La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, representa uno de los esfuerzos más ambiciosos a nivel global para abordar, desde una perspectiva fundamentalmente liberal, los desafíos interrelacionados de la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental y el desarrollo económico. Esta agenda se centra en los ya famosos 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) que abarcan una amplia gama de temas, desde la erradicación de la pobreza hasta la acción climática, y desde la igualdad de género hasta la paz y la justicia. Sin embargo, a pesar de su enfoque amplio e inclusivo y su intención de generar un cambio progresivo a nivel mundial, la Agenda 2030 tiene sus críticos/as. Por un lado, enfrenta hoy una fuerte oposición, especialmente entre los movimientos de extrema derecha que la ven como una amenaza a la soberanía nacional, la identidad cultural y los valores tradicionales. Por otro lado, adolece de grandes problemas conceptuales y limitaciones políticas que han sido apuntadas desde la perspectiva de una ecología política desde abajo.

La Agenda 2030 no es simplemente un conjunto de objetivos aislados, sino una visión integral, holística y profundamente liberal del desarrollo global que busca equilibrar las necesidades económicas, sociales y ambientales de la humanidad siguiendo los esquemas conceptuales ofrecidos por pensadores/as como Amartya Sen, Jeffrey Sachs, Herman Daly, Gro Harlem Brundtland, Christiana Figueres, Muhammad Yunus, etc. Los 17 ODS incluyen metas específicas que los países miembros de la ONU, incluyendo a Guatemala, se han comprometido a alcanzar para el año 2030. Estos objetivos son:

1. Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

2. Hambre cero y fomento de la seguridad alimentaria.

3. Salud y bienestar para todas las personas.

4. Educación de calidad para todos/as.

5. Igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

6. Agua limpia y saneamiento.

7. Energía asequible y no contaminante.

8. Trabajo decente y crecimiento económico inclusivo.

9. Industria, innovación e infraestructura.

10. Reducción de las desigualdades dentro y entre los países.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

12. Producción y consumo responsables.

13. Acción por el clima para combatir el cambio climático.

14. Vida submarina y conservación de los océanos.

15. Vida de ecosistemas terrestres y protección de la biodiversidad.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

17. Alianzas para lograr los objetivos, fomentando la cooperación global.

Estos objetivos están teórica y prácticamente interrelacionados y se apoyan mutuamente, lo que significa que el progreso en un área puede tener efectos positivos en otras y viceversa. Por ejemplo, mejorar el acceso a la educación de calidad (ODS 4) puede conducir a una mayor igualdad de género (ODS 5) y un crecimiento económico más inclusivo (ODS 8). Otro ejemplo sería buscar la privatización de los recursos acuáticos para cumplir con el ODS 6, lo que tendría gran impacto en los ODS 13-16. La Agenda 2030 busca, sin embargo, crear un mundo donde todos/as tengan acceso a oportunidades equitativas, vivan en armonía con el medio ambiente y disfruten de un nivel de vida digno. ¿Pero es esto en realidad lo que busca el liberalismo de los ODS? ¿Qué medios propone para hacerlo? ¿Cuáles serían sus consecuencias reales?

A pesar de los nobles objetivos de la Agenda 2030, su implementación ha sido objeto de críticas, sospechas y amplias campañas de desinformación por parte de movimientos de extrema derecha en diversas partes del Norte y del Sur Global. Estos grupos de la extrema derecha suelen ver la Agenda 2030 como una amenaza a varios de sus principios fundamentales, interpretando sus metas y métodos desde una perspectiva de conspiración y control.

Uno de los principales temores de la extrema derecha es que la Agenda 2030 representa un intento de los organismos internacionales supuestamente dominados por elites globales encabezadas por George Soros, Bill Gates, Warren Buffet o Bill Clinton, como la ONU, de imponer políticas globales que socavan la soberanía nacional, es decir, el modelo de dominación nacional que se estableció en países como Guatemala forjado a partir de un “pacto de corruptos” entre mafias políticas implicados en enriquecimiento ilícito y grupos familiares-empresariales implementando un modelo de acumulación de capital extractivista y acaparador con una tendencia “hacia el fondo”, un componente clave de la “doctrina shock” de que nos habla Naomi Klein.

