Un interesante reportaje a cargo de Geldi Muñoz Palala ha sido publicado en Plaza Pública el pasado 8 de agosto. Su título es sugestivo: Los dilemas del agricultor, clima, consumidores enojados y amenazas de la DIACO. Y enfatiza, con ricos datos, en las críticas que se hacen hacia el sector como consecuencia del alza de las verduras y las amenazas de ser investigados por presuntamente inflar los precios.

Considero que hay otras amenazas provenientes de agencias públicas como la SAT que, ante las presiones de ampliar la base tributaria, arremete en contra del denominado sector económico informal, lamentablemente sin tener claros los eslabones que se conforman entre la esfera de la producción y las de la distribución de lo producido.

Veamos qué pasa en la esfera productiva. La periodista investigativa se dirige a Los Planes en Sumpango, y entrevista a un típico campesino, don José Gallina, quien comienza narrando las vicisitudes del cambio climático, y cómo han impactado en su pequeña parcela tomatera.

Para sembrar, se necesita de insumos. Bien sabemos que buena parte de los mismos son importados. En otros tiempos por lo menos había un Instituto Público de ciencias agrícolas – el IICA-, que intentó investigar y distribuir semillas mejoradas. Ahora desde los plaguicidas, hasta las semillas tienen un sello corporativo. El agricultor las paga, y los grandes monopolios adquieren de inmediato el efectivo, y el beneficio. Mientras tanto, si no hay esfuerzos individuales o colectivos de producción y distribución, los acopiadores diversos imponen sus precios.

El reportaje se extiende hacia Almolonga, en donde se observan riesgos parecidos: terrenos abandonados, pérdidas por cosecha, y las grandes consecuencias del cambio climático

Una entrevista a don Daniel Machic, productor de Almolonga, menciona lo difícil de mantener el capital de trabajo, mostrando el tablón de apio dañado. Y subraya el costo de semillas importadas, de los fertilizantes, los insumos agrícolas y el transporte. «Todo esto no lo mira el Gobierno, solo mira que el producto que llega al mercado está caro».

Coincidimos totalmente con don Daniel, y así lo hicimos saber también en recientes artículos publicados en Plaza Pública, en donde hacemos ver la indiferencia social ante las vicisitudes de la producción agrícola y las reacciones sesgadas de los ambientes de la protección al consumidor.

Los riesgos de la producción, de acuerdo con lo investigado, son altos: durante la temporada seca, con alto calor, incluso se recurrió a comprar pipas, por algunos, para evitar la pérdida de cosecha, que en algunos casos incluso llegó a un 50%. Quienes no tenían acceso a riego, lo perdieron todo. Luego vino el aguajal, y todo ello provocó estrés en las plantas. Lo mismo ocurrió con los cultivos de chile, ejote y güicoy, dice el reportaje.

La periodista observó los cultivos marchitos de brócoli, apio, lechuga, perejil, cilantro y coliflor. La citadina que acude a las bodegas comerciales, a los mercados cantonales o bien a los supermercados, es exigente con el producto pues la competencia y la costumbre así lo exige. Se esfuerza con su trabajo por alimentar a la familia. Pero quienes se encuentran en el terreno de la política pública, los grupos de interés como las cámaras empresariales, o bien, las cooperativas de producción o de consumo, tienen gran responsabilidad en mitigar riesgos, y fomentar la producción.

La lógica del «¿Qué Hacer?», nos dirige al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero también hacia un Gabinete Económico, y otro de tipo social, que no sé si aún existe. Además, resulta evidente que las entidades ligadas con el medio ambiente, y el crecimiento y predominio de la gran agricultura de plantaciones, ligadas con la exportación agrícola, también tienen muchísimo que ver en estos entuertos.

El reportaje de Plaza Pública comprueba la existencia del denominado Seguro Agropecuario para Pequeños Agricultores, que se dice que beneficiará a 60,000 productores en 2024. Pero, de la pequeña muestra entrevistada, y de los lugares visitados poquísimos son los beneficiados, mientras que, en la huerta de América Central, como se le llama Almolonga, tal seguro pareciera no existir.

En tiempos pasados, en la gestión de Alvaro Colom, para ser más precisos, se llegó a hablar mucho de la agricultura familiar y de la puesta en práctica del desarrollo rural integral, al que en más de una oportunidad este escribiente llegó a etiquetar como «un bebé de Mamuth», cuando se llegó a plantear un superministerio de desarrollo rural, paralelo al alicaído MAGA. Se pudieron hacer los ajustes, pero desde Pérez Molina hasta el giammatteiato, todo esto fue totalmente ignorado, y además, lo que queda de política agrícola, supeditado al más aberrante clientelismo municipalita y distrital.

Resulta evidente que la institucionalidad necesita de toda una reconversión, pero también la política productiva del país. La indiferencia al cambio climático, el desdén por la deforestación y la conservación, y las políticas económicas proclives a los agronegocios tienen al país en un Estado de inanición, siguiendo poco a poco el modelo del comercialismo y la migración.

La clase política y los sectores de poder, no lo dicen de frente. Pero para ellos (la mayoría son hombres de cacicazgo y patrimonialismo), resulta cómodo expulsar gente y generar la ansiada divisa. Además, con su cámara de comercio poderosa, se presiona a la Junta Monetaria, para que esta intervenga en caso de que el Quetzal supere la sempiterna cifra de Q8.70 del tipo de cambio nominal con respecto al billete verde (el Dólar).

La lógica predominante, y la práctica cultural de la política económica es: bajar aranceles y permitir la masiva entrada de productos agrícolas subsidiados de todas partes del mundo, llegándose al extremo de que en los últimos meses se tuvo que proceder a importar frijol de la China Continental.

Hace ya muchas décadas, al menos existía un sector público agrícola que algo funcionó. Además había programas de riego, investigación agrícola, y no digamos planificación. Al punto que los libros de historia reciente bien señalan el fuerte papel que tenía la Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y Alimentación -USPADA-., Además del Instituto del acopio y comercialización para estabilizar precios – INDECA-.

Todas estas oficinas comenzaron a destruirse en tiempos de Alvaro Arzú, cuando un ex Ministro de apellido Reyes Mayén, viniendo de Cámara del Agro, desmanteló el sector público agrícola. Y luego llegó a hacer múltiples travesuras al IGSS, que no era ni por asomo su campo de especialización.  Al mismo tiempo, cuando estuvo en MAGA,  otro ministro de Arzú,  Fritz García Gallont, hacía lo mismo con la Dirección General de Caminos, y descremaba FEGUA.

Repensar el tema bien merece de rápidos replanteamientos, y reportajes como el de Plaza Pública contribuyen a alumbrar el camino.