En los últimos meses, Guatemala ha sido testigo de un preocupante incremento en la persecución política injustificada, ejemplificada de manera alarmante por el caso de la ex mandataria Claudia González y otros operadores exiliados. Hace menos de dos meses veíamos a Virginia Laparra despedirse del país en un exilio político sin razón, también con el cambio de cortes, vemos a Lester Castellanos, señalado como actor corrupto por el gobierno de Estados Unidos y quien lideró la persecución política en contra de Laparra, postulándose a una magistratura. Todo lo anterior me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los requisitos y la documentación que deben presentar para participar a las magistraturas? Porque si no existen o son mínimos, hasta yo mismo me hago magistrado.

La ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG y defensora de los derechos humanos, Claudia González, fue arrestada el 28 de agosto del año pasado, bajo circunstancias cuestionables, ambiguas y desastrosas. Circunstancias que, hasta el mismo Ministerio Público, duda de su veracidad. González ha sido una figura clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala, representando a varios operadores de justicia que han enfrentado criminalización y quienes actualmente se encuentran exiliados debido a sus labores públicas. Su detención, según sus propias declaraciones, es un claro intento de silenciar a quienes defienden la justicia en el país. La orden de captura fue emitida por el cuestionable juez Jimi Bremer, mismo juez que ha sido sancionado por Estados Unidos por corrupción y quien ha mantenido en prisión a José Rubén Zamora por más de 700 días.

La actual situación que ha vivido González no solo pone en evidencia las irregularidades del sistema judicial guatemalteco, si es que aún existe ese tal sistema de justicia, sino que también resalta la vulnerabilidad de todos aquellos que se atreven a desafiar el autodenominado status quo.

A pesar de haber estado detenida durante un mes sin haber sido escuchada en primera declaración, la Sala Cuarta de Apelaciones ordenó al despiadado juez Bremer resolver su situación en un plazo de 48 horas. Cosa que ignoró, y la demora en su audiencia inicial constituyó a una violación de sus derechos fundamentales.

Este caso es un claro recordatorio sombrío de los desafíos que enfrenta Guatemala en su camino hacia una verdadera justicia y transparencia. Pero es importante recordar que es solo uno entre muchos. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y han instado al Ministerio Público de doña Consuelo, a revisar de manera imparcial los cargos contra González.

Es imperativo que se garantice un proceso justo y que se respeten los derechos humanos en todas las etapas del mismo. ¿Podrá hacerlo así el MP de Gerona? La detención de González es solo un reflejo de la lucha constante entre aquellos que buscan mantener el poder a través de la corrupción y aquellos que luchan por una Guatemala más justa y transparente.