En este país ha sido tradicional la utilización de barreras a la libre competencia, como mecanismo, para mantener un mercado cautivo, controlado por atávicos monopolios, operados por rancios grupos familiares; aquello explica el limitado número de empresas “grandes” que existen en el país y que, ha permanecido casi inamovible por más de medio siglo, esto sucede en las más rentables ramas de la economía: la escasa industria, banca, servicios y agricultura de plantación. Esas mismas empresas a través del control del Estado, han erigido las barreras a la libre competencia, con las cuales inhiben la presencia de competidores. Estas limitaciones de acceso al mercado reducen arbitrariamente la oferta al consumidor.

Son largas la batallas sociales y políticas por superar esa decimonónica situación; solamente en el nivel del Organismo Legislativo, los debates iniciaron con el siglo XXI y a estas alturas no se concretan en legislación, se da largas -intencionadas- a la discusión, ahora mismo se discute de nuevo, con base a una iniciativa de ley del año 2016,  la número 5974, suscrita por Carlos Barreda y Arístides Crespo entre otros, en un esfuerzo por emitir una ley que elimine las barreras a la libre competencia y dar paso a reglas económicas más justas e inclusivas. En esto hay un obstáculo recurrente: el COCODE de la Cañada, que, así como frenó, la ley de Desarrollo Rural Integral y Ley de Aguas ha logrado detener este avance legislativo. Son sectores empresariales de viejo cuño, tienen pavor a la competencia, quizá por sus propias falencias. Ese sector “pudiente” de la sociedad, a través de las peroratas de sus empleados exigen reglas claras y estables, sin embargo, se oponen a las reglas que regulan la relación laboral, la cuestión impositiva y libre competencia ¿incongruencia o doble agenda? El lector tiene la respuesta.  

Es sabido, que, en un mercado de libre competencia, la sociedad en tanto consumidora de bienes y servicios resulta beneficiada, en opciones, calidad y precios. La misma sociedad en su papel de generadora de riqueza: trabajadores hombres y mujeres, también se ven beneficiados con mayores en un mercado libre de barreras a la competencia ¿Por qué? Una de las reglas de la competencia debe ser la creación de empleo decente, es decir, aquel, en donde existe salario digno, prestaciones laborales, libre organización y estabilidad laboral. Guatemala como Estado está comprometido con aquellos derechos, no solamente desde la perspectiva ética o de mercado, son obligaciones legales al amparo de los Convenios Internacionales del Trabajo, suscritos en el marco de la Organización Internacional de Trabajo. OIT.

De estas consideraciones, no es difícil colegir la importancia que la legislación de competencia tiene para el desarrollo sostenible y dentro de este, los derechos laborales, base inobjetable de la productividad laboral. La competencia no puede estar solamente orientada a eliminar barreras de mercado, su objeto final es lograr mejoras en la calidad de vida de la población, en donde trabajo decente es factor fundamental. Ante la ausencia de la Universidad Nacional, en este debate, como fue antes. El debate generado por OXFAM, con la presentación de excelentes trabajos sobre la “Productividad, Salario y Competencia en Guatemala” ha sido escenario razonable y documentado, sobre legislación en curso. Un invaluable aporte en el marco de la construcción democrática de este país.