En 2023, el 15.7% de las personas en Guatemala vivían en pobreza extrema y el 40.7% en pobreza no extrema, lo que significa que más de la mitad de la población -56.4%- estaba en situación de pobreza. Sorprendentemente, hace 25 años, en el año 2000, los números eran prácticamente los mismos: el 16.2% de la población vivía en pobreza extrema y el 39.8% en pobreza no extrema, resultando en un total de 56.0% de pobres. Este estancamiento en los niveles de pobreza a lo largo de más de dos décadas nos indica que, a pesar de algunos avances en términos de crecimiento económico, el modelo económico guatemalteco ha sido incapaz de generar las oportunidades y el bienestar necesarios para que la mayoría de la población pueda salir de la pobreza. Da lo mismo si se tratara de 5 o 10 millones de personas de pobres, el problema principal es que la estructura económica actual sigue condenando a millones de guatemaltecos a la pobreza, a empleos de mala calidad y a ingresos insuficientes para mejorar sus condiciones de vida.

Es indiscutible que contar con estadísticas precisas es crucial. Las mediciones correctas de las condiciones sociales y económicas son herramientas fundamentales para comprender la magnitud real de los problemas y diseñar políticas públicas efectivas. Sin embargo, independientemente si los umbrales de ingreso utilizados en las mediciones son demasiado altos, e inflan las cifras de pobreza y magnifican el problema de la pobreza, o demasiado bajos, y subestiman el verdadero desafío y minimizan la precariedad en la que viven millones de guatemaltecos, el reto que tiene el país no es solo fortalecer la producción de estadísticas.  Si la mejora del nivel de vida de los guatemaltecos dependiera solamente de la precisión técnica de las estadísticas, valdría la pena hasta el cansancio para alcanzar un glorioso consenso nacional sobre la cifra exacta de pobreza. Pero por más rigurosas que pudieran ser las mediciones, la situación material de millones de guatemaltecos seguiría siendo la misma.

A lo largo de las últimas décadas, aunque el PIB de Guatemala ha mostrado un crecimiento moderado, este crecimiento ha sido insuficiente para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Millones de guatemaltecos continúan atrapados en un ciclo de baja productividad y bajos ingresos laborales, trabajando en condiciones precarias. El mercado laboral guatemalteco sigue siendo altamente informal, lo que restringe el acceso a empleos estables y productivos, a la seguridad social y a opciones laborales mejor remuneradas. Mientras tanto, las remesas, que cada vez representan un porcentaje mayor del PIB, solamente han sido un salvavidas para la economía. Si bien han ayudado a mitigar la pobreza en muchas familias, no han logrado superar las causas estructurales de la pobreza.

El verdadero desafío radica en crear una estructura productiva distinta, que pueda sostener el crecimiento de manera inclusiva y proporcionar las oportunidades necesarias para que los guatemaltecos puedan prosperar. Para ello es imperativo reformar el mercado laboral para promover la formalización del empleo. Esto no implica solo cambios en las leyes laborales, sino también crear las condiciones necesarias para atraer inversiones productivas y generar empleos de calidad. También es necesario educar y capacitar a la fuerza laboral para que pueda integrarse plenamente en un mercado formal y productivo. La inversión en infraestructura es crucial para impulsar la productividad, sin embargo, no se trata solo de construir carreteras, puertos y aeropuertos; la infraestructura debe estar enfocada también en cerrar las brechas sociales, asegurando que las comunidades más vulnerables tengan acceso a servicios básicos y a mercados. Los programas sociales, que en muchos casos se han presentado como la solución más efectiva para mitigar la pobreza, necesitan una revisión completa. La nueva encuesta sugiere que gran parte de estos programas no está llegando a quienes más los necesitan: la población en pobreza extrema. Los recursos deben ser gestionados de manera más eficiente y honesta para que los programas sociales tengan un impacto real en las vidas de las personas más afectadas.

De igual o más importancia, es indispensable enfrentar dos de los obstáculos más grandes para el desarrollo: la corrupción y la ineficiencia del Estado. Mientras no se supere la corrupción endémica que socava la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas efectivas y distributivas, no solo se dificulta y reduce la efectividad de las intervenciones estatales, sino que también destruye la confianza en las instituciones, inhibiendo la inversión y perpetuando la desigualdad. Lo mismo sucede con la eficiencia de la gestión pública, cualquier esfuerzo por reducir la pobreza que requiera algún tipo de acción del gobierno será, en el mejor de los casos, ineficaz, y en el peor, terminará perdiéndose en la inefectividad y la corrupción. Superar la pobreza no solo requiere reformas económicas profundas, sino también un Estado más transparente y eficiente, que sea capaz de ejecutar las políticas necesarias con integridad y rendición de cuentas.