Hace dos años, el 29 de julio de 2022, me llamó un viernes por la tarde mi entonces jefe. “Capturaron a José Rubén”, espetó con un tono seco, como un árbol cayendo sobre un terreno vacío. Respiré. “¿A José Rubén Zamora?”, inquirí, queriendo estar equivocado. “Sí”, respondió muy serio. Alguna interjección grosera pronuncié y mi jefe me pidió que por favor averiguara más del hecho. El fin de semana me la pasé encerrado haciendo llamadas, escribiendo, redactando con rabia, incredulidad y lamentos.

Vivíamos una escalada de la criminalización que parecía imposible. Muchos habíamos crecido periodísticamente vinculados a elPeriódico, ya sea trabajando ahí o por medio de amigos que ahí laboraban. Siempre latía la amenaza hacia Zamora de que sería encarcelado pero uno lo creía, al final, con cierta aura intocable que misteriosamente algunos dioses lo protegerían, como ese malabarista a quien no se le cae el fuego que se pasa de mano en mano. Era un golpazo de realidad: sobre todo para quienes reporteaban en el diario en ese momento, que muchos de ellos fueron también después criminalizados. En general, todos los lectores habituales nos sentíamos despojados de un símbolo que había sido trascendente para la consolidación de la consciencia colectiva.

Ha pasado dos años en medio de un calvario dantesco. José Rubén Zamora (“el ingeniero”, como se le conocía laboralmente) ha tenido que sufrir los latigazos de una justicia severa contra los opositores; él ha sido un gran opositor de esta narco-clepto-cracia, término popularizado por él mismo. Logró permear la opinión pública con una claridad de que la corrupción “es” el sistema. Gran parte de la conciencia para que se dieran las manifestaciones de 2015 se dio porque las notas de elPeriódico y las minuciosas columnas de Zamora habían pavimentado la ruta por medio de investigaciones para que el pueblo pudiera abrir los ojos.

Zamora se dio a la paciente tarea de explicar qué implica esta cleptocracia, porque Guatemala es un fenómeno que cuesta entender desde otros países: no se concibe cómo no ha podido repetir ningún partido político pero el mismo “pacto de corruptos” continúa por encima de los gobiernos. Este entramado criminal que tiene sus raíces en el conflicto armado fue desnudado por Zamora nombrando con apellidos a los responsables de este caos sangriento. Ese he sido su gran pecado.

En estos 24 meses el caso de Zamora se ha empantanado en el sistema judicial. Tres acusaciones en dos carpetas distintas. Una condena. Decenas de abogados que han renunciado. Varios han aceptado responsabilidad en medio de amenazas. Exilios. Decenas de audiencias suspendidas. Y recientemente, una sala de apelaciones revocó una medida sustitutiva que le había otorgado un tribunal. Es una tortura con el fin de escarmentar al gremio periodístico y atacar la libertad de expresión.

Lo han llegado a visitar a prisión diplomáticos de varios países, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), activistas, periodistas de todo el mundo, entre amigos y gente solidaria. Varios de estos órganos se han pronunciado demandando su liberación, así como lo hizo hace poco la fuerza de tarea de la ONU sobre detenciones arbitrarias, el médico Carlos Martín Bersitain le hizo un examen muy detallado de los daños que ha sufrido en la cárcel. Pero ha sido insuficiente la presión para que se destrabe el nudo giordano de la administración de justicia en cuya cabeza está la fiscal general Consuelo Porras, quien asegura impunidad para los corruptos y escarmiento para los honestos. La liberación de Zamora y el cese de la criminalización en el país parecería depender, pues, de la salida de Consuelo Porras y en buena medida, del resultado de la próxima elección de cortes.