El nuevo gobierno asumió el poder, y la esperanza de cambio resonó en los corazones de una facción de los ciudadanos; aquellos que con su voto creyeron que un cambio era posible. Sin embargo, esta esperanza se enfrentó a un desafío monumental: un sistema profundamente arraigado de corrupción que se extiende tanto en la estructura horizontal como vertical del Estado. La lucha del bien contra el mal, en este contexto, se ha convertido en un enfrentamiento épico entre los ideales de justicia y la oscura realidad del clientelismo y la impunidad.

La corrupción, como un virus, ha infectado cada rincón del aparato estatal. El poder judicial, supuestamente el guardián de la ley, se encuentra en una indiscutible complicidad con las mafias que operan en las sombras. La justicia se ha convertido en un concepto elástico, moldeado por intereses oscuros y manipulaciones que buscan mantener el status quo. En este escenario, el nuevo gobierno enfrenta un dilema crucial: ¿cómo luchar contra un sistema que no solo es corrupto, sino que también ha tejido una red de complicidades que trasciende instituciones?

El ministerio público, que debería ser el baluarte de la legalidad, se ha convertido en un instrumento al servicio de los corruptos. La lucha contra la corrupción se ha visto obstaculizada por la falta de voluntad política y la presión de poderosos actores que se benefician del sistema. En este contexto, el nuevo gobierno se está enfrentando a la difícil tarea de desmantelar estructuras corruptas que han estado operando durante años, a menudo con el riesgo de perder su propia legitimidad, y en el peor de los casos, su propia existencia. En adición, aún esta por verse si la supuesta solvencia de los integrantes del Partido Semilla, el que llevó al poder al gobierno de turno, se mantiene ya en el poder. El pulso de la ampliación presupuestaria nos dará la pauta en su ejecución, poniendo a prueba a esta joven agrupación; no acostumbrada a ser quienes tienen la chequera.

La resistencia a este cambio no proviene únicamente de las elites corruptas, sino también de un electorado cansado y escéptico. La desconfianza en las instituciones ha crecido, y muchos ciudadanos sienten que las promesas de cambio son solo palabras vacías. Gobierno tras gobierno ha defraudado a los guatemaltecos por más de treinta años de democracia, en la que la corrupción y la impunidad solo han ido incrementando con cada nuevo gobernante. Sin embargo, es precisamente en este escepticismo donde reside una de las mayores oportunidades: la movilización social. Mas aún, cuando los ojos del mundo están puestos en los defensores del sistema de cooptación del Estado; condenándoles de manera categórica. Gran parte de esta clase corrupta, que continúa aún impune en Guatemala, escondida detrás de una supuesta “soberanía”, ya han sido sancionados por países como Estados Unidos y los de la Unión Europea. El mundo les condena, y acá una poderosa minoría les protege y les utiliza para continuar ordeñando al Estado. Un perfecto ejemplo de esto es el reciente Desayuno Nacional de Oración; evento que aglomeró a la mayoría de personajes sin visa para entrar a los Estados Unidos, a sancionados por el departamento de Estado de ese mismo país en la Lista Engel o con la Ley Magnitsky y muchos que pronto se sumarán.  Pero hoy, la información fluye de manera horizontal, y todos tenemos acceso a estar informados. Un ciudadano informado y comprometido puede convertirse en un poderoso aliado en la lucha contra la corrupción. La presión desde la sociedad civil, aunado al incondicional apoyo de la comunidad internacional puede forzar a sus gobiernos a rendir cuentas y a actuar con transparencia.

El camino hacia la transparencia y la justicia es arduo y peligroso. Los líderes que se atreven a desafiar al monstruo de la corrupción a menudo enfrentan amenazas, descalificaciones y, en algunos casos, incluso la muerte. Sin embargo, la historia ha demostrado que la lucha por el bien, aunque a menudo parece una batalla perdida, puede dar frutos si se alimenta de la valentía, la perseverancia y el apoyo popular. Bien reza el dicho que: “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.

Es fundamental que este gobierno no solo se enfoque en desmantelar la corrupción a nivel institucional, sino que también promueva una cultura de integridad y responsabilidad. La mayoría de los guatemaltecos somos personas decentes; acostumbradas, sin duda, a vivir en la anarquía, la corrupción y la impunidad. La educación en valores cívicos y la promoción de la ética en la administración pública son esenciales para construir un futuro donde el bien prevalezca sobre el mal.

En conclusión, la lucha del bien contra el mal en el contexto de este y cualquier otro gobierno que se enfrenta a un sistema corrupto es un desafío monumental. Sin embargo, es una lucha que ya no puede esperar más, y que hay que emprender, no solo por el bienestar presente, sino por las generaciones futuras. La esperanza no debe ser un lujo, sino un derecho de todos. La transformación de una sociedad enferma de corrupción hacia una donde predomine la justicia es posible, pero requiere del compromiso colectivo y del coraje de aquellos que se niegan a rendirse ante la oscuridad.