A principios de agosto, diarios internacionales ya documentaban la captura de Ligia Hernández, fundadora del partido dizque cancelado y a su vez no cancelado, Movimiento Semilla, y directora del Instituto de la Víctima. Hernández se encuentra siendo señalada por presunto financiamiento electoral no declarado, en relación con el caso «Corrupción Semilla«. Caso que ya supuestamente habíamos dejado en el olvido. Este asunto ha colocado al gobierno en el centro de una tormenta tanto judicial como mediática. Porque aquí, necesitamos ser mediáticos y divulgativos. Necesitamos nuestra dosis diaria de información pretenciosa.

Además de cuestionar la ética de una figura pública, el caso pone en evidencia las profundas fracturas y retos que enfrenta el sistema judicial guatemalteco. Ligia Hernández ha manifestado públicamente que está siendo víctima de lo que ella califica como una persecución política.

En sus declaraciones, ha afirmado que su detención es parte de un esfuerzo por acallar a quienes buscan liberar al país de las manos de una élite criminal. Este caso forma parte de un conjunto de acciones judiciales que han impactado a importantes personalidades del ámbito político y social en Guatemala. La negación de medidas sustitutivas y la prolongada espera en prisión preventiva parecen ser estrategias utilizadas para debilitar la resistencia y acallar a aquellos que se oponen al sistema establecido.

Ahora le pregunto a usted, ¿qué juez cree que negaría esas medidas? Desde su celda, ha denunciado insistentemente lo que percibe como una persecución política, calificando las acciones del Ministerio Público como un intento desesperado por silenciar las voces críticas.

Este tipo de relato no es ajeno a la anormal realidad guatemalteca; en años recientes, numerosos casos han involucrado a figuras políticas y sociales sometidas a procedimientos judiciales que varios sectores interpretan como impulsados por razones políticas.  Como se ha mencionado en columnas anteriores, casos como los de Claudia González y Virginia Laparra son emblemáticos en la lucha por la justicia en Guatemala. González, activista de derechos humanos, fue arrestada bajo las mismas falsas acusaciones que muchos consideran infundadas, enfrentándose a un sistema judicial que, para varios, prioriza la protección de las élites sobre los derechos del pueblo. Laparra, por su parte, se vio forzada al exilio, abandonando su hogar y su país en busca de seguridad y libertad. Su salida refleja una difícil realidad que muchos guatemaltecos enfrentan: escoger entre la prisión o el exilio como resultado de la persecución política. ¿Esa es la nueva primavera que nos esperaba?

Vaya primavera. Parece más un invierno desastroso y malévolo controlado por jueces, abogados y magistrados malencarados. El papel de Hernández al frente del Instituto de la Víctima cobra una relevancia aún mayor. Su trabajo ha sido esencial para amplificar las voces de quienes han sido marginados y brindar apoyo a aquellos que han sido olvidados por el sistema.

Su arresto no sólo interrumpe su misión, sino que también priva a las víctimas de un aliado indispensable en su búsqueda de justicia. Es crucial que tanto la comunidad internacional como los ciudadanos guatemaltecos levanten su voz en defensa no solo de ella, si no de todos los que somos víctimas de este sistema tan podrido. Si, lo escuchó bien, y repito: todos los que somos víctimas. Yo he sido víctima, usted ha sido víctima, somos las víctimas de este sistema.

¿Desde cuándo permitimos que el miedo y la intimidación se conviertan en instrumentos de poder? La justicia debe ser imparcial, y la ley debe aplicarse de manera equitativa para todos. No podemos permitir que sus nombres ni sus sacrificios sean olvidados. Aunque la justicia pueda tardar, llegará, y será el resultado del valor de quienes se atrevieron a soñar con un futuro mejor para todos.