Claudia González no solo es una abogada, esposa, madre y amiga; es también una valiente defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a fuerzas poderosas que han cooptado el sistema judicial guatemalteco. En su papel como abogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia litigó importantes casos contra diversas estructuras criminales, incluyendo el de una magistrada grabada mientras pedía a un juez un trato preferencial para su hijo.

El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, tiene los índices de desestimación de casos más altos en la historia reciente. Sin embargo, su verdadera política parece enfocarse en perseguir a quienes se atrevieron a desafiar a estos grupos criminales, sometiéndolos a procesos penales. Claudia González es una víctima de esta venganza, enfrentando una absurda acusación de abuso de autoridad, un delito que requiere de un sujeto activo calificado, es decir que la persona acusada sea un funcionario público o actúe en nombre del Estado, lo cual Claudia no ha hecho.

La acusación del Ministerio Público contra Claudia González es una clara estrategia de venganza. Ni Claudia ni ningún trabajador de la CICIG tuvieron la calidad de funcionarios públicos. La CICIG no es una extensión de las Naciones Unidas; surgió a petición del Gobierno de Guatemala y fue creada mediante un acuerdo de colaboración, validado por un decreto del Congreso de la República. Además, la CICIG nunca manejó recursos públicos ni bienes del Estado, siempre se financió con cooperación internacional. Claudia González actuó siempre bajo un mandato judicial, no por cuenta propia.

El Ministerio Público sabe que estos absurdos casos eventualmente caerán, ya que no podrán sostenerlos ante los tribunales y mecanismos legales de apelación. Por eso recurren a sus prácticas habituales: pedir la reserva del caso para evitar el escrutinio público, acudir a jueces ad hoc (curiosamente los mismos juzgados siempre inician estos casos), y retrasar las audiencias (incomparencias, excusas y recusaciones son lo usual). Estas tácticas buscan mantener a las personas criminalizadas bajo proceso penal el mayor tiempo posible, como ha sucedido con Virginia Laparra, José Rubén Zamora, Stuardo Campo y muchas otras personas víctimas de venganza.

Esta interpretación errónea del derecho penal crea un nefasto precedente en Guatemala. Permitiría considerar el ejercicio de la abogacía, bajo un mandato judicial, como una función pública simplemente por ser parte de un proceso penal, lo cual es absurdo. Es crucial recuperar el sistema de justicia a través de las salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Estas instituciones deben detener los abusos en el ejercicio arbitrario del derecho penal, de lo contrario, el retroceso en la aplicación de la justicia continuará, justificando la venganza de los corruptos que tienen al Ministerio Público como aliado en la promoción de la impunidad.

En conclusión, la criminalización de Claudia González no solo es una injusticia contra ella, sino un ataque contra el principio de justicia en Guatemala. Es hora de que el gremio de abogados tome una postura firme contra estos abusos y se restaure la integridad del sistema judicial, para que la justicia prevalezca y la venganza de los corruptos no siga imponiéndose.

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