Tal como afirmara Edmund Burke hace más de doscientos años: “las malas leyes son la peor forma de tiranía… un mal gobierno puede matizar sus efectos, pero unas malas leyes transforman a todos en esclavos, haciendo que los individuos estén a merced de la arbitrariedad”. Arbitrariedad que, lamentablemente, parece no tener fin en Guatemala, donde la justicia ha sido cooptada y manipulada por distintos grupos de poder durante las últimas décadas; actores de distintos colores, ideologías e intenciones cuyo rasgo común es instrumentalizar el sistema judicial para sus fines políticos y económicos. A la cita de Burke puede añadirse lo que advertía Montesquieu en relación a que “no hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”. Una frase que cobra vigencia en un país donde el Organismo Legislativo, más que funcionar como un contrapeso, en épocas recientes se ha convertido en un mecanismo para producir leyes hechas a la medida de las circunstancias políticas, intereses particulares y urgencias específicas.

No es casualidad que el World Justice Project posiciona a Guatemala en el puesto 135 de 142 países en justicia civil y en el 126 en justicia penal; un reflejo de un sistema donde el acceso a la justicia es limitado, la corrupción es rampante y la independencia judicial es prácticamente inexistente. Tal como sucede en muchos otros países, la crisis de la justicia en Guatemala tiene su origen en el proceso de creación de las leyes, donde es común aprobar leyes sin suficiente debate o justificación técnica; donde se acostumbra incluir enmiendas de último momento sin mayor justificación técnica; en donde las consultas públicas muchas veces son un ejercicio simbólico, ya que al final se toman las decisiones que de antemano estaban ya negociadas; y donde abundan normas ambiguas que permiten, luego, interpretaciones antojadizas a favor o en contra de quienes controlan el poder judicial.  El problema no es solo el contenido de las leyes, sino la forma en que se crean y se aplican.

La falta de independencia del sistema judicial ha permitido que jueces sean removidos o perseguidos por sus decisiones, que fiscales actúen bajo presiones políticas y que la ley sea un arma para disciplinar a opositores o favorecer a aliados. El péndulo de la justicia en Guatemala oscila de un lado a otro, dependiendo de quién tenga el control. Lo vimos con la CICIG y lo vemos hoy bajo un nuevo esquema de poder. Lo veremos mañana en una nueva forma, pero con la misma inercia fundamental. Como en el experimento de Foucault, el péndulo no se detiene: solo cambia de orientación según las fuerzas que lo empujan, pero siempre vuelve a oscilar, reflejando la misma lógica de captura y manipulación del sistema judicial

El sistema de selección de los altos jueces de las cortes del país y de los órganos de control ha sido clave en este deterioro. No solo ha facilitado la elección de altos jueces afines a ciertos intereses, sino que ha generado una pugna encarnizada entre los distintos grupos interesados en controlar la justicia; tan fiera es esta batalla que ha alcanzado a instituciones como las facultades de derecho de las universidades y el Colegio de Abogados. De tal cuenta, el deterioro de la justicia en Guatemala no es casualidad, sino el resultado de un proceso deliberado de captura del Estado. La independencia judicial, la calidad de las leyes y el acceso a la justicia no son temas técnicos, sino la diferencia entre una democracia funcional y una dictadura disfrazada de legalidad. Si no se recupera la institucionalidad, el país seguirá atrapado en un ciclo donde la ley es solo una herramienta más al servicio de la arbitrariedad.

Ralf Dahrendorf advirtió que la clave de una sociedad libre no es solo la existencia de instituciones democráticas, sino la capacidad de estas para resistir la captura y el abuso del poder. En su análisis sobre la tensión entre libertad y orden, señalaba que las instituciones que no están diseñadas para garantizar el conflicto legítimo y la alternancia de poder tienden a convertirse en herramientas de dominación de una élite sobre el resto de la sociedad. Esto resuena con el caso de Guatemala, donde la justicia ha sido reducida a un mecanismo de control político en manos de grupos de interés que la manipulan según su conveniencia.

Es conveniente nuevamente citar a R. Dahrendorf, el famoso jurista liberal alemán, quien advertía sobre el peligro de un problema que ocurre cuando la ley se convierte en un instrumento de coerción en lugar de un mecanismo para garantizar derechos. En Guatemala, la falta de independencia judicial y la cooptación del sistema han llevado a un escenario en el que la ley ya no representa un consenso social, sino la voluntad de quienes ostentan el poder en un momento determinado. En este sentido, la captura de la justicia no solo afecta la funcionalidad del sistema legal, sino que destruye la confianza en la democracia misma. La advertencia de Dahrendorf sobre el autoritarismo legalista es clave: los regímenes que entienden el poder como un fin en sí mismo se sostienen a través de la manipulación de las leyes y las instituciones para garantizar su continuidad. Sin una reforma estructural, la ley en Guatemala seguirá siendo un disfraz para la arbitrariedad, un instrumento al servicio del poder y no un garante de derechos.