Fundesa y República GT son voces influyentes del sector corporativo privado. La primera es una especie de tanque de pensamiento (think tank le llaman en el Norte) y agencia de desarrollo, incluso vinculada a proyectos oficiales de cooperación internacional. Mientras que República GT es bien conocida por su tendencia ideológica conservadora, financiada por tales sectores.

Una columna, publicada en República GT, el pasado mes de julio, escrita por Jorge Benavides, investigador de FUNDESA, menciona a los inspiradores de la iniciativa de infraestructura vial que, luego de un tortuoso trámite está en vía rápida de aprobación en el Congreso.

La misma viene teniendo diversas modificaciones, que pueden tornarse en muy complejas y peligrosas, si no se discuten bien, y que debieran llamar la atención del propio ministro de la infraestructura pública y principalmente del Ministerio de Finanzas Públicas. Porque al final, de pisto y negocios públicos se trata todo esto, magnificado y bien trazado desde la era Arzú.

La columna del experto se titula 5431:Orígenes de la Ley de Infraestructura. Asevera así que su diseño pionero nace de una primera discusión de un poco más de una docena de conocedores de temas de infraestructura pública, incluyéndose aquí a economistas, abogados, sociólogos, arquitectos y urbanistas.

Luego, se invitó a expertos y juristas nacionales e internacionales conocedores del entramado de las regulaciones -y desregulaciones- en este campo de la actividad pública, para redactar cerca de 18 modelos de iniciativa de ley. El Congreso de su tiempo que, teniendo cientos de asesores que no hacen mayor cosa, pero sediento de propuestas de ley, la acogió con beneplácito; y en 2018 rindió un primer dictamen positivo.

La propuesta legal, a pesar de ser parte de los planes conjuntos de trabajo, elaborados en las épocas Jimmy Morales y Giammattei, no tuvo eco en los diputados oficialistas, ni en sus ministros. Más bien se vió con recelo, y como un obstáculo de la anarquía deseada, con alevosía y ventaja, siguiendo aquél viejo refrán de que en río revuelto, ganancia de pescadores. Vergüenza ajena causa el perfil de los ministros de ambos mandatarios, siendo paradigmática la llegada del conocido como tamaletas, un hampón de poca monta, y durante el Giammatteiato un bachiller de nombre Javier Maldonado, sin mayor formación ingenieril, ni de ningún tipo. Y los corporativos, sencillamente, trabajaron con ellos, armónicamente, sin  crítica pública, ni comunicado alguno.

Hoy, en la era Arévalo, y luego de la debacle de sus antecesores, y ante la entropía de la infraestructura, y  carencia de ideas en el propio congreso -de similar estructura que los dos pasados- la iniciativa está siendo corregida y aumentada, siendo casi inminente su aprobación y sanción en las próximas semanas.

Para ilustrar la complejidad del asunto, Benavides asevera que la discusión pionera empezó por explicar una miríada de conceptos y definiciones como: Contratos, Derechos de Vía, Sanciones y Precalificados, entre otros. Y además se abordaron cinco desafíos esenciales para transformar el país.

Desafortunadamente tales retos no pueden ser solucionados con una simple Ley de Infraestructura. Pero veamos lo que dice el experto, y luego imaginemos el juego mental de los expertos sentados en la mesa inspiradora inicial. ¿Quiénes serían esas sesudas imaginaciones?.

Sería bueno investigarlo. Aunque desde ya, un buen analista crítico bien concluye que se trata de modelos presentes desde la era Fritz García Gallont, el ministro de Arzú que empezó todo este barullo, junto con el de Energía, Leonel López Rodas.

El modelo simplemente consiste en acelerar cambios, fragmentando instituciones y creando unas nuevas dentro del cascarón obsoleto de las otras, privilegiando burócratas, y descremando actividades, con incentivos para la inversión privada. TELGUA, Unión Fenosa, la privatización de la EEGSA, la presencia de Ferrovías que descremó FEGUA, el diseño de la Superintendencia de Telecomunicaciones, los patrimonios unitarios,  los fideicomisos y fondos especiales, bien delinean el modelito. Veamos los desafíos enunciados por Benavides:

Primero, el experto urge a contar con un Servicio Civil profesional, que pueda tener plan de carrera y ser bien remunerado. El problema más serio es que, al verlo desde la sinécdoque de mala infraestructura, la inspiración será crear un ente al interior del ministerio del ramo, que goce de tales privilegios. Sivial le llamaron los inspiradores y le apodaron Superintendencia, al estilo de la SAT. Está muy claro que el modelo SAT es el que sirvió de base en la discusión, sin embargo, era mucho pedir deslindar un ente de tal ministerio y volverlo completamente autónomo. Y es por ello que en los cientos de discusiones y dictámenes, este híbrido ha ido perdiendo los dientes que sus inspiradores pretendían.

