En columna de la semana pasada comenzamos comentando los resultados de los mapas de pobreza, publicados por los expertos en pobreza y consumo de hogares del Instituto Estadístico,  a partir de los datos del último censo de población y habitación, y de la encuesta ENCOVI 2023.

Si la democracia se midiera por resultados, como bien lo prescribe la poesía pública de la planificación, sí que debiéramos replantearnos el papel de los tres poderes del Estado y un sinnúmero de instituciones pobladas de burócratas y tecnócratas. Y ello porque sencillamente nos encontramos en el pelotón de rezagados latinoamericano, en materia de condiciones de vida. Y lo paradójico es que no mostramos los rezagos propiamente económicos y de recursos, como los que ofrece actualmente Haití, Honduras, Nicaragua e incluso algunos países sudamericanos.

Dentro de los departamentos de mayor rezago y que jalan el indicador hacia arriba (mayor porcentaje de pobreza) hemos ya hablado de Alta Verapaz y Huehuetenango. Ahora miremos los casos de Quiché y Jalapa.

El caso de Quiché resulta ser paradigmático de: despojos de tierra, poblaciones desarraigadas, genocidio, falta de infraestructura, analfabetismo y marginación indígena. Hace poco en estas páginas publicamos una breve historia de los latifundios en el país Ixil, dominado por familias de abolengo, conocidas en la economía agrícola anglosajona como absent farmers (granjeros ausentes), que explotan la tierra desde encopetados barrios y edificios de la ciudad capital, tienen sus dividendos en paraísos fiscales y utilizan capataces, agrónomos de escuelas como Zamorano y Tecnológico de Monterrey, entre otras; y se han diversificado a diversas actividades económicas, principalmente rentistas, de bienes raíces, y comerciales importadoras, entre otras. Son las clásicas productoras de la desigualdad y la extracción de recursos.

La violencia es uno de los motores de la acumulación de capital en pocas manos. En el informe resumen de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se resalta que el Departamento de Quiché resultó ser el más afectado, con el 46% de las violaciones a los derechos humanos. Le siguen, en su orden Huehuetenango y las  verapaces que, sintomáticamente forman parte de los cinco más rezagados en pobreza de toda la república irredenta, y aún bananera e imperio de los monocultivos y los latifundios.

Los municipios en donde se registró el mayor número de violaciones fueron, en su orden: Ixcán, Nebaj, Uspantán y Chajul en Quiché, siguiendo Rabinal en Baja Verapaz. Curiosamente, tales municipios se encuentran entre los más pobres, junto a otros que se caracterizan por su alejamiento con respecto al epicentro de manejo de recursos en el área metropolitana. Dentro de los mismos resalta uno del área Xinca, como lo es San Carlos Alzatate.

El departamento de Quiché concentra sus recursos y la perspectiva turística alrededor del cinturón altiplánico atrayente de folklorismo y de la singularidad que esta tierra ofrece, gracias a la cercanía entre el bello lago de Atitlán y los parajes turísticos del mismo con el municipio de Chichicastenango. Otro mundo diferente le depara al Ixcán, que hace frontera con México y colinda con el departamento de Petén, y en donde se asienta hoy la palma africana y ha sido en la historia inmediata parte central de la guerra contrainsurgente.

El caso de Jalapa demanda de otras facetas de estudio, pero tiene que ver a menudo con una característica básica de la pobreza guatemalteca: la montaña, la ruralidad y la marginación de las etnias originarias, como en este caso le corresponde a los xincas.

En las regiones de oriente es común en la narrativa de entrevistas y percepciones de académicos y políticos, referirse al rezago de los montañeses. Hace poco a este escribiente le tocó efectuar un estudio sobre las potencialidades del oriente guatemalteco, y era común oir en chiquimultecos y jalapanecos referirse a La Montaña, como ese lugar alejado en donde los pobres, los campesinos y los menos educados se asientan.

Cuando uno ve el pobrerío que se aglutina desordenadamente en forma temporal -o permanente- alrededor de mercados y centros históricos de las ciudades intermedias orientales, así como en Cobán, -como lo afirmamos en la columna anterior- suele uno referirse a campesinos indígenas que se enfrentan a los avatares de la vida aislada de la ruralidad montañesa.

En San Carlos Alzatate y regiones colindantes, se convive a la vez con la industria extractiva. Puede ser el monocultivo, como en otras regiones, o bien  el complejo mundo de la minería, el que provoca la violencia extractiva y explotadora.

Los xincas han venido haciendo historia por su lucha en contra de las mineras. El asedio proviene, entre otras, de la empresa norteamericana Tahoe Resources Inc, explotadora del mineral más preciado del orbe: el oro.

San Carlos Alzatate colinda precisamente con municipios de Santa Rosa, como es el caso de San Rafael Las Flores, en donde se localiza la minera extractora del preciado metal. Vale aclarar que Santa Rosa y varios de sus municipios también enfrentan los grandes desafíos de la pobreza y de la pobreza extrema.

En síntesis, ¿qué podemos concluir en estas dos primeras columnas sobre el mapa de la pobreza?:

El presidente Arévalo ha venido anunciando en los últimos días, el cumplimiento de la meta de mil kilómetros de caminos rurales rehabilitados, como parte de los avances del programa de Rehabilitación de la Red Vial Estratégica de Tercer Orden. Dicho programa está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con la colaboración de los municipios involucrados. Se cortó así la cinta de inauguración de un tramo en Purulhá Baja Verapaz.

La planificación y las políticas públicas, para priorizar la erradicación de la pobreza, debiera tener dirigidas todas sus baterías y recursos precisamente en estos programas y proyectos, bien diseñados, con apoyo de la cooperación técnica y financiera internacional digo yo.

Ahora bien, las baterías y las herramientas deben alejarse de las políticas asistencialistas y de repartidera de alimentos, fertilizantes y material de labranza entre otros, y volver a revisar programas como el de la Política Rural Integral -PNDRI-, que debieran tener en los ministerios de Comunicaciones, Salud, Educación y principalmente el de Desarrollo toda una visión integral renovada de Desarrollo Social.

De esto y otras cosas nos ocuparemos, si las páginas de eP Investiga y quienes lo dirigen así lo permiten en 2025.