas, que transmitan con veracidad las buenas acciones y avances del gobierno.

Ojalá se trabaje en ello y se propicien los cambios oportunos para que la comunicación cumpla su objetivo y se brinde con fluidez e impacto.

Es innegable que este gobierno ha enfrentado ataques que le generan un constante desgaste, pues luchar contra estructuras corruptas profundamente enquistadas en el aparato estatal, no facilita el trabajo.

Este ha sido un desafío muy grande y será imperativo tomar todas las acciones que sean necesarias para no permitir que esta situación se agrave, por las falencias antes expuestas, aunado a la falta de cohesión entre sectores y el poco fortalecimiento de las instituciones, especialmente las encargadas de proveer seguridad y justicia.

La ausencia de avances significativos en la depuración del sistema judicial, la limitada capacidad de la Policía Nacional Civil y la falta de acciones coordinadas con el Ministerio Público reflejan el enorme trabajo pendiente.

Muchas son las metas por alcanzar, pero deberá ser trascendental, mitigar hasta donde sea posible esa infructuosa confrontación abierta que se ha generado entre gobierno central y la fiscal general, María Consuelo Porras, pues a pesar de estar muy clara su postura y enfoque de trabajo, es necesario entender que ella no se irá de su lugar ni dejará su puesto como cabeza del MP, pues el momento oportuno para haberle sacado quedó atrás, cuando se gozaba de esa fuerza ciudadana que definió su futuro y acuerpó la democracia. Hoy estamos ante otro escenario y será importante entender que esa lucha anticorrupción no será acompañada por esta institución, lo cual mientras más rápido se entienda, menos dañinas serán las consecuencias.

De ahora en adelante será necesario reforzar esa resistencia del Ejecutivo a las acciones judiciales dirigidas a deslegitimar su administración, para preservar la estabilidad democrática, trabajando lo suficiente para revertir la percepción de impunidad que prevalece en el país.

Será fundamental fortalecer instituciones clave, promoviendo la transparencia como eje transversal para aclarar las rutas de las acciones a tomar y ejecutar con probidad.

Nuevamente reitero la importancia de implementar políticas de gobierno abierto que fortalezcan la auditoría social y permitan a la ciudadanía monitorear la ejecución presupuestaria.

Para salir adelante y realmente lograr cambios profundos, será esencial fortalecer los sistemas de compras públicas para garantizar que los contratos sean asignados de manera justa y eficiente.

Por último y no menos relevante será esencial buscar el apoyo y diálogo con todos los sectores, tales como el indígena, empresarial, académico y de la sociedad civil, para diseñar estrategias anticorrupción integrales, lo cual aminorará la incertidumbre y falta de certeza en las acciones del gobierno.

En conclusión, este segundo año del actual gobierno de Guatemala, deberá con mucho ahínco, enfocarse en superar las limitaciones del primero, reconociendo los avances en diversas áreas, pero aceptando que es y será imprescindible que tanto el presidente como todo su equipo de trabajo, prioricen la lucha contra la corrupción, para realmente mejorar la ejecución de proyectos clave, como los de educación, salud, infraestructura y desarrollo.

Esa promesa de gobierno ético y cercano al pueblo aún conserva su vigencia y estamos deseosos de poder avanzar, logrando un verdadero fortalecimiento institucional, acompañado de una comunicación eficaz, fundada en sólidos y claros liderazgos que combinen firmeza, diálogo y acción.