A finales de 2024, la escena política guatemalteca se encuentra sumida en una crisis profunda, marcada por la utilización sistemática del poder judicial para minar la legitimidad del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y desarticular al partido que los llevó al poder: Movimiento Semilla. Los acontecimientos recientes, culminados con la cancelación de la personalidad jurídica de este último por orden de un juez penal, reflejan una estrategia de guerra jurídica (lawfare) que, lejos de ser una novedad aislada, responde a patrones más amplios presentes en la región. En particular, este caso se asemeja a lo que podríamos denominar como “la vía peruana” de golpe de Estado: un proceso lento, fragmentario y formalmente legal, que busca desgastar, bloquear y, eventualmente, derrocar a un gobierno incómodo para las élites tradicionales sin recurrir necesariamente a las armas.

El contexto no es menor. Tras el estallido social de 2015, Guatemala vio surgir una efervescencia ciudadana con sed de cambio. Ese ánimo, aunque enfrentó una reacción feroz por parte de las élites políticas y empresariales, logró, años más tarde, una expresión concreta en las urnas. La sorpresa de 2023 fue la victoria electoral de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes, a través de Movimiento Semilla, encarnaron la esperanza de reformas institucionales mínimas que pudieran comenzar a desmantelar las redes de corrupción e impunidad que han asfixiado al país. Sin embargo, esa inesperada victoria trastocó los planes de quienes se aferran al viejo orden. Desde entonces, el Ministerio Público (MP), el poder judicial y sectores afines han emprendido una campaña sistemática para neutralizar esa amenaza emergente.

El episodio más reciente y revelador ocurrió el 29 de noviembre de 2024. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató de inmediato la orden del juez penal Fredy Orellana y canceló la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. Esta decisión, técnicamente impecable a ojos de su ejecución, pero jurídica y políticamente perversa, llegó luego de un proceso judicial impulsado por el MP desde 2023, en el que las acusaciones contra Semilla han ido escalando. El hilo conductor de estas acusaciones parte de supuestas irregularidades en la fiscalización electoral de fondos, financiamiento no registrado, supuestas firmas falsas  y, más recientemente, la admisión de cargos por parte de la exdiputada de Semilla Ligia Hernández –quien, tras sufrir tortura psicológica, aceptó la culpabilidad de delitos relacionados con la fiscalización financiera del partido–. Estos elementos, lejos de ser evidencia de una investigación imparcial, se han convertido en munición para desacreditar al partido en el gobierno.

Es importante resaltar que esta dinámica no ocurre en el vacío. Semilla se posesionó como bancada oficial en enero de 2024. La sorpresiva, aunque efímera, elección de Samuel Pérez como presidente del Legislativo, con el apoyo de 69 diputados de otras 15 bancadas, generó expectativas de diálogo y eventuales reformas. Sin embargo, las dificultades en construir alianzas sólidas, el predominio de partidos conservadores y vinculados al expresidente Alejandro Giammattei, así como a las excandidatas Zury Ríos y Sandra Torres, han generado un ambiente adverso. Semilla, que Plaza Pública evaluó inicialmente como una fuerza que había dejado de ser moderada, se ha visto obligada precisamente a moderar sus tácticas para poder lidiar con la hostilidad legislativa y la carencia de apoyos firmes, tanto dentro del Congreso como en la sociedad civil independientemente organizada. La falta de articulación con movimientos sociales, colectivos urbanos y otros actores críticos del sistema ha dificultado aún más su capacidad de maniobra.

A pesar de las debilidades y limitaciones, la cancelación de la personalidad jurídica de Semilla marca un hito clave: es un paso firme hacia la consolidación de la «vía peruana» contra el gobierno de Arévalo-Herrera. Esta estrategia no es un golpe de Estado tradicional, sino una estrategia basada en el uso sistemático de la ley para neutralizar al rival. No hay tanques en las calles, ni generales declarando estados de excepción. En cambio, se aprovechan las grietas institucionales, la dependencia del poder judicial con respecto a intereses oscuros y la amenaza constante de acusaciones penales para encaminar un golpe lento, depurado, formalmente respaldado por sentencias, resoluciones y providencias.

