El 3 de noviembre de 2006, Angely Liseth, de 3 años, fue robada del patio de su casa cuando su madre biológica –Loyda Elizabeth– se encontraba recogiendo ropa. Fue entregada a una red criminal que se encargó de crearle una identidad falsa bajo el nombre de Karen Abigaíl, para posteriormente, someterla a un proceso de adopción en vía notarial utilizando la documentación falsa y haciendo pasar a una mujer como madre de la niña.
Sin embargo, varios meses después, el trámite se truncó por el resultado de ADN negativo. Posteriormente, fue entregada a una segunda red criminal, que actuaba a través de una casa cuna, para someterla a un proceso de protección ante un Juez de la Niñez, para que fuese declarado su abandono. Con la sentencia de abandono se inició otro proceso de adopción en la vía notarial, a favor de los mismos padres adoptivos del primer proceso truncado. La niña fue sacada del país, de forma impune, en donde las instituciones judiciales, administrativas y privadas, fallaron en su deber de cuidado al no detener el proceso de adopción irregular, puesto que todos los involucrados tuvieron en su conocimiento la existencia del ADN negativo que hacía suponer que la niña era robada. Actualmente se encuentra en el extranjero con los padres adoptivos, en tanto que la madre biológica –Loyda Elizabeth- no ha dejado de buscarla y ha tenido que enfrentar batallas legales –civiles y penales- para poder recuperarla.
En 2015, un hito importante se logró en la lucha contra la trata de personas en Guatemala cuando el tribunal de sentencia de procesos de mayor riesgo condenó a los responsables de un crimen desgarrador. Este proceso judicial no solo buscó justicia para la víctima, sino que también marcó un precedente al ordenar la activación de la alerta Alba Keneth internacional. Esta decisión fue crucial, ya que delegó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) la responsabilidad de localizar y repatriar a Angely Liseth Hernández Rodríguez, la niña que fue sustraída de su hogar y posteriormente vendida.
Hoy, 18 años después, la historia de Angely sigue viva, no solo en los corazones de sus seres queridos, sino también en mí como persona que trabajó porque hubiese justicia la sociedad debe recordar y reflexionar sobre la magnitud de este problema. La lucha de su familia es un testimonio del amor y la perseverancia frente a la adversidad.
La historia de Angely es un recordatorio de la cruel realidad que enfrentan muchas familias en situaciones similares. La trata de personas no solo roba vidas y sueños, sino que también despoja a las familias de su unidad y felicidad. La angustia de no saber el paradero de un ser querido es una carga emocional que perdura con el tiempo, y es precisamente esta carga la que impulsa a los padres de Angely a luchar incansablemente por la verdad y la justicia.
Es fundamental que las instituciones citadas no olviden el sufrimiento de estas familias y que la apoyen. La justicia no debe ser solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se materializa en acciones concretas. La condena de los culpables es solo un paso, y aún queda mucho por hacer para garantizar que se implementen medidas efectivas que protejan a los más vulnerables.
A través de esta columna, recuerdo a Angely Liseth Hernández Rodríguez y a todos los niños y niñas, así como a las familias afectadas por este flagelo. La lucha por su regreso es también un llamado a la acción para la PGN y el MINEX. Que su historia inspire un compromiso renovado en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos, para que ningún niño y niña más sufra el dolor de la separación y la pérdida. Que Angely sepa que su familia nunca dejó de buscarla, que su amor es eterno y que el retorno a su hogar es un deseo compartido por muchos.
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