Una de las causas de la conflictiva situación de violencia en el país es la tenencia concentradora de la tierra. Los conocedores de la cuestión agraria sostienen que hubo dos vías importantes en su desarrollo: la de las conocidas aristocracias terratenientes, poseedoras de latifundios, bautizada en la historia económica como la vía Junker, en alusión a los grandes propietarios alemanes de la era prusiana; y la vía Farmer, que caracteriza a los granjeros medios, como los que se fueron asentando en los Estados Unidos de América. Esta última es más emprendedora e innovadora y propicia un mercado de tierras que funciona mejor.
En el caso de zonas alejadas de Huehuetenango, Ixcán y los municipios que el ejército contrainsurgente de la década de los ochenta bautizó como el Triángulo Ixil, los pobladores estuvieron demandando desde los gobiernos conservadores, encabezados por Rafael Carrera, la presencia de ejidos y tierras comunales y municipales, al estilo de las parcialidades de Totonicapán. Sin embargo, el modelo cafetalero liberal fue penetrando lentamente con la privatización y despojos de tierra, conformando los grandes latifundios. La Finca La Perla es uno de ellos. Y en donde reina ese tipo de propiedad, los finqueros se convierten en una nueva élite de encomenderos, al estilo de sus predecesores coloniales: con mozos colonos y dueños de vidas y aldeas.
Así, a la par de los innumerables conflictos urbanos está secularmente presente el de la tierra, y la descomposición de la economía campesina. Y al no existir esfuerzos deliberados y bien planteados de protección, a través de diversas formas de propiedad comunal, o al menos de farmers o granjeros medianos, la situación se torna conflictiva y violenta. La época liberal de finales del siglo XIX y principios del XX, las políticas de pacificación de los gobiernos militares, empezando con Arana Osorio, así como la guerra contrainsurgente de Ríos Montt reconfiguró este escenario, que la democracia no ha podido resolver.
Los acuerdos de paz y la Política General de Gobierno 2024-2028 pretenden atacar este problema. Se afirma en ésta que se deben retomar los compromisos adquiridos en la Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Decreto No. 52-2005 y abordar los desafíos de la sociedad, especialmente, para superar la exclusión y la discriminación estructural e institucional. Así, el respeto a los pueblos originarios, y el Acuerdo Socioeconómico y Agrario, son parte de la política oficial; hasta ahora en el papel y en buenas intenciones.
En regiones como la Ixil, que agrupa a los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en el departamento de El Quiché, en su zona norte, nos recuerda el Padre Thomas Melville – en su libro Tierra y Poder en Guatemala- que los agricultores individuales tenían sus tierras en común y las usaban de acuerdo con sus necesidades y sus posibilidades. Consideraban que la tierra pertenecía a la comunidad tribal como el aire y el agua. No existía, por lo tanto la figura del agricultor ausente, o sea el que vive en La Cañada, San Isidro o cualquier otro barrio encopetado capitalino, y la explota por medio de sus gerentes, capataces, y en tiempo de los gobiernos militares y de la tierra arrasada, por medio de sus comisionados militares. Regularmente los problemas de violencia se inician con choques entre mozos colonos y los guaruras de los terratenientes.
De acuerdo con Rosita Cecilia Gonzalez y su valiosa Tesis de Grado en Sociología, titulada «La lucha por la recuperación de tierras despojadas durante el conflicto armado interno: el caso de la aldea Tzalbal, Quiché durante los años 2010.2013» , el tránsito de la colonia no afectó significativamente a la región Ixil, sino lo fue el modelo cafetalero de la reforma liberal, y la gradual llegada de familias vinculadas a tal proceso agrícola.
En lo referente a Chajul, desde 1893 empieza la ocupación de ladinos y gradualmente que la población fue perdiendo caballerías de terreno comunal y que fueron a parar a manos de José Luis Arenas Barrera en 1941, en plena época de la decadencia liberal de Jorge Ubico. Allí comenzó a conformarse la hoy famosa Finca La Perla.
Por otra parte, la familia Brol, llegó cerca del año 1904, comprando 16 caballerías y conformando la Finca San Francisco en Cotzal. Ambas familias conformaron todo un relacionamiento en el entramado tierra y poder, y durante los tiempos de la convulsión política con los movimientos guerrilleros, incluso facilitaron el asentamiento de todo un destacamento militar, impulsando la denominada lucaha contrainsurgente.
Contrario a lo ocurrido con la revolución mexicana y su Constitución de 1917, los reclamos de los habitantes de Cotzal, Chajul y Nebaj era el reconocimiento de las tierras ejidales, o bien de propiedad comunal, al estilo de las denominadas parcialidades de Totonicapán, pero la presión de los cafetaleros y las leyes mercantiles de su tiempo fueron privatizando en beneficio del café, principalmente las tierras bañadas por los ríos y bellos parajes del lugar, incluyendo el paradisíaco Río Azul. Incluso la familia Brol concentró tierras en una finca de más de 300 caballerías, entre Cotzal y Uspantán.
Desde mediados de los años setenta del siglo pasado se establecieron destacamentos militares en las fincas La Perla y San Francisco. Luego la Comisión de Esclarecimiento Histórico bien señala al Plan de Campaña Victoria 82, como protagonista en masacres campesinas, como la ocurrida en la comunidad de Chel, y luego en Ilom, ambas en el municipio de Chajul. Los represores salieron del destacamento militar de La Perla.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico bien señala que todas estas comunidades se asemejaban entre sí porque poseían una población de mayoría maya Ixil, pobre y que se hallaba indefensa ante la eventualidad de un ataque armado. El ejército de aquél tiempo pretendía destruir la base social del Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, que operaba en la zona. Las operaciones formaban parte de la logística contrainsurgente del Plan Victoria 82, que tenía bien mapeado al denominado por ellos como Triángulo Ixil.
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