El caso guatemalteco recuerda a lo ocurrido en Perú con Pedro Castillo, donde la tensión constante con el Congreso, el uso instrumental del aparato legal y la creciente criminalización de su entorno político llevaron finalmente a la destitución del presidente. La llamada “vía peruana” no consiste en sacar tanques a la calle, sino en crear una situación de ingobernabilidad legal, acorralando al Ejecutivo desde lo jurídico. Se trata de una estrategia política disfrazada de proceso judicial, en la que las acusaciones, las investigaciones selectivas y la manipulación de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral y la justicia son las armas de elección.

El MP, la CSJ e incluso sectores del TSE, en complicidad con ciertos jueces, han orquestado un escenario donde cada acción del partido gobernante, cada paso dado por Semilla, ha sido reinterpretado y retorcido como un delito. Si hay un error formal en el financiamiento electoral, se magnifica, criminaliza y utiliza para el hostigamiento jurídico. Si un integrante de Semilla, bajo presión u obvia tortura psicológica, admite cargos, eso se emplea como palanca para apuntalar una narrativa de criminalidad interna. Este patrón no es fortuito: se trata de la construcción perversa e infame de una narrativa que busca justificar la extirpación del partido del escenario político, debilitando a su vez la legitimidad del Ejecutivo y enviando un mensaje a la ciudadanía: aquí no hay ni puede haber una ruptura con el pasado; aquí se respeta la ley de la gente más corrupta e impune.

La guerra jurídica es especialmente insidiosa porque se nutre del prestigio del derecho. Al cumplir con formalidades legales, las élites corruptas intentan proyectar la imagen de que todo se hace de acuerdo con la ley, que aquí no hay persecución política sino simple aplicación de la justicia. Así es como se ha comportado el CACIF y así es como, de modo solapado e hipócrita, le han dado apoyo institucional e ideológico al proyecto de la restauración total. Por supuesto, no se menciona que esas mismas instituciones han sido cooptadas, que los fiscales y jueces responden a intereses que nada tienen que ver con la justicia social, ni con la voluntad popular expresada en las urnas.

El resultado es un panorama incierto y perverso en el que, ante la cancelación de su partido, Semilla solo parece poder recurrir a interponer recursos legales. Pero la experiencia de la guerra jurídica indica que la legalidad no está de su lado. El entramado institucional, capturado y puesto al servicio de la restauración del viejo orden, no dejará espacio para una defensa legal exitosa. Sin embargo, la precaria condición legal de Semilla a fines de 2024 plantea la urgente e impostergable necesidad de no limitar la lucha al terreno jurídico. Esto implica llevar el conflicto a las calles, a la opinión pública, buscar la movilización ciudadana que recordamos de 2015, e intentar forjar una articulación destituyente contra este dispositivo oligárquico-judicial que se está desplegando a toda luz y sin ninguna limitación legal o constitucional.

La noción de una articulación destituyente implica reconocer que la simple resistencia pasiva o el apego formal a las leyes no bastan. Esta articulación debe conectar a Semilla con movimientos sociales, organizaciones urbanas y rurales, colectivos de derechos humanos, feministas, indígenas, estudiantiles y de trabajadores/as. Debe reactivar la indignación latente en la sociedad guatemalteca que una vez impulsó las protestas masivas de 2015 y 2023. La clave es comprender que el proceso en marcha no es un evento aislado, sino una secuencia planificada que busca restaurar el control total por parte de las élites tradicionales, evitando que el experimento Semilla siente precedentes peligrosos para ellas.

La “vía peruana” de golpe de Estado describe precisamente la sutil combinación de acciones legales, mediáticas y políticas orientadas a desestabilizar al gobierno, forzándolo a cometer errores o a quedar arrinconado, hasta que la opinión pública –bombardeada por propaganda, titulares alarmistas y noticias falsas– acepte la destitución o la imposición de un gobierno títere como una salida a la crisis. Esta estrategia se replica con variaciones en toda la región. Brasil, con el “impeachment” contra Dilma Rousseff, o las presiones judiciales contra Cristina Fernández en Argentina, muestran que la guerra jurídica es una herramienta versátil y global.