Segundo, nos dice el experto, la institucionalidad por crearse debe eliminar el conflicto de interés entre quién es el Rector de la infraestructura (el Ministerio del ramo según la propia Ley del Ejecutivo, diseñada por muchos de estos inspiradores) y los responsables de la construcción y mantenimiento de la obra pública. En esto veo un estribillo que era parte del dogma de la denominada desmonopolización del INDE. Expertos chilenos que se importaron para la modernización sostenían que había que separar al ente que regula del que ejecuta. Traslaparlo a la infraestructura pública, con clásicos bienes públicos, resulta ser  un dogma desubicado. Todos los ministerios de obra pública latinoamericanos regulan, supervisan y ejecutan. Normalmente, la ejecución puede ser ya sea administrada -principalmente su mantenimiento- o bien a través de Contratos con empresas privadas, gracias a sistemas de adquisiciones bien concebidos y ágiles. Me refiero aquí, simplemente, a la Ley de Contrataciones del Estado, y a los sistemas de calificación de proveedores, que necesitan, ambos, de un overhaul completo. Pero que se elude constantemente.

Y está más que clarísimo que supervisar una obra es la clave. Los abusos observados hoy en donde se coluden empresas privadas, y se ponen de acuerdo bajo el lema: yo te superviso leve para que ejecutes, y luego tu haces lo mismo -porque ese exceso se permite en el sistema actual- es lo que está podrido.

Y aquí no caben modelitos exóticos como esa errónea separación de fragmentar ente Rector y entidades que ejecutan, llenándolas de representaciones corporativas que generan tremenda distorsión en la naturaleza y seno de tales entes representativos: colegios profesionales, cámaras, ONG´s y entidades educativas.

Tercero, el experto asevera que la Ley en ciernes crea los incentivos para atraer capacidades, experiencia, tecnología y buenas prácticas desde el extranjero, a la vez que se incrementan los existentes en el país.

En una región viniendo de la era ODERBECHT, y del enjambre de intereses de los constructores nacionales y del propio colegio de ingenieros y de la academia, uno aplaude un cambio de incentivos; pero a la larga, se desconfía, debido a la alta probabilidad de que tan sólo se acrecienten los dirigidos a  los de la foto, o bien al Club de Tobby que también le llaman. Llevamos ya 500 años de tal discursillo de ampliar incentivos,  mientras que los despojos de tierras y los saqueos al erario público son el pan de cada día.

Cuarto, Benavides asevera que la iniciativa vincula la construcción de la red vial con su mantenimiento, al ser el mismo ente responsable. Y tal separación fue parte un error del primer ministro del ramo de estos entuertos, en la era Arzú, don Fritz García Gallont, quien al destruir la Dirección General de Caminos, creó el derruído y corrupto fideicomiso COVIAL; en cuyas sillas estarán, a futuro representantes parecidos para administrar  un gigantesco Fondo Vial que esta iniciativa propone.

Quinto, Benavides señala que la ley le permite al Estado pagar por carreteras que funcionan en óptimas condiciones, creando un Fondo de Infraestructura. Ello me genera más interrogantes, ¿qué tiene que ver la creación de un Fondo con pagar por algo que la propia Ley de Contrataciones actual así lo ordena?. Pero bien se puede observar, con este polémico Fondo -que está haciendo agua la boca de diputados, alcaldes, constructores y demás- que la propia idea de los inspiradores es la creación de entes superpuestos, sin cambiar su estructura obsoleta. Algo así como si a un edificio con cimientos obsoletos, le pretendiéramos instalar un perfumado y coqueto Mezzanine y un  Penthouse en sus partes altas.

Todo ello me alimenta de mayores razones para justificar las interrogantes pasadas de una investigación que publiqué en IPNUSAC, en los tiempos del rector Carlos Alvarado Cerezo, y la cual sería imposible de publicar en el IPNUSAC actual, tema este que comentaremos en otra oportunidad. Por ello invito al lector acucioso a la lectura del estudio: El Estado fragmentado y sus inspiradores.