En los últimos años, la lucha contra la corrupción se ha vuelto un eje central en el debate público y en las políticas de gobierno. No es extraño que muchos países hayan adoptado más normativas anticorrupción como mecanismo para restaurar la confianza en las instituciones y frenar el desvío de recursos.

Sin embargo, en este enfoque se tiende a olvidar un aspecto crucial: el fomento y formación de valores desde el seno de la institucionalidad y con mucho más énfasis, desde la niñez, como un pilar esencial para combatir de raíz el problema de la falta de transparencia, los actos corruptos y el fraude.

El fenómeno de la corrupción no es sólo un asunto de orden legal o administrativo, sino una cuestión que comprende la falta de principios y valores como la ética.

La construcción de una cultura por la transparencia y de consolidación de estos valores éticos es fundamental en esta lucha, pues las leyes podrán castigar y sancionar conductas corruptas, pero no serán la única solución y menos cuando no existe un sistema de justicia sólido y fuerte, como es el caso de Guatemala.

Por lo tanto, atender la enseñanza y el fomento de los principios éticos es trascendental y aunque muchos lo vean infructuoso, deben recordar, que la única forma de combatir un sistema que opera a favor de la corrupción, es instaurando otro que opere a favor y basado en los valores, para que los mismos vayan permeando en la conducta y el actuar de las personas.

Está claro que será muy difícil lograr cambios radicales en poco tiempo, pero peor resultará nunca empezar, por lo que trabajar por la implementación de un sistema anticorrupción, fundado en la ética, será imprescindible.

Además, si esto ocurre desde muy temprana edad, la diferencia en la forma que las personas se conduzcan en la adultez, será muy distinta.

Hoy se reconoce el esfuerzo que la actual administración está haciendo, espacialmente desde la Comisión Nacional contra la Corrupción ( CNC), trabajando e instaurando la Red de Integridad, la cual recogerá los pilares éticos que deberán ser cumplidos por todos los funcionarios y empleados del Ejecutivo.

Todo esto deberá derivar en una estructura de valores sólidos que vayan más allá de las normas anticorrupción, ampliándose esos principios morales que deberán regir la estructura gubernamental.

Repito, hoy todo parecerá inocuo, teniendo claro los niveles tan altos de corrupción que se tejen en este país, sin embargo debe quedar muy claro que romper una estructura cooptada en sus múltiples instancias, únicamente desde el castigo y la reactividad, es imposible.

Forzosamente este esfuerzo de la lucha anticorrupción debe nutrirse y acompañarse de la formación y la prevención basada en los principios morales.

Esto comienza en los hogares y en las escuelas, para ir moldeando la conducta hoy incrustrada en una generación que muy posiblemente ya no tenga cura. Por lo tanto, ignorar la enseñanza e implementación de la ética, no debe ser olvidada ni menospreciada, sino ser el eje central en la formación educativa de los niños y las personas que sí tienen esa voluntad de vivir bajo la cultura de la transparencia.

Valores como la honestidad, la honorabilidad y los principios de la justicia, la responsabilidad, el bien común y el respeto al derecho y bienes ajenos, son fundamentales para que los futuros adultos comprendan que actuar con integridad, no es sólo una obligación legal, sino un deber moral.

¿Por qué priorizar los valores desde la institucionalidad y por ende desde la formación académica y escolar?

Los primeros años de vida son determinantes en la construcción de la personalidad y la ética de las personas. Es durante esta etapa que los niños comienzan a interiorizar las normas de convivencia y a desarrollar su sentido de lo correcto e incorrecto. Por ello, es vital que tanto en el hogar como en las escuelas se promuevan dinámicas que fomenten el diálogo, la empatía y el respeto por el bien común.

Así, bajo esta educación se consolidarán todos los principios que sustenten la sociedad y por ende, su misma institucionalidad.

Se están dando pasos importantes para ello, pero reitero la importancia de

no olvidar la educación basada en valores y principios sólidos para formar a las nuevas generaciones de ciudadanos correctos, comprometidos y conscientes de las consecuencias de sus actos.

Estamos muy concentrados en la implementación de normas y mecanismos anticorrupción en las esferas del poder, lo cual es necesario, pero es de suma importancia no dejar de lado la formación y la consolidación de la ética como  fundamento de nuestro actuar y mejor si es desde la infancia.

Estas no son sólo ideas aisladas, sino basadas en ejemplos a nivel global, en donde podemos observar la existencia de sociedades más éticas y con valores muy cimentados y en las cuales no es casualidad sus bajos niveles de corrupción y por consiguiente sus altos índices de desarrollo.

Una niñez que crece en un ambiente donde se premia la justicia y la transparencia, está menos inclinada a buscar atajos deshonestos cuando llega a la adultez y a posiciones de poder.

En este sentido retomo el título de esta columna de opinión: ¡Las  normas anticorrupción sin un sustento ético, no son nada!, desde el cual, pondero enormemente los esfuerzos para implementar esta Red de Integridad en el Organismo Ejecutivo, deseando la misma se haga extensiva a los demás organismos del Estado. Pero hago nuevamente el llamado a las autoridades encargadas de la educación de este país, para no seguir postergando la inclusión efectiva de diversos cursos que promuevan los valores éticos en los currícula de estudios guatemaltecos.

En conclusión y para dejarlo claramente plasmado: sólo la normativa anticorrupción no resolverá el problema de las prácticas fraudulentas, pues está bastamente comprobado que sociedades en donde sólo se promulgan leyes, la corrupción persiste, adaptándose e infiltrándose una y otra vez.

Una sociedad ética y comprometida con el bien común, no sólo se rige por leyes, sino por una moral interna plasmada desde las tempranas edades, que guíe las decisiones y acciones de esos futuros adultos y ciudadanos.