Para los/as representantes intelectuales y los movimientos de la extrema derecha, la cooperación internacional y los compromisos multilaterales incluidos en la Agenda 2030 aparece como una forma ilegítima de intervención extranjera que obliga a los países, sobre todo a sus elites conservadoras o neoliberales nacionales, a seguir directrices impuestas desde el exterior, sobre todo de los organismos multilaterales como la ONU o las cortes internacionales de justicia, lo que ven como la “tiranía del Estado administrativo”. Este miedo se origina y también se enfoca en la idea de que los gobiernos nacionales, como representantes de ese pacto en las mafias políticas y las elites empresariales, perderían su capacidad de tomar decisiones autónomas sobre cuestiones clave de política pública, cediendo este poder a organizaciones o “elites globales” que no responden directamente a los “intereses reales” de cada nación y que, como tendenciosamente lo pone Steven G. Bradbury de la ultraderechista Heritage Foundation de EEUU, imponen “creencias y puntos de vista contrarios a las realidades naturales entendidas por el ciudadano medio.”

Este argumento es particularmente fuerte en países del Norte o Sur Global con movimientos nacionalistas que fetichizan la soberanía como un principio inalienable y homogéneo, una coraza para la protección de las mafias políticas y los intereses empresariales cuya agenda extractivista expansiva rechaza cualquier forma de supervisión internacional en materia de derechos ambientales, sociales o humanos. Para estos grupos, cualquier acuerdo que implique una coordinación global, peor si está centrado en el rendimiento de cuentas nacional en torno a cuestiones de justicia distributiva, social, cultural o climática, es visto con sospecha, bajo la creencia de que comprometerse con la Agenda 2030 podría llevar a una erosión de la “autonomía nacional” en favor de una agenda globalista e intervencionista de la “elites liberales”. Cuando estos intereses actúan sin ninguna supervisión internacional por parte de organismos multilaterales, sin ninguna consulta comunitaria realmente democrática e independiente, se produce un tipo particular de “conflictividad social” que lleva a lo que la organización británica Global Witness acaba de dar a conocer en su último reporte, es decir, la eliminación física de aquellos/as defensores/as del territorio, recursos y comunidades rurales e indígenas que se ponen de por medio entre los intereses de las mafias y los intereses de la vida misma.

Ligado al temor de la pérdida de soberanía, la extrema derecha también promueve la idea de que la Agenda 2030 es parte de una conspiración más amplia para establecer un “gobierno mundial” centralizado. Según esta visión, los objetivos y las políticas impulsadas por organizaciones internacionales como la ONU son un paso hacia la creación de un sistema de gobierno mundial que eliminaría las fronteras nacionales y las libertades individuales. Este miedo a un gobierno mundial no es nuevo y ha sido un tema recurrente en las teorías de conspiración de la extrema derecha, que interpretan cualquier intento de coordinación internacional, incluyendo la Agenda 2030, como un movimiento hacia la administración y la tiranía global.

En este contexto, los ODS son percibidos no como una serie de metas, en gran medida liberales y por tanto limitadas a cambios dentro del sistema dominante establecido, para mejorar la calidad de vida global, sino como herramientas rupturistas, como la manifestación más obvia de un “Estado profundo”, para implementar un régimen global que dictaría políticas sobre la vida cotidiana de las personas, restringiendo sus libertades y derechos en nombre del progreso, la sostenibilidad y la justicia, demandas “woke” que ocultan fuerzas siniestras.

Otro punto de fricción significativo es el enfoque de la Agenda 2030 en la acción climática. La extrema derecha, que a menudo se alinea con intereses industriales y corporativos tradicionales, con una restauración del viejo modelo nacional e imperial del capitalismo fordista, tiende a rechazar las políticas climáticas y ambientales, considerándolas exageradas o incluso fraudulentas y basadas en lo que, según los/as ideólogos/as de la conspiración, son solamente “teorías” sin prueba alguna. Argumentan que la crisis climática es una narrativa creada para justificar regulaciones ambientales que perjudican la economía industrial tradicional, especialmente en los sectores más vinculados a las fuentes de energía fósil.