En Guatemala, la consolidación de este método está al servicio del proyecto de restauración total. ¿Qué significa esto? Implica el retorno al status quo previo a las reformas o intentos de transparencia surgidos tras 2015. Significa desmantelar cualquier vestigio de independencia institucional, sepultar toda esperanza de reformar el sistema tributario, las aduanas, la policía y el aparato judicial. La restauración total busca reinstaurar sin disimulo los pactos entre políticos corruptos, empresarios prebendarios, militares retirados y redes criminales que aseguran la continuidad de la impunidad y la extracción de recursos públicos.

Para fines de año, el panorama se muestra sombrío. Semilla enfrenta su desaparición como partido, mientras su bloque legislativo se ve más aislado. La presión sobre Arévalo y Herrera se incrementa, dado que, sin un respaldo partidario formal, la gobernabilidad se tambalea. Los medios afines al establishment bombardean con la idea de ingobernabilidad y la necesidad de una «solución judicial» a la crisis incluyendo, donde sea posible y necesaria, la «muerte cívica» de los/as enemigos/as internos/as. Es probable que se intensifiquen las denuncias, las citaciones judiciales y las tramas que involucren a figuras cercanas al gobierno, al punto de su renuncia e incluso el exilio, con el objetivo de forzar renuncias, sustituciones o pactos humillantes.

Para el próximo año, el proyecto de la restauración total prevé un escenario en el que, sin Semilla en el panorama legal y en el mejor de los casos, el Ejecutivo quede atrapado en un limbo político, obligado a pactar con las mismas fuerzas que pretendía moderar o reformar. Si Arévalo no cede, la presión seguirá hasta que se encuentre la forma de removerlo, ya sea mediante un proceso legal cuestionable y espurio, una serie de reformas legales ad hoc o la fractura interna de su base de apoyo. El destino del gobierno dependerá en gran medida de la capacidad de articulación y movilización ciudadana, de la presión internacional y de la audacia que el propio Ejecutivo y sus aliados puedan demostrar.

El reto es indudablemente inmenso. La meta de la restauración total no es simplemente desalojar a Semilla del poder, sino dejar una enseñanza aleccionadora: mostrar que ningún experimento reformista es tolerable y que en el país de la «eterna primavera» no pueden ni deben haber primaveras desde abajo. Que ninguna fuerza política orientada a la transparencia y la rendición de cuentas puede sobrevivir en un entramado institucional minado por la corrupción sistémica. Así se busca acallar las aspiraciones de cambio real, reinstaurando el cinismo político y la bajeza moral como norma.

Sin embargo, la historia no está escrita en piedra. La ciudadanía guatemalteca ya demostró en 2015 que puede reaccionar ante los excesos. El gobierno de Arévalo y Herrera, pese a las limitaciones y ambivalencias, podría encontrar en la articulación social y en el ensamblaje de alianzas no convencionales un camino para resistir esta embestida. La clave será entender que la legalidad, por sí sola, no basta cuando la ley está siendo usada en su contra; se requerirá ingenio, coraje político y la recuperación del espíritu ciudadano de escisión y ruptura que impulsó la protesta hace casi una década.

En suma, la cancelación de Semilla, el hostigamiento contra Arévalo y Herrera, y las maniobras del MP y el poder judicial, son elementos de una estrategia compleja de guerra jurídica y «vía peruana». Esta recuerda a la vía peruana del golpe blando, donde el golpe no se da a balazos, sino con expedientes judiciales y amenazas legales. De cara al fin de 2024 y el inminente 2025, el proyecto de la restauración total busca aniquilar cualquier brote reformista, restableciendo su hegemonía sin necesidad de tanques. El desafío para quienes anhelan la democracia y la justicia es encontrar la forma de quebrar esta lógica perversa, quizá combinando la lucha legal con la movilización social, la presión internacional y el ensamblaje de una alternativa política que supere las trampas del sistema jurídico capturado.