A pesar de que aún no ha finalizado el proceso de elección de las cortes, resulta evidente que el actual modelo es un fracaso total. Las negociaciones en el Congreso apuntan a que un buen número de diputados impondrán a sus consentidos. Los pactos establecidos previamente no lograron materializarse del todo, dando lugar a arreglos de último momento, pero predominará la elección de una mayoritaria de perfiles grises.

Este es el momento oportuno para nuevamente, como se hizo en 2011, colocar en el debate público la importancia de llevar a cabo reformas constitucionales en materia de justicia. A partir de lo ocurrido en 1999 y posteriormente en 2016, con los intentos de reformas constitucionales, la nueva propuesta debe centrarse única y exclusivamente en la justicia y no caer en la tentación de incorporar otros temas, que inviabilicen la propuesta original. Ambas experiencias partieron de ciertos temas centrales, pero después sufrieron agregados que entorpecieron la decisión final.

 En 2011, las Universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, se dieron a la tarea de elaborar e impulsar la discusión en el Congreso de la República de una propuesta de iniciativa de reforma constitucional acotada, en primera instancia, a los temas de seguridad y justicia, y posteriormente solo a la segunda de las dimensiones.

Si hace más de una década las motivaciones de la propuesta eran “los altos niveles de inseguridad e impunidad y la búsqueda de soluciones a estos flagelos”, ahora debe agregarse como premisa poner alto al control político-criminal del sistema en su conjunto. La inoperancia que experimentamos no admite paliativos. Una reforma constitucional es urgente y esencial.

El marco de la propuesta debe seguir siendo lo planteado en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática,  en donde se identifica que una de las debilidades estructurales del Estado guatemalteco radica en el sistema de administración de justicia, siendo imperativo revertir la ineficacia, erradicar la corrupción, garantizar el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación y la independencia judicial, entre otros aspectos.

La reforma constitucional en materia de justicia no es tarea sencilla.  El ingrediente central es la convergencia ciudadana para respaldar un contenido que implique el salto de calidad, pero que la experiencia 2024 deja al desnudo que las condiciones experimentadas ahora son más crónicas que las de 2011.

Dentro de las propuestas a considerar está la eliminación de las comisiones de postulación y la sustitución por un proceso de elección que minimice las intromisiones, politizaciones y otras alteraciones que menoscaben la justicia como componente de la vida en democracia. También podría incluirse la sustitución paulatina de los magistrados, la extensión de los períodos para fortalecer la carrera judicial, la eliminación del periodo anual de la Presidencia del OJ. También es necesario fortalecer la carrera judicial, así como garantizar la independencia del sistema de justicia y la designación de jueces y magistrados con base en méritos debidamente comprobados. Se aprovecharía la reforma para rediseñar el Ministerio Público y modificar el mecanismo de elección y remoción del fiscal general, para poner fin a la actual cooptación y distorsión de su mandato legal.