Al abrir mi cuenta de X (anteriormente Twitter), me encuentro inmediatamente inmersa en un cúmulo digital cada vez más polarizado. Mensajes replicados por netcenters y cuentas anónimas que parecen tener un objetivo claro: desinformar, propagar odio y promover contenido violento o misógino.

Este fenómeno plantea una profunda reflexión sobre los límites de la libertad de expresión en el entorno digital. La diferencia entre expresar una opinión legítima y promover un discurso nocivo se ha vuelto cada vez más difusa, especialmente en un país como Guatemala, donde la legislación sobre violencia digital es carente.

La libertad de expresión constituye un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, así lo ha indicado la RELE de la CIDH en varios documentos. Este derecho permite a las personas criticar abiertamente a sus gobiernos, cuestionar decisiones políticas y manifestar inconformidades sin temor a represalias. Sin embargo, cuando estas opiniones se transmiten desde el anonimato con el propósito deliberado de desinformar, el ejercicio de este derecho comienza a distorsionarse.

Los netcenters, estructuras organizadas que operan múltiples cuentas falsas para amplificar mensajes específicos, representan una de las mayores amenazas a la integridad del debate público en redes sociales. Estas operaciones no buscan contribuir al diálogo democrático, sino manipular la opinión pública mediante la repetición masiva de información falsa o tergiversada.

En Guatemala, como en muchos países de América Latina, este problema adquiere dimensiones particulares. La ausencia de legislación específica que penalice el acoso y la violencia digital crea un entorno propicio para que estas prácticas proliferen sin consecuencias legales. Esto genera un vacío donde las normas morales son transgredidas constantemente bajo el escudo del anonimato.

El problema se agrava cuando consideramos el impacto real de estos mensajes en las personas e instituciones atacadas. Detrás de cada publicación difamatoria hay personas, ya sea hombres o mujeres, cuya reputación, salud mental y seguridad pueden verse comprometidas. Funcionarios públicos, periodistas, activistas y ciudadanos comunes se convierten en blancos de campañas de desprestigio orquestadas desde la oscuridad del anonimato digital.

Es importante distinguir entre la crítica legítima y el ataque malintencionado. Cuando una persona expresa su desacuerdo con políticas gubernamentales o cuestiona el desempeño de un funcionario o funcionaria públicos de manera fundamentada o sin inventar datos o hechos que atenten contra la integridad y el honor, ejerce plenamente su derecho a la libre expresión. Sin embargo, cuando esta crítica se transforma en acoso sistemático, difusión de información falsa o incitación a la violencia y misoginia, traspasa los límites de lo éticamente aceptable.

Las plataformas digitales, enfrentan un desafío considerable. Por un lado, deben proteger la libertad de expresión; pero por otro, tienen la responsabilidad de evitar que sus espacios se conviertan en vehículos para la propagación de discursos de odio, misoginia y desinformación. Lo que resulta cada vez más difícil de mantener.

En el caso específico de Guatemala, la ausencia de un marco legal robusto para combatir la violencia digital crea un entorno donde esto se normaliza. Las víctimas de estos ataques frecuentemente se encuentran desprotegidas, sin herramientas legales efectivas para defenderse o buscar reparación por los daños sufridos.

Abordar este problema requiere un enfoque multidimensional e interdisciplinario. Como avanzar hacia la creación de marcos legales que reconozcan y penalicen adecuadamente las diversas formas de violencia digital, incluyendo la desinformación organizada, el acoso y la incitación al odio en plataformas digitales. O bien contrarrestar con contra narrativas.

Las plataformas debiesen asumir un papel más activo en la moderación de contenidos, permitiendo identificar y contrarrestar la actividad coordinada inauténtica, como los netcenters.

Por lo que para construir un ecosistema digital más beneficioso y equilibrado, es necesaria la educación y colaboración entre diversos grupos: autoridades, empresas tecnológicas, organizaciones ciudadanas, usuarios y usuarias. Las plataformas digitales deben funcionar como verdaderos foros de intercambio democrático, no como instrumentos de manipulación, tergiversación ni replicar discursos de odio y misóginos.