Son años de incesante corrupción los que carga a cuestas este país, cuyos efectos se hacen palpables en el funcionamiento diario de este, generando devastadoras consecuencias y grotescos contrastes en la forma de vida de la población guatemalteca.

La palabra misma duele, pero lo que preocupa más, ya no es sólo lo que ésta causa, sino el impacto que provoca en los sentimientos de la ciudadanía.

¿A qué me refiero? A las respuestas que la población da a los actos corruptos, impactando a unos y volviendo inmunes a otros, haciéndoles perder toda razón o conciencia al respecto.

Para muchos vivir de la corrupción es su modus operandi, mientras que para otros, aparte del daño que les ocasiona, la aceptan como «parte del sistema» importándoles poco lo que sucede con esta y todas las acciones que se ejerzan para combatirla y minimizarla.

Ambos grupos preocupan sobremanera, sin embargo estos últimos generan mucha pena, pues vivir de la corrupción es deleznable, pero ignorarla y consentirla es un pecado imperdonable.

Sin embargo, existe un tercer grupo de ciudadanos, por supuesto muy pocos aún, que por diversos motivos han decidido dejar atrás sus prácticas corruptas y desean pasar a ser parte del sistema de colaboración de información y así dar a conocer los recovecos de cómo operan el fraude, las estafas y la propia corrupción.

Me refiero a aquellos testigos y denunciantes que delatan cómo funciona este sistema corrupto a lo interno.

Para quienes hemos decidido involucrarnos en la lucha anticorrupción, estamos conscientes que existen salidas y estrategias funcionales para atacar este problema y sobre todo prevenirlo y creería que una de las más poderosas es obteniendo la ayuda informativa sobre todos los detalles del funcionamiento del entramado del cual se compone ese laberinto que acobija a la  corrupción.

Sólo para recordar, ésta genera alrededor de 30 a 40 mil millones de quetzales anuales, monto que nos puede dar una idea de por qué dejarla es impensable para muchos.

Pero repito, hoy existe una oportunidad en lograr grandes avances impulsándose una ley de protección al denunciante y testigo como pilar fundamental en esta lucha, por parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción de este gobierno.

La protección a dichos testigos y denunciantes se erige como un componente esencial para asegurar la integridad y transparencia en las instituciones. Este mecanismo legal y de seguridad garantizará que aquellos individuos que deciden alzar la voz contra prácticas corruptas no sufran represalias, permitiendo así que más personas se sientan seguras al denunciar actos ilícitos.

El propósito de dicha ley será salvaguardar a quienes aporten información crucial en investigaciones de corrupción y entre los principios fundamentales de la misma, deberá contarse con mecanismos esenciales tales como: la confidencialidad, el resguardo de la identidad del testigo o denunciante, la secretividad y seguridad de las personas para prevenir represalias, implementando medidas físicas y legales para protegerlas a ellas y a sus familias. El asegurarles lo anterior es fundamental para evitar consecuencias adversas en su entorno laboral y social.  También el apoyo de índole  psicológico deberá ser necesario para enfrentar este proceso. En ciertas situaciones, los denunciantes y testigos podrían obtener incentivos o inmunidad por su colaboración.

Como base para desarrollar lo anterior, se cuenta con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la cual establece normas internacionales para la protección de testigos y denunciantes. Estados Unidos cuenta con el Whistleblower Protection Act. Asimismo

la Unión Europea ha trabajado  la protección de denunciantes de 2019 y establece estándares comunes para todos los estados miembros.

Lo anterior puede ayudarnos a proporcionar un marco de referencia detallado para la implementación de esta ley y así asegurar la protección efectiva de testigos y denunciantes, lo que traerá consigo múltiples beneficios en la férrea lucha contra la corrupción.

Auguro los mejores éxitos para esta nueva normativa, impulsada por la mencionada Comisión, esperando todos los que deseamos un país libre de este flagelo, poder colaborar no sólo en su elaboración, sino en su acertiva aplicación.

Recordemos que el éxito en esta lucha no se logrará únicamente desde la imposición de la norma punitiva, sino también abordando el tema desde la perspectiva de la prevención a través del poder que nos brinda exclusivamente el fenómeno de la invaluable información.