A petición del MP, con celeridad el pasado martes 18 el Ministerio de Gobernación trasladó a la sede central de la INTER en Lyon, Francia, la solicitud de nota roja y alerta migratoria contra diez miembros de la comunidad sancarlista por un caso espurio en el que también han sido involucrados altos funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo y dirigentes del partido Movimiento Semilla.

Por este caso fueron detenidos en noviembre de 2023 el decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; el profesor e investigador social, Eduardo Velásquez; el estudiante de Física Aplicada, Javier de León; el profesor Alfredo Beber; la excandidata a diputada por Semilla, Marcela Blanco, y el sindicalista y trabajador universitario, Martín Jorge Macario. Ellos formaron parte de un listado de 27 personas con órdenes de aprehensión promovidas desde la propia USAC y firmadas por el rector de facto Walter Mazariegos.

Esta vez la persecución penal internacional con motivación política fue dirigida contra varias personas que se encuentran en el exilio. Se trata del ex PDH, Jordán Rodas Andrade y el abogado Ramón Cadena Rámila, los líderes estudiantiles Diego Plutarco de León, Camilo García Flores y Cristopher Morales Estrada, e incluye al artista Gad Echeverría, así como a Edmar Arriola Toca, Pedro Ros Domingo y Sandra Patricia Marroquín. Ocurrió semanas después de que fue presentada una denuncia contra Consuelo Porras y el MP ante la temida Corte Penal Internacional, un tribunal de justicia que se rige por el Estatuto de Roma con sede en Países Bajos.

La INTERPOL es la mayor organización de policía en el mundo, a la cual pertenecen 196 países y es altamente eficaz en la localización y captura de presuntos criminales de alto riesgo. Consuelo Porras ha intentado manipular este mecanismo de cooperación intergubernamental para dar cacería a operadores de justicia independientes que desde la FECI y la CICIG desmantelaron 70 estructuras de crimen y corrupción, procesaron 660 personas, de las cuales 200 eran altos funcionarios públicos y más de 70 connotados empresarios, logrando cerca de 400 condenas.

Sin embargo, no le ha dado resultado. La Comisión de Control de Ficheros y el Ombudsman de la INTERPOL fueron advertidos desde hace dos años de estos intentos de manipulación, y tras revisar cuidadosamente cada uno de los casos se no han negado a subir las alertas al sistema, agregando la anotación que se trata de persecución política. Esto ha aplicado tanto en países lejanos como en los que comparten fronteras con Guatemala. Esta vez no podría ser diferente, a pesar de que este año asumió el gobierno democrático de Bernardo Arévalo. Aunque el primer síntoma de ruptura de un régimen autocrático es el retorno de los exiliados, en este caso la comunidad internacional entiende que las fuerzas anti-democráticas anidan en el MP y buena parte del sistema judicial, y que el gobierno de Arévalo no los ha tocado. Al contrario, es uno de sus blancos de acoso y no tiene la capacidad para proteger a los ciudadanos víctimas de la criminalización.