Una de las principales funciones de un diputado es representar a la población, poniendo como prioridad sus intereses. Sin embargo, en Guatemala, este principio fundamental no se cumple. Por el contrario, la política se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta para fortalecer el crimen y la impunidad. La labor legislativa, que requiere de gran capacidad y responsabilidad, no está al alcance de cualquiera, como lo evidencia la clase de políticos guatemaltecos que nos representan.

El señor Julio César Portillo Paz, al igual que muchos otros diputados, no asisten al congreso para respaldar a las comunidades rurales empobrecidas y excluidas. Por el contrario, parece estar manipulando el sistema en su propio beneficio. Su enfoque en crear un monopolio podría tener graves consecuencias para la economía de numerosas familias. Estas acciones son contrarias a los principios democráticos y deberían ser evaluadas como precedente. Es urgente que los legisladores que socavan la democracia y el estado de derecho enfrenten consecuencias, aunque es necesario reconocer que el sistema de justicia no es confiable.

Estados Unidos de América es, sin duda, un país admirado por su economía estable y su posición como potencia mundial. Su éxito no es un misterio, y una de las claves radica en las medidas antimonopolio que ha implementado. Estas leyes, que deberían ser consideradas en Guatemala, tienen un propósito poderoso: proteger la competencia y prevenir la acumulación excesiva de riqueza en manos de unos pocos.

Uno de los casos más recientes y de mayor impacto, en mi opinión, fue la demanda civil presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la empresa Apple, fabricante y distribuidora de los teléfonos inteligentes iPhone. Este hecho, ocurrido en marzo del presente año, ejemplifica las acciones que se deberían tomar. En contraste, nuestros políticos, plagados de charlatanería, mentiras, cinismo y antidemocracia, solo han sabido imitar lo negativo. Implementar iniciativas antimonopolio podría generar un cambio significativo en nuestra nación.

El ciudadano guatemalteco se distingue por su honestidad, humildad, solidaridad y empatía. Lamentablemente, quienes nos representan distan mucho de estas cualidades. Merecemos, sin duda alguna, mejores políticos y mejores políticas. En este contexto, me pregunto dónde están los aspirantes a la presidencia que puedan guiar correctamente a sus diputados electos. El señor Edmond Mulet, al igual que muchos otros, no parece ser la respuesta, pues sus filas están plagadas de políticos que solo buscan su beneficio personal, olvidando sus promesas y escondiéndose durante cuatro años, solo para reaparecer como salvadores en las próximas elecciones. Una de las tantas promesas del partido Cabal era apoyar a las familias, pero la iniciativa de ley de consumir cemento nacional impulsada por el señor Portillo ha demostrado que este show político no es más que una farsa.

Es fundamental conocer la historia y trayectoria de cada candidato antes de que asuma cualquier cargo público. El señor Portillo, durante una entrevista en la que era candidato, mencionó claramente que tiene vínculos con una cementera nacional. Este tipo de acciones no solo son decepcionantes, sino que también es urgente hacerles saber a los funcionarios públicos que ocupar esos puestos no es para enriquecerse, sino para cambiar la vida de muchas familias.

Es incomprensible cómo varios diputados, luego de varios períodos, no cumplen con su trabajo. No se presentan al Congreso, votan en contra de iniciativas positivas o, si se presentan, formulan iniciativas que atentan contra los guatemaltecos. Estamos muy mal con este tipo de políticos. Es urgente concienciar a la población sobre la importancia que ocupa el Poder Legislativo. Es contraproducente exigirle al Ejecutivo que mejore los precios de la canasta básica si ni siquiera prestamos atención a los diputados y sus pésimas ideas para dirigir el país.