El juicio en contra de las personas acusadas por la muerte de 41 niñas, ocurrida dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, es relevante para nuestra sociedad; sin embargo, no ha tenido la cobertura que debiese y es algo realmente preocupante ya que no se le está dando la importancia que debe tener el hecho que, en un hogar de cuidado a cargo del Estado en marzo de 2017, hayan muerto niñas que estaban bajo abrigo y protección de éste. Esto es una muestra de lo poco que preocupa la niñez y la vulnerabilidad de la cual son sujetos.

Son varios factores los que confluyen para que un niño o niña ingrese a un hogar de abrigo y protección, independientemente de que éste sea o no del Estado. La pobreza y exclusión social es un factor que afecta en demasía a nuestra niñez, en especial a las niñas que viven en hogares de bajos ingresos o en situación de pobreza extrema, ya que son las más propensas a experimentar una serie de privaciones que las hacen más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación.

Por otro lado, la violencia doméstica que viven muchos hogares, donde las niñas tienen un mayor riesgo de ser víctimas de abuso físico, sexual y emocional. Así también la discriminación de género, porque las niñas y las mujeres en general, la enfrentamos diariamente en diversos ámbitos de la vida, lo que coloca en una posición de mayor fragilidad. La falta de acceso a educación y servicios de salud porque lamentablemente en Guatemala, no se tiene acceso a la educación o a servicios de salud de calidad, teniendo como consecuencia que muchas niñas se vean privadas de las herramientas y los recursos necesarios para protegerlas.

Peor aún, los embarazos y maternidad a temprana edad de los cuales muchas niñas son víctimas, ya que por diversos abusos se convierten en madres forzadas, con lo cual sufren complicaciones de salud, tienen que abandonar la escuela y vivir en la pobreza. A todos estos factores se suma la falta de redes de apoyo sólidas, como familiares, amigos o comunidades, y no olvidemos la falta de leyes y políticas públicas adecuadas para proteger a las niñas de la violencia, el abuso y la discriminación.

Muchos casos de las niñas víctimas que murieron y otras que sobrevivieron en el hogar estatal denominado “Virgen de la Asunción”, son el reflejo de todas estas violencias señaladas. Todas tenían un común denominador: eran niñas víctimas que necesitaban ser protegidas y cuidadas porque en sus hogares ocurrieron distintos hechos que, como indiqué al principio, confluyeron para que un juzgado de niñez y adolescencia ordenase que debían ingresar a un hogar de cuidado temporal.

Trabajar con niñas y niños víctimas de cualquier tipo de violencia requiere de una mística ya que no es una labor homogénea, sino que varía en función de una serie de factores como la edad, la etnia, el contexto sociocultural, entre otros. En lo personal, considero que es un trabajo que debe ser realizado con mucha entrega, profesionalismo y sobre todo compromiso.

Durante muchos años ha habido señalamientos de malos tratos que sufren niñas y niños en los hogares estatales a cargo de la Secretaría de Bienestar Social -SBS-. Como abogada defensora de los derechos de niñez víctima, pude conocer las falencias y sobre todo la corrupción que existía dentro de esta institución, cómo ésta fue cooptada durante años para pagar favores de campañas electorales otorgando plazas a diversas personas quienes no se presentaban a trabajar; o bien no llenaban los requisitos para poder cuidar a la niñez víctima.

El hecho que, en marzo de 2017, en un hogar del Estado hayan muerto 41 niñas y que ahora están siendo juzgados algunas de las personas que de alguna u otra forma tuvieron participación en lo ocurrido, es fundamental para determinar la responsabilidad, aplicar las penas correspondientes y sobre todo garantizar la reparación del daño a las víctimas y a sus familias.

Este caso es de suma relevancia, porque evidencia los desatinos que hubo durante la dirección de la Secretaría de Bienestar Social durante esos años, ya que muchas negligencias ocurrieron lo que ocasionó que las niñas se aglutinaran para reclamar sus derechos y que lamentablemente terminó en muerte para muchas de ellas. Sin embargo, la conmoción social y mediática únicamente duró un momento y no se le ha dado la cobertura necesaria para visibilizar cómo ocurrieron los hechos ese marzo de 2017, lo que permitiría mantener la atención sobre este problema, generar debates necesarios y promover acciones concretas para prevenir actos tan atroces.

Los hogares estatales son una deuda para la niñez y un desafío para quienes están a cargo de su actual administración. Procurar la contratación de personal adecuado y mantener manejos transparentes es fundamental para fortalecer la institucionalidad y brindar a la niñez un trato digno y adecuado.

Para las familias de las niñas víctimas y para las niñas sobrevivientes, mi respeto y consolación, para el Estado, cumplir con su obligación de proteger los derechos de las niñas, incluyendo su derecho a la vida, integridad física y la libertad de violencia para evitar que lo sucedido no se repita.

#NoFueElFuegoFueEl Estado.