En el transcurso de su mandato, un presidente se enfrenta a una variedad de desafíos y oportunidades, pero muy pocos momentos son tan críticos como aquellos en los que tiene la posibilidad de responder directamente a las demandas de sus votantes. El domingo 5 de mayo del año en curso, a las veintiún horas en cadena nacional, el presidente de la república Bernardo Arévalo se dirigió a la nación con un desafiante mensaje en contra de la fiscal general. Dijo el presidente: “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe de terminar ya. Como presidente de la República, electo directamente por el pueblo, con un mandato explícito para luchar por la transparencia y combatir la corrupción no puedo tolerar que esta injusticia continúe porque mi norte es y será siempre cumplir esta misión, combatir la corrupción, promover el desarrollo y proteger la democracia”. En un escenario bien pensado, delante de la bandera de Guatemala y el retrato de su padre el expresidente Juan José Arévalo, el presidente toca repetidas veces durante su mensaje la Constitución Política de la República, la cual está colocada al lado de su mano izquierda. Continúa diciendo: “En el ejercicio del poder de iniciativa de ley que me otorga la Constitución Política, he decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes, y sea removida de su cargo en el marco de la ley”. Una postura firme y en total sintonía con sus promesas de campaña. Cuando escuché el mensaje del presidente Arévalo, estaba convencido de que este no habría sido difundido sin el pleno control del mandatario sobre los factores que harían posible la remoción del cargo de la fiscal general. Sin embargo, previo al mensaje del presidente Arévalo, el Ministerio Público presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de evitar cualquier acción que provenga desde la Presidencia de la República, con el fin de remover de su cargo a la fiscal general antes de que concluya su periodo constitucional.

Como fuera anunciado en cadena nacional, el lunes 6 de mayo el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera –acompañados por su gabinete y actores de diversos sectores de la sociedad guatemalteca–, presentaron ante el Congreso de la República la iniciativa de ley para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. De esta forma quedaron los legisladores expuestos bajo la lupa de la población: con sus actos dejarían claro de qué lado de la historia están.

Con un escenario intimidante y acompañada por personal del Ministerio Público, la fiscal general convocó el 7 de mayo a una conferencia de prensa, en la cual, con una escolta a un costado, envió un desafiante mensaje en respuesta a las acciones tomadas por el presidente. Dice la fiscal general: “Quiero enviar un mensaje claro y contundente ante las acciones espurias, maliciosas y antidemocráticas, propiciadas por el señor presidente Bernardo Arévalo y la señora vicepresidenta Karin Herrera”. Entre tantas otras cosas, la fiscal manifiesta lo siguiente: “Deje de mentirle a la gente, sea serio, póngase a trabajar y vele por los intereses del pueblo. Sí, seré un obstáculo para el que quiera ser corrupto”. En paralelo, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional a la acción que presentó la fiscal general, para que no pueda ser destituida por el presidente de la república. Mientras tanto, quedó en evidencia que en el Congreso no existen las inminentes alianzas para alcanzar los indispensables 107 votos que permitirían hacer la reforma de la ley; ni siquiera se estableció el quorum necesario para atender el orden del día.

En este ambiente político llegó a Guatemala el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. En tanto, durante el Congreso Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la fiscal general aprovechó para ser fotografiada casual y afectuosamente con algunos de sus directivos. En este choque de trenes, ¿de qué lado está la balanza? ¿El Gobierno del presidente Arévalo se fortalece con su actuar o con el pasar del tiempo pierde la confianza, el apoyo y la esperanza de quienes creyeron en él? ¿La fiscal general se fortalece o empieza su cuenta regresiva?

El reconocido columnista Lionel Toriello escribió en reciente columna en este mismo periódico, que el presidente de la República está facultado constitucionalmente para remover de su cargo a la fiscal general. Dice el Ciudadano Toriello: “Estando constitucionalmente facultado para hacerlo, la noche del 5 de mayo el presidente Arévalo no rompió el nudo gordiano. Prefirió seguir la ruta indirecta, digamos ‘colegiada’, pidiéndole al Congreso reformar una ley que según el artículo 44 de la Constitución Política de la República es NULA ipso jure. Ojalá me equivoque, pero eso saldrá políticamente tan oneroso como el tristemente célebre ‘paso al costado’ de Samuel Pérez a mediados de enero. Otra oportunidad histórica desperdiciada. Otra grave decepción popular más…”.

Quiero pensar que detrás del presidente Arévalo y su gobierno hay una estrategia; que no perderán el norte para acelerar la inevitable conclusión del periodo constitucional de la fiscal general. Que su lucha en contra de la corrupción continuará, aunque sea cuesta arriba durante lo que dure el mandato de Consuelo Porras. Que lo que parecen batallas perdidas, son los cimientos de un gobierno alejado de las prácticas y mañas de sus antecesores y que transitarán por las rutas correctas en contraposición a las acostumbradas. Espero que tanto el presidente como los miembros de su gobierno recuerden que la mayoría del pueblo está con ellos, al menos por ahora, y que las oportunidades perdidas no solo representan una decepción para aquellos que depositaron su confianza en una nueva opción sino que también tienen consecuencias más amplias para el país en general. Si están improvisando, sepultarán una oportunidad histórica de cambio y el regreso al pasado que prometieron cambiar será devastador. Ahora bien, si el Ciudadano Toriello tiene la razón, ¡actúen de inmediato!, confíen en que cuentan con el apoyo de la mayoría del pueblo guatemalteco y de la comunidad internacional.