En 2025 se plantean nuevos desafíos que tienen una larga espera, y por ello van dejando visos de decadencia y óxido por doquier. Los mismos viajan desde el diseño de una normativa nueva y con visos de transformación y luego en la implementación de acciones que lleven a resultados exitosos. Desde el 2015 entre los más importantes se tienen : i) las adquisiciones del Estado; ii) el servicio civil; iii) la institucionalidad de la competencia de mercados.

Mucho que hablar de cada uno por separado, y en conjunto. Pero hoy bien vale la pena abundar un poco más sobre sobre lo relativo a la competencia de mercados, que en el primer semestre de 2025 estará completando una primera fase de implementación, por mandato del recién aprobado decreto  32-2024: Ley de Competencia.

El mismo tiene su origen  en las consideraciones constitucionales comprendidas en la Sección Décima, relativa al Régimen Económico y Social.  Y cuenta con un artículo atrevido para su tiempo, siendo éste el número 130 que comienza con el título: prohibición de monopolios. Y es que no concibo a creer que en una Asamblea Nacional Constituyente, en donde dominaban conocidos personajes inspiradores, o hijos de inspiradores, de la andanada contrarrevolucionaria de 1956 -Constitución que revocó importantes postulados de la revolución de octubre-se colara semejante ordenanza,  que ha dado lugar a incontables discusiones de diseño institucional desde el 2015, cuando se conformó el movimiento social conocido como LA PLAZA, impulsado por la CICIG de Iván Velásquez y el Ministerio Público de Thelma Aldana.

Resulta ser que a nuestros constituyentes se les ocurrió prohibir los monopolios, y además los privilegios, y así lo dice el famosísimo 130. Imagínese usted estimada lectora que la Carta Magna decretó, dentro de régimen económico y social, prohibir la andanada de favoritismos prevalecientes, detentados por una minoría de familias  gracias a la superestructura de la ley y el poder político y militar, desde la entrada del invasor español hace 500 años. Y el artículo, bien planteado, formalmente hablando, se ubica en el plano de lo económico y del mundo del dinero y de los patrimonios -la economía-; sencillamente porque es en esta esfera en donde se asientan todas las relaciones de poder ulteriores: las militares, las políticas, las familiares y oligárquicas, las culturales y de discriminación y cualquier otra interacción social por estos ambientes latinoamericanos.

Y por si ello fuera poco, el artículo sigue ordenando lo siguiente: “El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o perjudicar a los consumidores”.

Como se dice coloquialmente, ese día los constituyentes sí que se levantaron con el pie derecho, y le han venido causando un verdadero quebradero de cabeza, primero a los descendientes de las grandes familias de encomenderos y señores feudales, que hicieron su agosto, primero con los regalos de tierras post-conquista y reforma liberal, y luego a los herederos de las grandes familias detentadoras de los réditos de los oligopolios industriales de la integración centroamericana que, allá por los inicios de los sesenta, comenzó su periplo empresarial gracias a un arancel externo común centroamericano, que repartió el pastel para los privilegiados de las cinco comarcas centroamericanas con: textiles, agroquímicos, petroquímicos, y demás industrias livianas, que hoy hacen aguas frente a la competitividad asiática, y la prevalencia de un tipo de cambio que favorece in extremis, la importación. Desde baratijas, y bienes intermedios hasta la gran maquinaria y materia prima está dominada hoy por empresas de fuera del área centroamericana, que zozobra en la competitividad mundial, siendo la competencia interna una fase para acceder de nuevo a mercados externos.

Desde el 31 de mayo de 1985 hasta el 31 de mayo de 2025, en donde se tendrá conformado el nuevo directorio del ente descentralizado del Decreto 32-2024, habrán de pasar 40 años; en donde hubo décadas de alta indiferencia ante un posible diseño institucional relativo a la competencia de mercados. Y es evidente que la polémica continuará con la implementación de la institucionalidad por venir, y en donde la cooptación de los poderosos grupos de interés seguirá siendo la constante.

Guardo con especial cariño un libro inspirado por el economista Edgar Reyes Escalante, y que se titula Introducción a la Libre Competencia, de fecha mayo de 2011 y publicado oficialmente por la Dirección de Promoción de la Competencia del propio Ministerio de Economía.

Luego de pasar un buen período de exilio en Canadá, Edgar retornó a Guatemala y pudo insertarse burocráticamente en la citada Dirección creada a raíz de diversas iniciativas de organismos internacionales por fomentar y hacer mercado, en un país de altísima concentración de las inversiones y de privilegios incluso raciales. Desde principios de siglo el fomento de la competencia de los mercados ha sido toda una batalla sigilosa de los organismos internacionales, los que por medio de ese primer paso de instituir un ente dentro del Ministerio de Economía se dieron a la tarea de acompañar diseños institucionales adaptados al medio.

Estando este escribiente inmerso dentro varias iniciativas y pensadas de este corte recuerdo  a la salvadoreña Verónica Simán, quien viniendo de la estirpe de una familia de alta cumbre de status en el país vecino se dio a la tarea de participar y constituir antes que nosotros, una Ley de Competencia en El Salvador.  Y así las intentonas fueron fructificando por toda Centro América y América Latina, quedando Guatemala en el pelotón de rezagados en estos intentos. Y por lo tanto, es de aplaudir la 32-2024 pero habrá mucho trecho que recorrer para alcanzar el espíritu constitucional ya citado.

En el citado libro de introducción a la libre competencia, que haría muy bien el actual Ministerio de Economía encargarse de una nueva edición, bien se empieza afirmando que la competencia no es un problema teórico, es algo concreto, algo de la vida cotidiana.

Se abre entonces a futuro todo un universo apasionante, no sólo para la discusión económica, pasando por el mundo de las marcas y patentes hasta el de la desigualdad y la prohibición de privilegios y favoritismos económicos. Lo difícil será la elección de los directores de este ente descentralizado, que tendrá representante y suplente de tres esferas de poder en el medio: el gobierno central y su gabinete, la Junta Monetaria y el Congreso de la República. La gobernabilidad actual en los tres indicados es polémica, pero principalmente lo que rodea a la Junta Monetaria y al Congreso.

No entiendo por qué, en el seno de las discusiones finales, se les ocurrió incluir a ese órgano especializado, que intenta pasar desapercibido, como lo es la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala que, dicho sea de paso, ya está participando en la gobernabilidad de otras descentralizadas: el IGSS, EMPAGUA, el INFOM y una tal Comisión Petrolera, para no citar sino a las más importantes.

En la Junta Monetaria se permiten las re elecciones y hay miembros sempiternos del CACIF, de la Universidad de San Carlos y, por supuesto, de la gran banca del sistema. Regularmente estos señorones dominan, parlamentariamente hablando, sobre tímidos entornos ministeriales como el del Ministerio de Agricultura que, conociendo sus actuaciones cuando me ha tocado estar en esos ambientes, llega con pocos recursos discursivos ante la maraña de discusiones monetarias y financieras. La Junta Monetaria guatemalteca resulta ser un ente folclórico, si lo comparamos con los de su corte en América del Norte y Europa. Pero muy bien se dice que, de surrealistas, sí que somos los campeones.