Estos grupos restauradores ven la transición hacia energías renovables y la implementación de políticas para reducir las emisiones de carbono como amenazas a la industria nacional, a los empleos tradicionales, al modelo fordista del capitalismo o, en el caso de Latinoamérica, al viejo modelo industrial basado en la creciente sustitución de importaciones. Además, consideran que las políticas ambientales globales y las organizaciones internacionales que tienen a su cargo implementar y supervisar estas políticas imponen cargas injustas tanto a las economías desarrolladas o a las “economías emergentes” como a los países en “vías de desarrollo” como Guatemala. Esta oposición se basa en la defensa de un modelo económico que prioriza el crecimiento y la extracción y explotación de recursos naturales sobre la sostenibilidad ambiental.

Los esfuerzos de la Agenda 2030 para promover la igualdad de género, los derechos de las minorías, y la justicia social son vistos por la extrema derecha como intentos de imponer una agenda “progresista”, “globalista” o “woke” que amenaza las tradiciones culturales y los valores conservadores. Por ejemplo, los ODS que buscan empoderar a las mujeres y a las comunidades marginadas son interpretados por estos movimientos como ataques a las estructuras familiares tradicionales y a los roles de género convencionales. Estos argumentos ponen a la extrema derecha en perfecta sintonía con los grupos cristianos fundamentalistas, particularmente las iglesias pentecostales y neopentecostales, aunque también tienen cierto eco dentro de la Iglesia Católica.

En el fondo y en la superficie la extrema derecha desconfía de las políticas de igualdad de género, ya no digamos políticas de educación social integral o de apoyo a la comunidad LGBTQ, porque las ven como parte de un esfuerzo degenerado más amplio para desmantelar las normas y valores que sustentan la sociedad tal como la conocen. En lugar de considerar estas políticas como un avance hacia una mayor justicia, equidad e inclusión, las ven como una amenaza que debilita la cohesión social y promueve la decadencia moral del posmodernismo y la diversidad.

Finalmente, la extrema derecha ha propagado teorías de conspiración que afirman que la Agenda 2030 es un plan para controlar la población mundial e implementar lo que llaman “el gran reemplazo” en las sociedades del Norte Global. Estas teorías sostienen que las metas relacionadas con la salud reproductiva, la planificación familiar e incluso la migración son en realidad mecanismos para reducir la población global de manera coercitiva o engañosa o para sustituir a los segmentos poblaciones que no consienten estos arreglos.

Según estas teorías, los esfuerzos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y a los métodos de planificación familiar no son realmente acerca de la salud y el bienestar de las mujeres, sino que son parte de un plan siniestro y encubierto para limitar el crecimiento demográfico, especialmente en las regiones más pobres del mundo. Estas narrativas conspiranóicas distorsionan radicalmente los objetivos de la Agenda 2030, presentándolos como herramientas de control, administración y tiranía en lugar de iniciativas para mejorar la salud, la calidad de vida o los flujos migratorios.

No hay duda que, desde una perspectiva liberal, la Agenda 2030 es un esfuerzo ambicioso y necesario para enfrentar los desafíos globales interconectados de nuestra época. Sin embargo, su recepción no ha sido universalmente positiva y, mucho menos, entre los segmentos poblacionales más negativamente afectados por la globalización capitalista, los efectos duraderos de la Gran Recesión de 2008 y las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. Movimientos de extrema derecha han adoptado una postura de oposición, duda, cinismo y conspiración que va más allá de la crítica política convencional, reinterpretando la agenda como una amenaza a la soberanía, la libertad, y los valores tradicionales.

Estos grupos utilizan teorías de conspiración y narrativas de miedo para movilizar a sus bases subalternas contra lo que ven como un intento de imponer un orden y un gobierno global que socava la autonomía nacional y la identidad cultural. Entender esta oposición es crucial no solo para debatir adecuadamente lo que realmente es la Agenda 2030, sino también para abordar las preocupaciones legítimas, preocupaciones de los grupos subalternos y los movimientos sociales mayoritarios, sobre cómo se implementan las políticas globales y cómo se comunica su propósito y alcance a diversas audiencias.

El desafío para los defensores liberales de la Agenda 2030 radica en desmitificar estas teorías, fortalecer la cooperación internacional, y asegurar que los esfuerzos para alcanzar los ODS sean inclusivos, transparentes, democráticos y respetuosos de las diversas realidades culturales y políticas en todo el mundo. Más allá de las críticas y sospechas paranoicas de la extrema derecha, sin embargo, la Agenda 2030 adolece de problemas, limitaciones y contradicciones que también es preciso analizar. Es lo que haremos en la segunda parte de este comentario.