Esa reinserción internacional tiene un sentido político interno, y es hacer contrapeso a las mafias y fuerzas antidemocráticas que han hecho del sistema judicial su feudo de impunidad de corrupción y crimen, criminalización de operadores de justicia y la disidencia, y desestabilización del nuevo gobierno.

El foro inmediato ha sido la OEA, que vigiló el amenazado proceso de transición hasta que llegó a buen puerto en la madrugada del 15 de enero con la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. En febrero la CIDH realizó una visita de seguimiento a la medida cautelar oportunamente dictada a favor del periodista Jose Rubén Zamora. Luego, a petición del mandatario, el Consejo Permanente conformó una misión de observación del proceso de elección de cortes del Organismo Judicial, que ya realizó su primera visita al país. Y del 22 al 26 de julio la CIDH llevará a cabo una evaluación in loco para “observar los impactos del debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial”, después de su última visita en 2017.

Antes, entre el 16 y el 19 de julio, se hará presente el foro multilateral global por excelencia, la ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien recientemente aplaudió los esfuerzos gubernamentales para “reforzar la protección” de activistas, periodistas y líderes indígenas que siguen siendo objeto de ataques por haber denunciado la corrupción y pedido rendición de cuentas a los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Morales y Giammattei fueron desleales a la Constitución marcando una pauta aislacionista y renegando de los compromisos internacionales de Estado. El primero violó el Acuerdo de la CICIG, y ambos, con un falso lenguaje nacionalista y un inflamado tono de “no intervención” aislaron al país de la comunidad de las naciones democráticas. Cerraron las puertas a los relatores temáticos de los foros multilaterales, pero tendieron alfombra roja a las medidas unilaterales de Trump, como ofrecer el territorio nacional –en el caso de Morales– como depósito humano de migrantes irregulares.

Ese periodo de oscurantismo contrasta con la recuperación de la política de puertas abiertas, que también tiene un sentido económico desde el punto de vista de la relocalización de grandes inversiones trasnacionales que salen del lejano oriente. Guatemala tiene un campo abierto para renovar su vieja planta industrial por una tecnológica, repatriar capitales y ampliar su oferta comercial, a la vez que moderniza su infraestructura de comunicaciones, pero mientras no se rompa el círculo vicioso que impone un sistema judicial viciado, ni la democracia ni el desarrollo podrán florecer.