El reciente Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, ha generado tanto expectativas como indignación.

Por un lado, se destacan inversiones significativas en áreas como educación, salud e infraestructura; pero por otro, surgen cuestionamientos sobre la transparencia y las prioridades reales del Legislativo, especialmente tras incluir un aumento salarial inesperado para los diputados, el cual eleva su sueldo a más del doble.

Como sucede año con año, es el presupuesto más alto de la historia y esto es así, por múltiples factores, que van desde inflación, incremento en las necesidades de la población y el inevitable aumento del coste de la vida.

En esencia es un presupuesto que promete, pero no convence.

El monto que se aprobó es de Q148,526 millones, el cual representa un incremento del 7% respecto al del año 2024 y como arriba se menciona, prioriza sectores fundamentales como lo es educación (Q25,600 millones), salud (Q15,200 millones) e infraestructura vial (Q10,000 millones).

Dichas cifras podrían interpretarse como un avance en políticas públicas para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, el optimismo inicial se desvanece al confrontar la histórica incapacidad del Estado para ejecutar el presupuesto de forma eficiente y transparente.

A pesar de los diversos análisis y objeciones que hubo respecto a dicho presupuesto, finalmente este gobierno, tiene el dinero, y con ello podrá materializar sus promesas, para cambiar el rumbo de este país y así transformar esa histórica y nefasta ineficiencia envuelta siempre en corrupción, siendo la constante causa para este subdesarrollo.

Es momento de echar a andar maquinaria, poniendo al centro esa agenda anticorrupción, consolidada en la Red de Propiedad que ya debe estar operando con toda su energía dentro del Ejecutivo y proyectada hacia afuera como luz de cambio, a esa tan prometida primavera.

Los guatemaltecos honrados y de bien, es lo que deseamos.

¿Pero es eso lo que realmente nos espera? Pues lo sabremos dentro de unos meses, en donde los cambios deberán comenzar a visualizarse, acompañados de esos derechos y responsabilidades que como ciudadanos se tienen, enfocados a ejercer esa autoría social y fiscalizar el erario público.

Cabe mencionar que el Congreso también aprobó la inclusión de Q1,795 millones para ONGs y programas sociales específicos, lo cual siempre despierta dudas sobre la verdadera intención de algunos de sus gastos.

¿Son estos fondos una solución a las carencias sociales o, más bien, un instrumento político para ganar simpatías?

Todo esto genera siempre incertidumbre y diversidad en las reacciones, pero dentro de ello, uno de los puntos más controvertidos, está el del incremento salarial a los diputados, quienes pasarán de ganar Q29,150 a Q46,700 mensuales, con el argumento de equiparar su salario al de magistrados de Salas de Apelaciones.

¿Es esto una justificación o un abuso?

Este cambio fue aprobado en una sesión de madrugada, situación que no es inusual, pero el haberlo hecho sin debate público y como parte del presupuesto del Congreso, que aumentó en Q270 millones respecto al año pasado, genera mucha molestia y animadversión.

Dicho aumento fue respaldado por 87 votos, principalmente de las bancadas VAMOS, UNE y VALOR, mientras diputados del partido SEMILLA, WINAQ-URNG y otros, expresaron su oposición, señalando que el aumento era inapropiado en medio de las necesidades presupuestarias del país.

En pocas palabras, este aumento refleja desconexión con las prioridades ciudadanas y un acto injustificado de autobeneficio, el cual resulta totalmente desproporcionado en un país en donde la mayoría de sus ciudadanos gana menos del salario mínimo.

El Presupuesto 2025 pone en evidencia una vez más las profundas contradicciones del sistema político guatemalteco. Aunque se presenta como un instrumento para el desarrollo, su implementación y las decisiones paralelas, como el aumento salarial de los diputados, demuestran que las prioridades del Congreso siguen distantes de las necesidades del país.

Guatemala no sólo necesita más recursos; requiere un cambio de rumbo político que priorice el bienestar de su gente sobre los intereses individuales.

¿Será este el punto de inflexión que la ciudadanía demande para cerrar la brecha entre los gobernantes y los gobernados? Solo el tiempo —y la acción colectiva— lo dirá.

En conclusión, este presupuesto, junto con las decisiones controvertidas, tomadas en su aprobación, deja en evidencia la importancia que tiene esa ciudadanía, la cual debe mantenerse vigilante y exija transparencia en el manejo de los recursos públicos. La fiscalización no es sólo una tarea de instituciones especializadas, sino una responsabilidad compartida por todos los guatemaltecos.

Un pueblo informado y participativo tiene el poder de marcar la diferencia, exigir rendición de cuentas y promover un sistema político que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses personales.  Es momento de estar atentos y actuar como guardianes del futuro del país.