Hace unos días el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en conjunto con ONU Mujeres, publicó un informe “El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2024” en donde presenta un análisis exhaustivo sobre las tendencias globales en igualdad de género dentro del marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  El informe intenta ser alentador, registrando algunos avances en áreas como la reducción de la pobreza y el acceso a la educación para las mujeres, pero la realidad es que el mundo aún está lejos de cumplir los compromisos asumidos en relación con la igualdad de género, especialmente en lo que respecta al ODS 5.

El ODS 5 establece la meta global de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, garantizar la igualdad de oportunidades y derechos reproductivos, y asegurar la paridad en la participación política. No obstante, a solo seis años de la fecha límite de 2030, los datos evidencian que los avances han sido insuficientes. Ningún país ha alcanzado plenamente los indicadores del ODS 5, y las brechas persisten en áreas clave como la eliminación de la violencia de género y el cierre de la disparidad salarial. El informe subraya que, al ritmo actual de progreso, erradicar la pobreza extrema entre las mujeres podría tardar 137 años más. La feminización de la pobreza sigue siendo una realidad global, exacerbada por la falta de acceso a empleos formales y bien remunerados, y por la distribución desigual del trabajo no remunerado, como el cuidado del hogar y de los hijos.

En esa misma línea, se puede observar como a nivel global, ningún país ha adoptado todas las leyes necesarias para prohibir la discriminación, prevenir la violencia de género y garantizar la igualdad de derechos en el matrimonio, el divorcio y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres continúan enfrentando barreras estructurales y legales que perpetúan la violencia y la desigualdad. Uno de los aspectos más preocupantes es la baja representación femenina en los parlamentos. El informe proyecta que, si se mantiene el ritmo actual, la paridad de género en los organismos legislativos nacionales no se alcanzará hasta 2063. La falta de participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas no solo limita sus derechos, sino que también reduce la capacidad de los países para implementar políticas inclusivas y equitativas que respondan a las necesidades de las mujeres.

Guatemala, al igual que otras naciones en desarrollo, ha firmado los compromisos de los ODS y ha mostrado avances hacia la igualdad de género, pero enfrenta grandes desafíos estructurales y culturales que limitan el cumplimiento del ODS 5. Guatemala presenta una de las tasas más altas de pobreza en América Latina, y las mujeres, especialmente aquellas de comunidades rurales e indígenas, son las más afectadas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 60% de las mujeres rurales en el país viven en condiciones de pobreza. Muchas de estas mujeres carecen de acceso a servicios básicos, educación formal y empleo en la economía formal.

La feminización de la pobreza en Guatemala refleja la desigualdad en el acceso a recursos económicos y oportunidades laborales. Las mujeres en áreas rurales a menudo dependen de trabajos agrícolas de subsistencia, que las hacen más vulnerables a las fluctuaciones económicas y los efectos del cambio climático. Programas para reducir la pobreza femenina: A nivel gubernamental, Guatemala ha implementado algunos programas de asistencia social, como el programa de transferencias condicionadas «Mi Bono Seguro«, que busca apoyar a las mujeres en situación de pobreza. Sin embargo, la cobertura de estos programas sigue siendo limitada, y la falta de infraestructura adecuada en áreas rurales impide que lleguen a las poblaciones más vulnerables.

En materia educativa se considera que, a nivel mundial, el acceso a la educación para niñas y mujeres ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Guatemala ha experimentado algunos avances en esta área, pero persisten importantes brechas, particularmente en las zonas rurales e indígenas. De acuerdo con el Ministerio de Educación de Guatemala, solo el 55% de las niñas rurales completan la educación primaria. Las tasas de deserción escolar son más altas entre las adolescentes, debido principalmente a factores como el embarazo adolescente, el trabajo infantil y el matrimonio temprano.

Uno de los mayores retos que enfrenta Guatemala en términos de igualdad de género es la violencia contra las mujeres. La violencia de género es una crisis nacional que afecta a mujeres de todas las edades y regiones, con una de las tasas de feminicidio más altas del mundo. En 2008, Guatemala aprobó una ley integral para combatir el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Si bien esta ley representa un avance significativo, su implementación sigue siendo un desafío debido a la falta de recursos y la corrupción dentro del sistema judicial. Muchas mujeres no denuncian la violencia por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.

Las mujeres indígenas y rurales enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia. La falta de intérpretes en idiomas mayas, sumada a la distancia entre sus comunidades y los centros de atención judicial, hace que muchas mujeres no puedan presentar denuncias ni obtener protección. Una de las áreas clave para avanzar hacia la igualdad de género en Guatemala es la reforma legal. Es esencial que el país adopte y aplique plenamente las leyes que prohíben todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Además, se debe garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, así como la igualdad de derechos en el matrimonio, el divorcio y la propiedad. El fortalecimiento de las instituciones judiciales y la lucha contra la corrupción son fundamentales para asegurar que las leyes se implementen efectivamente y que las mujeres puedan acceder a la justicia.

El empoderamiento económico de las mujeres es otro aspecto clave, para esto se necesita que el gobierno guatemalteco aumente las inversiones en programas que proporcionen a las mujeres acceso a recursos económicos, como créditos, capacitación laboral y oportunidades de empleo en sectores no tradicionales. Creando políticas laborales que fomenten la igualdad salarial y protejan contra la discriminación de género en el lugar de trabajo también es esencial.

Finalmente, es necesario un cambio cultural que desmantele los estereotipos de género profundamente arraigados que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Las campañas de sensibilización pública pueden jugar un papel clave en promover una cultura de igualdad y respeto hacia los derechos de las mujeres. El avance hacia la igualdad de género en el mundo aún está lejos de ser suficiente, y Guatemala enfrenta desafíos adicionales debido a su contexto económico y social.

El informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas nos recuerda que el tiempo para cumplir con los ODS, incluido el ODS 5, es limitado. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino también esencial para el desarrollo sostenible de las naciones. Guatemala tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro más inclusivo e igualitario, pero el éxito dependerá de la voluntad política, la inversión en las mujeres y la implementación efectiva de reformas estructurales.