Solía decir José Ruben Zamora en muchos de sus agudos y certeros artículos, que el sistema no puede combatir la corrupción, porque la corrupción es el sistema. En efecto esta aseveración no es un simple juego de palabras. Se ve confirmada por múltiples hechos recientes donde el gobierno pecando de ingenuidad y escaso conocimiento, pretende combatir la corrupción manteniendo el mismo sistema operativo burocrático que elevó la corrupción a política de Estado.

La reciente destitución de la ministra de Comunicaciones e infraestructura confirma lo señalado en el párrafo anterior. Según el mismo gobierno fue destituida por realizar pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado. En otras palabras, la ministra o bien formaba parte de alguna red operaria del sistema o dándole el beneficio de la duda, fue absorbida por el sistema en apenas tres meses que llevaba al frente de la cartera.

La ex ministra dedicó sus escasos meses de gestión a denunciar proyectos inconclusos y sobrevalorados que es la regla y no la excepción dentro del sistema; sin mencionar cómo y qué propuesta tenía el gobierno para cambiar las reglas del juego en la contratación pública en infraestructura. Eso es equivalente a cambiar de piloto en un bus que perdió los frenos, es decir, esperar ingenuamente a que un nuevo conductor con el mismo vehículo averiado, logre llegar a su destino.

La pérdida de rectoría en la planificación de infraestructura de parte del gobierno la sufrimos todos a diario con largas esperas en prácticamente todas las vías principales del país. Es un secreto a voces que son los mismos contratistas quienes hacen el diseño de las obras y su costeo y el ministerio es un simple tramitador de pagos, mismos que se realizan puntualmente pese a que las obras no tienen avances físicos que justifiquen los desembolsos.

Contratistas que se han hecho millonarios sin haber construido nada, pero son muy buenos gestores para obtener sus pagos apadrinados por diputados, alcaldes y financistas que se ven recompensados como operadores del sistema.

La Contraloria por supuesto se hace de la vista gorda llegando apenas a denunciar la punta del iceberg, obviando convenientemente describir el engranaje del sistema que sería lo lógico y que corresponde, pero en cambio pone reparos en tornillos y tuercas para dejar intacta la maquinaria de corrupción.

El ministerio público juega el papel de una Aseguradora del sistema, es decir interviene cuando este se ve en riesgo de perder algunas de sus piezas principales, tal como lo ha hecho con los casos de Sinibaldi, Benito, Archila y tantos otros operarios del sistema que pese a haber descrito en testimonios previos como se aceitaba el sistema, ahora pasan a ser “victimas” gracias a la protección del MP.

Hay suficientes diagnósticos que describen como el sistema actual de contratación de infraestructura pública funciona eficientemente para fines de corrupción. Ese sistema cuenta con numerosos operarios con experiencia para darle mantenimiento y se ponen a las órdenes de nuevos ministros que si no llegan con propuesta y capacidad para sustituirlo con el personal idóneo para echarlo andar un nuevo sistema, terminan siendo firmantes de autorizaciones de pago a los patrones contratistas.

Guatemala necesita con urgencia una intervención inmediata y cirugía mayor en el sistema de contratación de infraestructura pública. Estamos perdiendo competitividad y calidad de vida por el abandono de la infraestructura vial que progresivamente cayó en mano de contratistas que pasaron a formar carteles de financistas de políticos y funcionarios convertidos en ordeñadores del presupuesto destinado a este rubro.

Ojalá que el presidente haya aprendido la lección que no basta con nombrar alguien con supuestas buenas intenciones, tiene que ser alguien que traiga bajo la manga una nueva propuesta de contratación de la obra pública que haga posible una mejor inversión en calidad y cantidad y arrebate de las manos el control de la cartera de Comunicaciones a los carteles de corrupción que continúan al mando de la cartera.